La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara expresó su creciente preocupación por el prolongado encarcelamiento del comunicador, quien ya cumplió más de 100 días detenido en un centro migratorio de Estados Unidos, tras su arresto el 14 de junio.
“Nos duele el corazón cada día que pasa lejos de nosotros”, dijo su hijo, Óscar Guevara, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a los abogados defensores, quienes advirtieron que la deportación del periodista podría ejecutarse en cualquier momento.
Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Privacidad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que solo una orden judicial federal puede impedir su expulsión inmediata del país.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió un antiguo proceso de deportación de Guevara que había sido suspendido desde 2012, tras perder un caso de asilo.
Además, la BIA rechazó una solicitud de ajuste de estatus migratorio presentada por sus abogados, a pesar de que el periodista es padre de un ciudadano estadounidense que depende de él para recibir atención médica a largo plazo. También negó su liberación bajo fianza, lo que le impide luchar su caso en libertad.
Críticas por sesgo político en el sistema migratorio
Giovanni Díaz, abogado de inmigración de Guevara, expresó su sorpresa por el fallo adverso, señalando que contradice resoluciones anteriores donde se favorecía a migrantes con posibilidades reales de obtener un alivio migratorio.
“Desafortunadamente, este caso parece resaltar otra tendencia: la BIA y los tribunales migratorios están políticamente comprometidos”, subrayó. Díaz.
La decisión también contradice una orden previa de un juez de inmigración que había autorizado la liberación del periodista.
Mario Guevara, quien reside en Estados Unidos desde 2004 y tiene tres hijos (dos de ellos ciudadanos estadounidenses), fue arrestado mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” en Georgia. Aunque se encontraba debidamente identificado como periodista del canal MG News, fue detenido por cargos menores.
La abogada Kim calificó el arresto como una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En respuesta, la ACLU presentó una solicitud de habeas corpus para denunciar la ilegalidad de su detención prolongada y ha pedido una moción de emergencia para frenar su deportación a El Salvador.
