Redacción DEM ADMIN

Etiqueta: persecución judicial

  • El periodista José Rubén Zamora afirma que no se rendirá ante la persecución que sufre en Guatemala

    El periodista José Rubén Zamora afirma que no se rendirá ante la persecución que sufre en Guatemala

    El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín afirmó que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo en prisión desde julio de 2022 y que ahora lo mantiene bajo arresto domiciliario, tras recibir la medida sustitutiva el pasado 12 de febrero. En entrevista con EFE en su residencia, aseguró que la posibilidad de regresar a la cárcel sigue latente debido a las apelaciones del Ministerio Público.

    Zamora explicó que su prioridad es intentar anular la existencia de la Fundación Contra el Terrorismo, organización de extrema derecha que ha actuado como querellante en su contra y cuyos líderes están sancionados por Estados Unidos.

    Además, señaló que busca “abrir causas criminales contra la fiscal general (Consuelo Porras Argueta), contra (la fiscal) Cinthia Monterroso y contra el juez (Fredy) Orellana”, a quienes responsabiliza de su encarcelamiento por acusaciones de lavado de dinero y obstrucción de la justicia que, según afirma, no han sido probadas.

    El periodista relató que la fiscal general intentó “forzar” una relación amistosa con él en 2019 y años posteriores, invitándolo a reuniones en el Ministerio Público, hasta que en una ocasión le reclamó por sus publicaciones de manera airada. Zamora considera que esos episodios marcaron el inicio de la persecución judicial en su contra.

    A sus 67 años, se muestra agradecido por la solidaridad recibida durante su encarcelamiento.

    “Me siento muy conmovido y muy feliz”, expresó al recordar las visitas y donaciones de ciudadanos, incluso de escasos recursos. Contó que en una ocasión regresó al penal desde un hospital público con poco más de $200 donados por familiares de pacientes. “Donaciones de gente muy pobre (en el hospital), que me decía por ejemplo que su mamá sufrió un infarto y me preguntaban si me ofendería si me regalaban 200 pesos (quetzales, unos 25 dólares)”, relató.

    Durante su reclusión, Zamora vio desmoronarse su diario El Periódico, sus finanzas quedaron congeladas y su familia se fragmentó, pues su esposa y uno de sus hijos se exiliaron. Aunque admite que extraña el ejercicio del periodismo porque “es una pasión”, por ahora prioriza limpiar su nombre y recuperar su salud, debilitada tras años de encierro.

    Respecto al futuro político del país, el comunicador se mostró optimista, aunque calificó a Guatemala como “el laberinto perfecto, sin salida”. Considera que el presidente Bernardo Arévalo de León ha estado “muy asediado” y “estuvo muy cerca de recibir un golpe de Estado”, pero cree que con la salida de la fiscal general al finalizar su período en mayo, los sectores que denomina golpistas y corruptos “van a perder fuerza”.

     

  • Abogado de salvadoreño Kilmar Ábrego denuncia persecución política del Gobierno de EE.UU.

    Abogado de salvadoreño Kilmar Ábrego denuncia persecución política del Gobierno de EE.UU.

    El abogado Simon Sandoval-Moshenberg, defensor legal del salvadoreño Kilmar Ábrego, aseguró en entrevista con la cadena pública NPR que el Gobierno de Estados Unidos continúa ejerciendo presión contra su cliente, pese a que un tribunal federal dictaminó que fue detenido y deportado ilegalmente.

    Ábrego, de 30 años, fue capturado por agentes de inmigración en marzo y deportado a El Salvador, a pesar de tener una orden judicial que suspendía su expulsión por considerar que su vida estaba en peligro. En su país fue ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida para pandilleros y símbolo de la «guerra» del presidente Nayib Bukele contra las maras.

    Durante la entrevista, Sandoval-Moshenberg confirmó que Ábrego se reunió con su esposa e hijo tras ser liberado recientemente. “Fue un reencuentro extremadamente emotivo”, afirmó. “Ha estado privado de libertad desde marzo”.

    El abogado reveló que su cliente estuvo dispuesto desde el inicio a ser trasladado a Costa Rica, país que le ofreció estatus de refugiado. Sin embargo, el Gobierno estadounidense se negó. “El juez usó ese dato como una de las pruebas para demostrar que no lo mantenían detenido para deportarlo, sino simplemente para encerrarlo”, explicó.

    Ábrego fue retornado a Estados Unidos el 6 de junio tras una fuerte presión social y órdenes de la Corte Suprema, pero inmediatamente fue acusado por la Fiscalía de tráfico de personas, lo que llevó a su reclusión en una cárcel de Tennessee. La nueva imputación incluye el supuesto traslado de migrantes, algunos con vínculos con pandillas.

    Actualmente, enfrenta tres procesos simultáneos: un caso penal en Tennessee, una demanda civil en Maryland donde se impugna su deportación, y una petición de asilo ante una corte migratoria. El juicio penal está previsto para julio de 2025, y recientemente se obtuvo una orden judicial que impide su recaptura inmediata por parte del ICE.

    El Departamento de Seguridad Nacional calificó como “sin base legal” la orden de liberación, y prometió combatirla “con uñas y dientes” en los tribunales. El abogado Sandoval-Moshenberg lamentó esa postura y declaró que “la familia ha sufrido lo suficiente” y que “el fallo de la jueza es sólido y resistirá una apelación”.

    Para el abogado, el caso va más allá del debate migratorio: “Se trata de una lucha entre el poder y la ley. El Gobierno no puede actuar por encima de la Constitución”. Acusó a la administración del presidente Donald Trump de intentar deportar a Ábrego a países africanos como Uganda o Liberia, con los que el salvadoreño no tiene ninguna conexión.

    Ábrego, quien llegó a EE.UU. siendo adolescente y reside en Maryland con su esposa e hijos ciudadanos estadounidenses, permanece en libertad bajo protección judicial mientras define si solicitará formalmente asilo. La decisión, según su abogado, dependerá únicamente de él.

     

  • Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    La defensa de Kilmar Armando Ábrego García, inmigrante deportado de manera ilegal a El Salvador en marzo, acusó este martes al Departamento de Justicia de emprender una “persecución judicial por venganza”, luego de que el salvadoreño y sus abogados impugnaran su expulsión.

    La acusación fue presentada en un documento de 35 páginas ante la Corte Federal del Distrito de Nashville, en el que denuncian una supuesta campaña del gobierno para castigar a Ábrego García desde hace casi cinco meses.

    Los abogados recordaron que funcionarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportaron a Ábrego violando una orden judicial, y en vez de enmendar el error y regresarlo, “la Casa Blanca inició una campaña pública para castigar al señor Ábrego por atreverse a defenderse, que culminó en una investigación criminal”.

    “Kilmar Ábrego García ha sido blanco del gobierno de Estados Unidos. No es por la gravedad de su conducta, ni porque represente una amenaza. Fue acusado por negarse a aceptar la violación de sus derechos constitucionales”, ”, escribieron los abogados..

    Segunda ofensiva legal contra la administración Trump

    Esta es la segunda vez que los abogados de Ábrego García señalan directamente al gobierno del presidente Trump por su manejo del caso. En junio, solicitaron a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, sancionar a la administración por desobedecer sus órdenes de forma “flagrante y sostenida”.

    Actualmente, el caso civil y penal del salvadoreño avanza hacia un punto clave: podría ser liberado el viernes, luego de que un juez federal suspendiera por un mes su liberación original. El gobierno deberá decidir si continúa el proceso penal o lo entrega nuevamente a autoridades migratorias para reintentar deportarlo.

    Ese mismo martes, la defensa pidió a la Corte en Tennessee que autorice su retorno a Maryland en libertad, bajo la protección de la orden de la jueza Xinis, quien prohibió su reexpulsión sin previo aviso de tres días hábiles.

    Los abogados aseguran que las acusaciones penales surgen como represalia por haber demandado su retorno desde El Salvador, tras su deportación errónea a una prisión con historial de terrorismo. Afirmaron que las autoridades “se aferraron rápidamente a afirmaciones infundadas” de que era miembro de la MS-13 para justificar su expulsión.

    Las declaraciones fueron replicadas públicamente por altos funcionarios, incluyendo al vicepresidente JD Vance, quien en abril lo calificó como “miembro convicto de la MS-13 sin derecho legal a estar en el país”.

    Según sus abogados, estas acusaciones formaban parte de una campaña para desacreditarlo, en la que fue tildado como “pandillero”, “depredador ilegal”, “traficante humano” y “terrorista”.

    En junio, fiscales federales en Tennessee reabrieron una investigación por un incidente ocurrido en 2022, cuando Ábrego fue detenido transportando a varios hombres hispanos, algunos en situación irregular. Aunque el FBI conocía el hecho, decidió no presentar cargos entonces.

    Los abogados argumentan que el gobierno reactivó el caso únicamente porque el inmigrante logró evidenciar su expulsión ilegal. “Los hechos no han cambiado desde hace tres años. Lo que cambió fue que el gobierno lo deportó ilegalmente y él decidió denunciarlo”, afirmaron.

    Trump celebró acusaciones como mensaje político

    Tras revelarse la acusación penal, el subfiscal general Todd Blanche reconoció públicamente que la investigación se activó después de que la jueza Xinis cuestionara la legalidad de la deportación. Poco después, el presidente Trump elogió la acusación y afirmó que era una forma de “mostrar cuán terrible es este sujeto”.

    “La ofensiva pública sin precedentes contra el señor Ábrego por ejercer sus derechos constitucionales, promovida por miembros del gabinete, líderes del Departamento de Justicia e incluso el presidente de Estados Unidos”, concluyó la defensa, “demuestra que esta es una rara ocasión donde la venganza gubernamental es evidente”.