Las diputadas opositoras Claudia Ortiz, del partido Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron este miércoles la decisión del Ejecutivo de disolver el Consejo Nacional de Inclusión para Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y trasladar sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE).
Ortiz afirmó que esta medida representa un retroceso en materia de derechos humanos, al considerar que el INABVE no tiene la especialización adecuada para atender las necesidades de personas con discapacidad ni de adultos mayores.
“Van a trasladar todas sus funciones, su patrimonio y todo lo que tenga que ver con su actuar al INABVE, que es el instituto nacional de los beneficios de los veteranos de guerra… y francamente, es un retroceso en los derechos”, afirmó la legisladora.
La diputada agregó que es “preocupante” el retroceso que representa esta decisión, al señalar que “este gobierno no ha avanzado en nada en los derechos de personas con discapacidad, una amplia gama de población que sufre discriminación y que no ha tenido instituciones que defiendan sus derechos y los protejan”.
Por su parte, Villatoro advirtió que la decisión vulnera los derechos fundamentales tanto de personas con discapacidad como de adultos mayores, y contraviene convenios internacionales ratificados por El Salvador, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“Con esto se vuelven inaplicables, pues los principales organismos que se encargan de velar por los derechos de ambos sectores van a desaparecer”, afirmó.
La legisladora tricolor consideró que la medida responde a una intención del Ejecutivo de debilitar instituciones que garantizan derechos a sectores históricamente vulnerables.
“Pasar todas las funciones al INABVE… es solo la muestra de la búsqueda continua de debilitar las verdaderas instituciones que velan por el respeto y los derechos de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores”, sostuvo.
Ortiz también criticó el argumento oficial, que justifica la medida por razones de eficiencia y ahorro de recursos.
“Ese es el gran argumento, y me parece inmoral e ilegal, porque violenta las obligaciones del Estado. Hago un llamado a las personas con discapacidad, a sus familias y amigos, a alzar la voz para que el gobierno no siga dando pasos hacia atrás”, dijo.
El gobierno presentó las solicitudes de disolución de ambos consejos el pasado 11 de noviembre. La propuesta será discutida por la Comisión de Niñez e Integración Social el próximo lunes 17.