El 76 % de los peruanos, equivalente a unos 19 millones de personas, identifica la extorsión como el delito más alarmante en el país, superando ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41 %), la violencia sexual (37 %), el secuestro (35 %) y el robo agravado (32 %), según una encuesta difundida este martes.
El estudio, elaborado por Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp y el Banco de Crédito del Perú, en conjunto con la organización Capital Humano y Social, confirma que la seguridad es la principal exigencia ciudadana hacia las autoridades.
De acuerdo con el informe comparativo, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, una cuarta parte de la población —alrededor de 6 millones de personas— ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses.
El análisis también revela un incremento en modalidades como los préstamos ‘gota a gota’, que pasaron de 15 % a 19 % en un año, evidenciando la expansión de prácticas delictivas que combinan amenazas con cobros abusivos.
En cuanto a economías ilegales, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas encabezan las preocupaciones con un 64 % cada uno, seguidos por la minería ilegal, que alcanza un 52 %.
«Estas cifras confirman que el crimen en el Perú ha evolucionado hacia formas más complejas, articuladas y con mayor capacidad de expansión», señaló el director ejecutivo de CHS Alternativo.
El informe advierte además un clima de pesimismo ciudadano, ya que el 58 % considera que el próximo gobierno no podrá enfrentar eficazmente la inseguridad, frente a un 36 % que mantiene expectativas favorables.
En ese contexto, el 54 % de los encuestados exige que las futuras autoridades prioricen la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales, mientras que otras demandas incluyen la reforma del sistema de justicia (45 %) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44 %).
«Lo que se necesita frente a ello no es una suma de medidas aisladas, sino una estrategia sostenida que combine inteligencia, coordinación institucional y capacidad de ejecución», concluyó Valdés.
