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  • Perú tendrá 36 candidatos presidenciales en 2026, entre ellos cuatro mujeres

    Perú tendrá 36 candidatos presidenciales en 2026, entre ellos cuatro mujeres

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó que 36 fórmulas presidenciales participarán en los comicios generales del 12 de abril de 2026, entre ellas cuatro lideradas por mujeres. La elección definirá al próximo presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

    Entre las candidatas figura Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien buscará por cuarta ocasión la presidencia del país andino. También participarán Fiorella Molinelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, por Fuerza y Libertad; Marisol Pérez Tello, exparlamentaria del partido Primero la Gente; y Rosario Fernández Bazán, del partido Un Camino Diferente, hermana de un exalcalde actualmente prófugo.

    De las 39 agrupaciones políticas registradas, 38 lograron superar el umbral de participación, por la vía de elección por delegados o por afiliados. La única fuerza que quedó fuera fue Acción Popular (AP), cuya elección interna fue anulada por “vicios sustanciales” que vulneraron principios democráticos.

    Entre los nombres destacados también está el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular; César Acuña, empresario y exgobernador regional por Alianza para el Progreso; y Mario Vizcarra, hermano del expresidente encarcelado Martín Vizcarra, quien se postula por Perú Primero.

    Otro de los postulantes con antecedentes es Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, actualmente prófugo de la justicia. Se suman también los congresistas Roberto Chiabra y José Williams, así como el exministro de Defensa José Nieto, y el exalcalde Ricardo Belmont.

    Figuras menos tradicionales también figuran entre los candidatos, como el exfutbolista George Forsyth, el comediante Carlos Álvarez, y el exministro de Justicia Fernando Olivera. Todos deberán superar un periodo de tachas o impugnaciones, que se desarrollará entre el 26 de diciembre y el 15 de enero de 2026.

    De ser necesario, una segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 7 de junio de 2026, entre los dos candidatos con mayor votación. El futuro presidente y el nuevo Congreso asumirán funciones por un período de cinco años.

     

     

  • OPS alerta por circulación de variante de influenza A H3N2

    OPS alerta por circulación de variante de influenza A H3N2

    La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los países del continente sobre la creciente circulación del virus de influenza A H3N2 subtipo K (J.2.4.1), identificado en regiones de Europa, Asia y América del Norte, y pidió reforzar la vigilancia, la vacunación y la preparación del sistema de salud ante una posible temporada respiratoria más intensa.

    México y Perú han confirmado casos y activado alertas sanitarias. Mientras tanto, los países centroamericanos no reportan contagios hasta el momento. Las autoridades peruanas declararon el domingo alerta epidemiológica a nivel nacional, ante el riesgo de ingreso de la variante, así como del sarampión, en medio del incremento de movilidad por las festividades de fin de año.

    “Esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país”, indicó el Ministerio de Salud de Perú en un comunicado. La medida incluye vigilancia, inmunizaciones, comunicación y respuesta operativa.

    La Secretaría de Salud de México confirmó el primer caso del virus en la capital, detectado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El paciente se encuentra recuperado tras tratamiento ambulatorio, y las autoridades recalcaron que esta variante no representa alarma. “Presenta características similares a la influenza estacional y su manejo clínico es el mismo”, indicaron.

    Según la OPS, el subtipo K del virus de influenza A H3N2 ha mostrado una rápida expansión en Europa y Asia, con mayor presencia en países como Reino Unido, Alemania, España e Italia, y un adelanto de entre tres y cuatro semanas respecto a temporadas anteriores. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá también reportan un aumento sostenido.

    Aunque no se ha reportado un aumento en la gravedad clínica, la OPS recordó que las temporadas dominadas por A H3N2 suelen tener mayor impacto en adultos mayores. También señaló que los datos preliminares de Europa muestran que las vacunas de esta temporada mantienen niveles similares de protección frente a casos graves y hospitalizaciones.

    La Organización pidió a los Estados miembros asegurar una alta cobertura de vacunación, especialmente en personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, así como garantizar el diagnóstico temprano y disponibilidad de antivirales. También recomendó mantener el envío de muestras para secuenciación genómica y reforzar la detección de casos inusuales, en línea con el Reglamento Sanitario Internacional.

    Finalmente, la OPS reiteró que medidas personales como el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar, y quedarse en casa en caso de síntomas siguen siendo claves para prevenir la propagación del virus.

  • La diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz en 30 países el sábado pidiendo libertad

    La diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz en 30 países el sábado pidiendo libertad

    Una treintena de países registran este sábado manifestaciones en favor de la libertad en Venezuela, con un reclamo que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un «megáfono global» que dé voz a la lucha de los venezolanos por la democracia.

    Las distintas protestas tendrán lugar cuatro días antes de la ceremonia de entrega de estos galardones, que en el caso de la activista venezolana reconoció su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su combate en favor de una transición justa.

    La web elnobelesnuestro.com, que canaliza las marchas convocadas para este sábado, precisa que habrá manifestaciones en España, Francia, Italia, el Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil, Argentina, Perú o Colombia, entre otras naciones. En Venezuela no hay prevista ninguna.

    Solo en España están previstas concentraciones en 24 ciudades, incluidas Madrid y Barcelona.

    «Mientras el régimen intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora venezolana será el motor para amplificar el mensaje en el mundo: Venezuela sigue viva, organizada y decidida», dicen los organizadores en un comunicado.

    El Nobel de la Paz, según destacan, «no es solo un reconocimiento para María Corina Machado; es un homenaje al pueblo venezolano que ha resistido con valentía y esperanza», y demuestra que la libertad en Venezuela «es una causa universal».

    Este jueves, Machado invitó a sus connacionales a sumarse a esas protestas, subrayando que cada antorcha, cada vela y cada luz que se encienda en las mismas «va a ser un grito por la paz y por la libertad en Venezuela».

    Desde ‘El Nobel es nuestro’ se reivindica que su movimiento nació como símbolo de que el reconomiento a la exdiputada por parte del Comité Noruego «no pertenece a una persona, sino a un país entero que lucha por su libertad».

    En concreto, la campaña de las movilizaciones previstas este sábado incide en que el Nobel de la Paz es también de los centenares de «presos políticos» que hay en Venezuela.

  • Expresidente peruano Pedro Castillo condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por intentar golpe

    Expresidente peruano Pedro Castillo condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por intentar golpe

    El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

    La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.

    El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.

    Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.

  • Martín Vizcarra se suma a la larga lista de expresidentes peruanos condenados por corrupción

    Martín Vizcarra se suma a la larga lista de expresidentes peruanos condenados por corrupción

    Un tribunal de Perú condenó el  miércoles al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) a 14 años de prisión, tras declararlo culpable de cohecho pasivo propio en dos casos de corrupción ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La decisión judicial lo convierte en el cuarto exjefe de Estado peruano sentenciado por delitos de corrupción.

    Vizcarra fue hallado responsable de recibir sobornos en los proyectos de infraestructura ‘Lomas de Ilo’, por el cual recibió una condena de 6 años, y ‘Hospital de Moquegua’, que le valió 8 años adicionales. Además, el tribunal ordenó su inhabilitación por 9 años y el pago de una multa de 94,900 soles (alrededor de $25,800 tras conversión).

    Lo que hace singular el caso de Vizcarra es que llegó a la presidencia con un fuerte discurso anticorrupción, llegando incluso a disolver el Congreso en 2019 como parte de lo que llamó una «cruzada contra la corrupción». Sin embargo, terminó siendo destituido en 2020 por el mismo Congreso por presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión regional, pese a que en su momento no se presentaron pruebas concluyentes.

    El expresidente peruano Alberto Fujimori. EFE

    Con Vizcarra, ya son seis los expresidentes peruanos que han enfrentado procesos judiciales, condenas o investigaciones por corrupción en las últimas décadas. Desde Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, Perú ha visto una sucesión de mandatarios involucrados en escándalos judiciales que reflejan una profunda crisis institucional.

    El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, aunque fue liberado por un indulto humanitario en 2023. Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado desde EE.UU. en 2023 y en octubre de 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por recibir millonarios sobornos de Odebrecht.

    El expresidente peruano Alan García. EFE

    Alan García (1985-1990 y 2006-2011), investigado por corrupción en contratos del Metro de Lima, se suicidó en 2019 cuando las autoridades iban a arrestarlo por el caso Odebrecht. Según la fiscalía, habría recibido $24 millones en sobornos durante su segundo mandato.

    El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011 – 2016). EFE

    Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos, luego de recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en arresto domiciliario desde 2019, investigado por pagos de Odebrecht a su consultora.

    Alejandro Toledo, expresidente de Perú, condenado por corrupción. EFE

    Pedro Castillo (2021-2022), destituido tras intentar disolver el Congreso en 2022, enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público. Está en prisión preventiva y la Fiscalía solicita 34 años de cárcel.

    Dina Boluarte (2022-2025), su sucesora, fue investigada por el caso Rolexgate y denunciada por las muertes en protestas, aunque hasta el momento no ha sido procesada formalmente.

    La destituida expresidenta de Perú, Dina Boluarte. / EFE

    En contraste, Valentín Paniagua (2000-2001) se mantiene como el único expresidente reciente sin señalamientos de corrupción. Fue el mandatario interino tras la renuncia de Fujimori y lideró un breve gobierno de transición con amplia aprobación social.

    Valentín Paniagua fue el único expresidente peruano en no ser procesado por corrupción en tres décadas.

    De cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, el panorama político peruano sigue fragmentado: hay 43 candidatos inscritos, muchos sin respaldo de partidos tradicionales. La sombra de la corrupción sigue presente y la ciudadanía enfrenta un nuevo ciclo electoral con una democracia debilitada.

     

  • El expresidente de Perú Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por sobornos

    El expresidente de Perú Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por sobornos

    El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

    La presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Fernanda Ayasta, declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013.

    Asimismo, Vizcarra también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía y cuyos testimonios, según el tribunal, han quedado acreditados.

    Además de los 14 años de prisión efectiva, con ejecución inmediata, la sala dictó una indemnización equivalente al valor de los sobornos, así como una multa de 94.900 soles (unos $28,100) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 9 años.

    Vizcarra: «Es venganza»

    Aunque la Fiscalía había pedido 15 años de cárcel contra Vizcarra, la sala consideró como un atenuante que el expresidente no tenga antecedentes y el fiscal quedó conforme, mientras que el abogado del expresidente, Erwin Siccha, apeló el fallo en todos sus extremos, incluida la ejecución inmediata de la pena.

    Minutos después de escuchar la sentencia, y aún en la sala judicial, Vizcarra compartió un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que lo han sentenciado «por enfrentar al pacto mafioso» que domina el Congreso, un conjunto de fuerzas conservadoras que lo destituyeron en 2020 al aparecer estos indicios pasados de corrupción pero que el exgobernante adujo a una venganza por haber cerrado en 2019 el Congreso cuando obstruían sus reformas.

    «No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas», agregó el exmandatario, que pidió votar por su hermano Mario, quien lo reemplazará como candidato presidencial en las elecciones de 2026. El exmandatario figura actualmente entre las primeras opciones de los peruanos si pudiera participar en las elecciones de 2026.

    Contratos ficticios y pagos en efectivo

    Sin embargo, la jueza Ayasta declaró que estaba probado que Vizcarra tenía la información necesaria para favorecer a la empresa Obrainsa en la adjudicación del proyecto agrícola Lomas de Ilo y que se comunicó en 2013 con el exgerente general de esta compañía, Elard Tejeda, para proponerle una coima (soborno) de un millón de soles y el alquiler de una avioneta.

    En su calidad de testigo, Tejeda dijo que los pagos por el 2 % del monto de 80.9 millones de soles ($24 millones de dólares) por el proyecto Lomas de Ilo, como comisión (soborno) efectuados a Vizcarra se realizaron en tres partes, incluido el pago del alquiler de una avioneta por 400.000 soles para trasladar a autoridades invitadas de Bolivia a la ciudad de Ilo.

    En el caso del consorcio hospitalario Moquegua a cargo de ICCGSA, hubo contratos ficticios para movilizar más de un millón 300.000 soles, dinero que egresó con la apariencia de pago a una tercera empresa, indicó la sala.

    Los pagos al acusado se hicieron en efectivo, a través del exministro José Manuel Hernández y cercano colaborador del expresidente, en la casa de Vizcarra en Lima, incluido un saldo adicional de 200.000 soles ($70,000) cuando ya era jefe de Estado (2018-2020).

  • Presidente de Perú refuerza estado de emergencia con más vigilancia y control en Lima y Callao

    Presidente de Perú refuerza estado de emergencia con más vigilancia y control en Lima y Callao

    El presidente de Perú, José Jerí, aprobó este sábado un nuevo decreto supremo que refuerza el estado de emergencia vigente en Lima y Callao, ampliando las restricciones y aumentando la vigilancia para enfrentar el auge de la violencia criminal que afecta al país.

    “¡Más control, más seguridad!”, anunció la Presidencia de Perú en su cuenta oficial de X, al confirmar la publicación del Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, que fortalece la estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia común.

    El estado de emergencia, que rige desde el pasado 22 de octubre por un periodo de 30 días, ya limitaba derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de movimiento. Ahora, con las nuevas disposiciones, el Gobierno pretende ejercer un control más férreo sobre la ciudadanía y los espacios públicos.

    Entre las medidas complementarias figura la prohibición de transitar con acompañante en motocicleta, una táctica frecuente utilizada por sicarios en la comisión de delitos. Asimismo, se autoriza el uso de drones y cámaras con tecnología de reconocimiento facial, cuyos datos se cruzarán con bases de información de entidades del Estado y cuerpos policiales para identificar a posibles sospechosos.

    Para coordinar estas acciones, el Ejecutivo creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), dirigido por la Policía Nacional e integrado por miembros del Ejército, la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia y los alcaldes de Lima y Callao.

    El Gobierno también ordenó endurecer las condiciones en los centros penitenciarios, con restricciones a las visitas, decomiso de teléfonos celulares, dispositivos no autorizados y el desmontaje de antenas de comunicación clandestinas, como parte de los esfuerzos para cortar los nexos de control criminal desde el interior de las cárceles.

    Por otro lado, los elementos de las fuerzas de seguridad que destaquen en operativos recibirán incentivos y reconocimientos por su labor, en un intento por reforzar la moral y el compromiso institucional frente a la delincuencia.

    José Jerí asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, prometiendo una política de mano dura contra el crimen, en un contexto de creciente inseguridad que ha afectado la vida diaria de los peruanos y ha debilitado la confianza en las instituciones.

     

  • Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    La criminalidad se ha convertido en la principal amenaza para las grandes empresas de Perú, con un 13 % que reporta haber sido víctima de amenazas o extorsiones y un 40 % que ha debido incrementar sus gastos en seguridad privada, reveló este miércoles una encuesta presentada en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos), el principal foro empresarial del país.

    El estudio, realizado por la encuestadora Ipsos, indica que en el último año un 9 % de las compañías enfrentó amenazas directas, mientras que un 6 % fue blanco de cobros ilegales o extorsiones por parte de organizaciones criminales.

    A raíz de esta creciente ola de inseguridad, los empresarios reportan consecuencias directas en sus operaciones: un 24 % ha debido paralizar o reducir actividades, un 21 % ha sufrido robos de productos o activos, y un 20 % experimentó dificultades para contratar o retener personal.

    En cuanto a la percepción sobre los principales problemas que afectan al país, la delincuencia ocupa el primer lugar con un 85 %, seguida de la corrupción (81 %) y la crisis política (36 %). Además, un 89 % considera que Perú ha retrocedido en la lucha contra el crimen, y un 60 % opina lo mismo respecto a la corrupción.

    Por primera vez en tres décadas, la inseguridad y el avance de la delincuencia se posicionan como el mayor riesgo político y social para el entorno empresarial (64 %), por encima del aumento de la corrupción en el Estado (40 %) y el debilitamiento institucional (31 %).

    Entre las medidas prioritarias que podrían reactivar la inversión privada, el 79 % de los empresarios encuestados cree que combatir la inseguridad tendría mayor impacto, seguido del combate a la corrupción (69 %) y la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala (47 %).

    Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial —organizador del evento— urgió al gobierno de transición, presidido por José Jerí, a priorizar el restablecimiento de la seguridad. “La inseguridad no solo está afectando la operatividad de las empresas, sino que los sobrecostes están erosionando la capacidad operativa”, advirtió.

    Además, destacó que la criminalidad también afecta el tejido emprendedor del país. “La inseguridad está lesionando el espíritu emprendedor de los peruanos, que nos ha salvado cuando han llegado crisis. Es fundamental mantenerlo y no puede ser erosionado de manera tan dolorosa como está sucediendo por la inseguridad”, puntualizó.

    La encuesta fue realizada por Ipsos Perú entre el 17 y el 29 de octubre, con una muestra de 245 ejecutivos de alto nivel pertenecientes a las 5,000 empresas más grandes del país.

     

  • Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra de Castillo

    Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex primera ministra de Castillo

    El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, tras confirmarse que la ex primera ministra Betssy Chávez, aliada del expresidente Pedro Castillo, se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima. Chávez es procesada por su papel en el intento de golpe de Estado que encabezó Castillo en diciembre de 2022.

    El anuncio fue realizado por el canciller Hugo de Zela en una rueda de prensa en Lima. “El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, declaró el funcionario, quien calificó de “acto inamistoso” la decisión del país norteamericano. De Zela también recordó que tanto la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han intervenido repetidamente en asuntos internos del país andino.

    “La expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo, se encuentra en la embajada de México”, indicó De Zela. El canciller lamentó profundamente la decisión del Gobierno mexicano, señalando que su persistencia en esta postura “equivocada e inaceptable” obligó a Perú a cortar el vínculo diplomático.

    Pese a la medida, el canciller aclaró que la ruptura diplomática no implica el cese de las relaciones consulares con México. También detalló que, aunque Chávez está bajo resguardo de la embajada mexicana, aún no se ha recibido una solicitud formal de asilo político de parte del gobierno mexicano.

    Betssy Chávez fue liberada en septiembre pasado tras pasar más de tres meses en prisión preventiva. La exfuncionaria se encontraba hospitalizada por deshidratación derivada de una huelga de hambre cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al considerar que su detención había sido arbitraria.

    El presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido el 7 de diciembre de 2022 tras anunciar la disolución del Congreso y un gobierno de excepción, en lo que fue considerado un intento de golpe de Estado. Tanto Sheinbaum como López Obrador han defendido públicamente a Castillo, al considerar que fue víctima de un complot político orquestado desde el Congreso peruano.

  • Keiko Fujimori anuncia su cuarta candidatura presidencial para 2026 en Perú

    Keiko Fujimori anuncia su cuarta candidatura presidencial para 2026 en Perú

    Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), confirmó este jueves que se postulará nuevamente a la Presidencia de Perú en las elecciones de 2026, marcando así su cuarta candidatura presidencial, tras perder en segunda vuelta en los comicios de 2011, 2016 y 2021.

    El anuncio lo hizo durante un mitin en la ciudad de Trujillo, una de las más golpeadas por la violencia de bandas criminales. La declaración ocurre a pocos días de que el Tribunal Constitucional peruano ordenara archivar el proceso judicial en su contra por el caso Cócteles, que investigaba el presunto lavado de dinero en campañas electorales pasadas.

    “Hoy aquí, rodeada de la familia fujimorista, acompañada en la distancia por peruanos que nos miran en redes sociales, quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular”, expresó Fujimori entre aplausos.

    La excandidata subrayó que no optará por postularse al Senado, al afirmar que no busca un «premio de consolación» ni inmunidad, en referencia al proceso que enfrentó durante casi una década.

    Fujimori adelantó que estará acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Ambos son figuras de su entorno político cercano y con amplia trayectoria legislativa.

    “Ellos tienen una gran experiencia política, saben del manejo público y han demostrado capacidad para generar diálogo y consenso”, afirmó la líder de Fuerza Popular.

    En su discurso, Keiko Fujimori también evocó la figura de su padre, fallecido en septiembre de 2024, al asegurar que, bajo su mandato, Perú logró enfrentar con firmeza el terrorismo, y que hoy el país necesita determinación para combatir la actual ola de violencia.

    “Yo creo que tenemos la capacidad de enfrentar a esa violencia o mejor dicho, terrorismo urbano. Pero ese terrorismo no se combate con discursos ni desde escritorios. A esta maldita violencia hay que enfrentarla en las calles, con las Fuerzas Armadas y con inteligencia”, declaró.

    “El fujimorismo va a traer la autoridad que todos los peruanos estamos necesitando”, agregó.

    Además de Fujimori, ya han confirmado sus aspiraciones presidenciales el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, y el empresario César Acuña, por el partido Alianza Para el Progreso (APP).