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  • Honduras denuncia supuestas incursiones de la Marina Nacional salvadoreña en aguas del Golfo de Fonseca

    Honduras denuncia supuestas incursiones de la Marina Nacional salvadoreña en aguas del Golfo de Fonseca

    Las Fuerzas Armadas de Honduras denunciaron que embarcaciones de la Marina Nacional de El Salvador supuestamente “invadió” en dos ocasiones las aguas marítimas de su jurisdicción en el Golfo de Fonseca el pasado miércoles y jueves, en el marco de la “Operación Coordinada Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Sur Fase V”, que Honduras ejecuta junto con Nicaragua.

    El comunicado, publicado en la cuenta de la red social X del Ejército hondureño, señala que a las 11:30 de la mañana del pasado miércoles el guardacostas Guaymuras reportó la presencia del guardacostas (buque militar) PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador en coordenadas de soberanía hondureña.


    Según la denuncia, la nave salvadoreña adoptó una “posición beligerante” frente a la unidad naval hondureña.

    Las autoridades militares indicaron que la tripulación hondureña exigió a la nave salvadoreña abandonar sus aguas y reforzaron su presencia con dos Unidades de Respuesta Rápida artilladas y el guardacostas Hondureño. El retiro de la embarcación salvadoreña se produjo a las 5:20 de la tarde de este día, de acuerdo al comunicado de las milicias hondureñas.

    Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades salvadoreñas no han emitido ningún comunicado oficial respecto al incidente mencionado.

    Denuncian segunda incursión

    La Fuerza Armada de Honduras también lanzó otro comunicado durante la mañana de este viernes donde denunciaron que unidades de la Marina de El Salvador ingresaron por segunda ocasión en sus aguas jurisdiccionales, esta vez el jueves 25 de septiembre, un día después del primer incidente registrado en la zona.

    De acuerdo con el comunicado, a las 8:13 de la mañana el guardacostas PM-8 salvadoreño cruzó territorio marítimo hondureño y penetró también en aguas jurisdiccionales de Nicaragua, lo que llevó a ese país a enviar una embarcación para escoltarlo fuera de sus límites.

    Sin embargo, a las 10:20 de la mañana, el navío salvadoreño volvió a incursionar en aguas hondureñas, según la milicia del vecino país, acompañado más tarde por el guardacostas PM-15 y una Unidad de Respuesta Rápida (URR), que permanecieron en el área hasta las 4:45 de la tarde momento en que se retiraron hacia aguas que El Salvador no reconoce como hondureñas.

    La Fuerza Naval de Honduras aseguró que emitió varias advertencias por radio para exigir la salida de las embarcaciones, sin obtener respuesta.

    “Al hacer caso omiso, la Fuerza Naval de Honduras incrementó su presencia con el Guardacostas Honduras y dos unidades de respuesta rápida (URR artilladas) sumando en el área dos Guardacostas y cuatro URR artilladas, asimismo, se han realizado vuelos de reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea Hondureña para constatar la invasión en aguas territoriales hondureñas”, se explica en el comunicado.

    Tras estos incidentes que denunciaron por segunda vez, el Ejército hondureño dice estar en «máxima alerta». 

     

    El Golfo de Fonseca es un entrante protegido en la zona oriental de El Salvador, que también colinda con la parte sur de Honduras y parte norte de Nicaragua.

    La Corte Internacional de Justicia delineó las fronteras terrestres y marítimas entre Honduras y El Salvador en fallos emitidos en 1992 y 2007. Estos países entraron en conflicto en julio de 1969, debido a una disputa limítrofe y migratoria que los mantuvo distanciados por once años.

    En 1980, firmaron un tratado de paz en Lima, Perú, con el objetivo de buscar un acuerdo bilateral en los siguientes cinco años. Al no lograrlo, el caso fue presentado ante la CIJ.

    El Ejército hondureño mantiene vigilancia permanente en el Golfo de Fonseca y de la Isla Conejo, un islote que ha sido disputado por ambas naciones y que Honduras ha reclamado como suya.

     

  • Contaminación en el lago Titicaca provoca migración y pérdida de pesca

    Contaminación en el lago Titicaca provoca migración y pérdida de pesca

    La contaminación en el lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto del mundo compartido por Bolivia y Perú, ha alcanzado niveles alarmantes. En sus zonas menos profundas la pesca prácticamente ha desaparecido, lo que impulsa la migración de habitantes ante la degradación de los ecosistemas, agravada por el cambio climático.

    La parte más afectada es el denominado lago menor, ubicado al sudeste con unos 2,000 kilómetros cuadrados, separado del lago mayor —de más de 6,000 kilómetros cuadrados— por el estrecho de Tiquina. En algunas áreas de este sector, la profundidad no supera los 50 centímetros, como ocurre en la bahía de Cohana, debido a la sequía de los últimos años.

    Cohana se ha convertido en el punto crítico, ya que allí desemboca el río Katari, que arrastra aguas residuales e industriales de la ciudad de El Alto, con cerca de un millón de habitantes, además de la vecina Viacha.

    “La vida en el lago está triste, se están perdiendo los peces, los totorales están quemados, el agua es turbia”, lamentó a EFE Oscar Limachi, líder indígena de Quehuaya. También advirtió que “por causa de la contaminación hay mucha migración”, ya que la pesca dejó de ser el sustento de las familias.

    Antes era común ver pescadores capturando especies nativas como el karachi o el mauri, pero hoy la actividad ha desaparecido. El agua es oscura, pestilente y en la superficie se acumula vegetación en descomposición, mientras en el fondo se forma una sustancia negra que también daña la totora, utilizada para alimentar ganado y elaborar artesanías.

    De acuerdo con Xavier Lazzaro, investigador de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), la principal causa de la degradación es la actividad humana: vertidos urbanos, residuos industriales y minería. El fósforo de los detergentes alimenta microalgas que al morir generan pérdida de oxígeno y sulfuro de hidrógeno, un compuesto que “tiene el poder de matar peces, ranas y aves”.

    La isla Sicuya, la más pequeña del Titicaca con menos de 300 habitantes, refleja este deterioro. Su población estudiantil se redujo drásticamente y muchas casas están abandonadas.

    “No hay pescado por aquí, esa contaminación ha hecho perder los peces (…) antes el agua era transparente, hace 15 años era linda”, recordó Santiago Quispe, autoridad local.

    Los comunarios temen que la situación empeore por la actividad minera en la cordillera, donde se lavan minerales como oro. Hasta ahora, los proyectos estatales de tratamiento de aguas residuales han resultado insuficientes, con retrasos en la modernización de plantas y poca eficacia en las acciones de mitigación ambiental, según advierten estudios de organizaciones privadas como Fundación Tierra.

     

  • El Salvador y Perú realizaron cuarta ronda de negociaciones para firmar un tratado comercial

    El Salvador y Perú realizaron cuarta ronda de negociaciones para firmar un tratado comercial

    El Salvador y Perú realizaron este jueves la cuarta ronda de negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC), informó el gobierno peruano a través de un comunicado.

    La publicación, divulgada la mañana del 18 de septiembre, señala que el encuentro fue precedido por el Ministerio de Relaciones de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú en la ciudad de Lima.

    El gobierno peruano dijo que los funcionarios participaron en mesas técnicas relacionadas con la reglas de origen, propiedad intelectual y servicios.

    En torno a la firma del TLC, también se trató el tema de inversión, solución de controversias y revisión digital.

    Según Perú, el acuerdo comercial sumará disposiciones sobre acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como los obstáculos técnicos en el comercio y la entrada temporal de empresarios.

    El TLC abarcará el comercio electrónico, compras estatales, facilitación de comercio y procedimientos aduaneros.

    La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, aseguró que las reuniones previas han dejado “avances significativos” en las negociaciones.

    “Estoy convencida que, con esta voluntad, seguiremos avanzando decididamente en beneficio de nuestros ciudadanos”, añadió León Chempén en la publicación.

    Perú ve en El Salvador una oportunidad clave para ampliar la presencia de productos peruanos en Centroamérica.

     

    Antecedente

    Las prácticas para un tratado comercial entre Perú y El Salvador datan de 2010, pero el tema volvió a estar en la palestra en agosto de 2024, cuando ambos gobiernos confirmaron que el diálogo se activaría.

    En febrero de 2025, el gobierno peruano acordó reiniciar las negociaciones y cuatro meses después el embajador de Perú en El Salvador, José Antonio Rosado La Torre, no descartó que el TLC se firmara antes de finalizar el 2025.

    A julio de este año, Perú se ha mantenido como el socio comercial número 12 para los exportadores salvadoreños. Este país acumuló $36.7 millones en compra de bienes salvadoreños, un 0.9 % de los más de $4,059 millones que se vendieron a todo el mundo.

    Según el Banco Central de Reserva (BCR), a nivel de importaciones el peso de Perú es mucho más marcado, pues en los primeros siete meses del año el país adquirió $54.9 millones de las empresas peruanas aunque se constituyó en la posición 24 entre los principales socios comerciales.

  • Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado este miércoles a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia en su contra por actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

    La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que Toledo utilizó la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug, para adquirir propiedades en Lima y Tumbes con dinero ilícito transferido por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en forma de sobornos.

    La condena alcanza también a su esposa, Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug, aunque en el caso de Karp y Fernenbug se reservó el proceso al ser consideradas reos en rebeldía, al encontrarse fuera del país. Además, David Esquenazi recibió 11 años de prisión como cómplice, mientras que Dan On fue sentenciado a 13 años y 4 meses.

    Actualmente, Toledo, de 79 años, cumple una primera condena de 20 años en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Ese proceso está relacionado con los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.

    Durante la audiencia virtual, Toledo se declaró “desilusionado” con el sistema judicial, expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.

    El tribunal, sin embargo, señaló que estaba probado que los fondos ilícitos sirvieron para cancelar hipotecas en sus residencias y que no existe justificación lícita para dichos recursos.

    La sala concluyó que Toledo, junto a su testaferro Josef Maiman y Avraham Dan On, se valió de empresas en Costa Rica y transferencias desde cuentas en Suiza para dar apariencia de legalidad a los sobornos. Entre 2006 y 2010, las operaciones simuladas confirmaron el acuerdo ilícito con Odebrecht y Camargo Correa.

    Según la legislación peruana, Toledo podría solicitar arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando cumpla 80 años, en virtud de la ley humanitaria aprobada en 2023.

     

  • Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    La Fiscalía de Perú registró este miércoles la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja, como parte de una investigación que lo señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y ocultamiento de pruebas.

    El operativo, denominado “Ícaro”, se extendió a oficinas en Lima y Ayacucho, incluidas instalaciones relacionadas con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es considerado cercano a la mandataria. Según la investigación, la minera El Dorado habría entregado sobornos a Santiváñez, cuando este era ministro del Interior, a cambio de recuperar el control de dos minas mediante operaciones policiales ficticias.

    La Fiscalía sostiene además que Nicanor Boluarte habría recibido pagos ilegales por mantener a generales de la Policía en sus cargos y por favorecer a la empresa minera. El caso se produce en vísperas de que el Tribunal Constitucional evalúe recursos legales presentados por él, tras haber cumplido dos meses de prisión preventiva en el marco del escándalo denominado “Waykis en la Sombra”.

    El abogado del hermano de la mandataria, Luis Vivanco, rechazó los señalamientos y calificó las investigaciones como un “abuso” de la Fiscalía. Aseguró que su cliente “no tiene nada que ver con una minera” y que “no conoce” a Santiváñez.

    La presidenta Dina Boluarte respondió con dureza, denunciando que el proceso busca debilitar a su administración. “Yo sé que no es contra él, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza. La familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna”, afirmó desde el Palacio de Gobierno, durante un acto por el Día de la Defensa, acompañada de varios ministros, entre ellos el propio Santiváñez.

    El recién nombrado ministro de Justicia también enfrenta restricciones judiciales: tiene prohibido salir del país mientras es investigado por un presunto intento de soborno al Tribunal Constitucional en 2021, cuando era abogado de un exoficial de policía vinculado al crimen organizado.

    La crisis estalla en un momento político delicado para el gobierno de Boluarte, que denuncia un uso instrumental de la Fiscalía con el fin de “tumbar” su mandato, mientras el país sigue inmerso en tensiones institucionales y protestas sociales.

     

  • La salud mental será un eje de convenio de cooperación suscrito por Perú y El Salvador

    La salud mental será un eje de convenio de cooperación suscrito por Perú y El Salvador

    Los Gobiernos de El Salvador y Perú formalizaron un convenio para reforzar la cooperación en materia de salud, donde el Ejecutivo salvadoreño está interesado en la experiencia peruana en servicios de salud mental, así como en avances en medicamento y en el manejo del órgano regulador peruano.

    El memorando de entendimiento busca promover el desarrollo de competencias técnicas y la optimización de procesos de regulación y vigilancia de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, según explicó el Ministerio de Salud de Perú en un comunicado.

    “Esta alianza no solo permitirá intercambiar conocimientos y experiencias, sino también implementar acciones concretas que se traduzcan en mejores servicios y más salud para nuestras poblaciones”, indicó el ministro de Salud de Perú, César Vásquez, sobre el encuentro.

    Desde la perspectiva salvadoreña, uno de los puntos fuertes de la perspectiva peruana reside en la salud mental, reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el premio a la Gestión y Liderazgo en los Servicios de Salud 2025.

    En materia de salud, el Ministerio de Salud peruano destacó los avances en medicamentos y el camino de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) en convertirse en una autoridad de mayor nivel.

    Entre las iniciativas destacaron la posibilidad de trabajos conjuntos en materia de salud mental como un eje clave en la proyección de ambas regiones, además de propuestas propias, como la implementación de centros de salud comunitario o la creación de casas de acogida.

    Por su parte, el embajador de El Salvador, Pablo Caballero, afirmó su agradecimiento frente al hermanamiento entre los dos países y lo señaló como una oportunidad para el entendimiento y beneficio de ambas partes.

  • Desaprobación de presidenta peruana alcanza 97 % tras aumento salarial a más de $10,000

    Desaprobación de presidenta peruana alcanza 97 % tras aumento salarial a más de $10,000

    La presidenta de Perú, Dina Boluarte, inicia su último año en el poder con una desaprobación histórica del 97 %, impulsada principalmente por el masivo rechazo ciudadano al reciente aumento de su salario mensual a más de $10,000, según una encuesta de la empresa CPI divulgada este domingo por la emisora RPP.

    El mismo estudio revela que la aprobación de Boluarte cayó al 2.1 %, mientras que un 0.9 % de los peruanos se declaró indiferente, reflejando el nivel más bajo de respaldo desde el inicio de su gestión en 2022.

    El rechazo se agudizó tras la aprobación de una nueva escala remunerativa que duplicó el salario de la mandataria, generando indignación en un país marcado por la desigualdad y la recesión económica. Según CPI, un 98.2 % de los peruanos rechaza el aumento salarial.

    En las regiones del centro y sur del país, el repudio a Boluarte alcanzó un 98.8 %, mientras que en el oriente amazónicofue de 97.7 %. Estas zonas han mantenido una relación tensa con la mandataria, debido a las decenas de víctimas mortales durante las protestas ocurridas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, entre 2022 y 2023.

    Ciudadanía la percibe como incapaz

    El informe de CPI también revela que un 57.6 % de los encuestados considera que Boluarte ha sido “muy incapaz” para gobernar, mientras que otro 36 % la califica simplemente como “incapaz”.

    Además, un 70 % pide su renuncia inmediata, frente a un 29 % que prefiere que concluya su mandato el 28 de julio de 2026.

    En declaraciones recientes, Boluarte desestimó los sondeos de opinión y retó a las encuestadoras a colocarle «cero», afirmando que su verdadero termómetro está en las calles. No obstante, otra encuesta publicada por el diario La República, elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), mantiene su desaprobación en 93.9 %, con una aprobación de apenas 3.6 %, consolidándola como la presidenta más impopular de los últimos 13 años.

    Según el IEP, el 39 % de los peruanos se siente indignado por el aumento salarial, el 31 % decepcionado y el 12 % lo percibe como una injusticia.

    La encuesta de CPI fue aplicada entre el 18 y el 24 de julio de 2025, a 1,200 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza del 95.5 % y un margen de error de ±2.8 %.

     

  • Universidad peruana interesada en "ampliar su presencia académica en El Salvador" según la Vicepresidencia

    Universidad peruana interesada en «ampliar su presencia académica en El Salvador» según la Vicepresidencia

    La Universidad César Vallejo (UCV) de la República de Perú estaría interesada en «ampliar su presencia académica a El Salvador» según informó este martes la Vicepresidencia de la República. Representantes de la casa de estudios se reunieron con el vicemandatario salvadoreño, Félix Ulloa.

    La Vicepresidencia salvadoreña afirmó en redes sociales que el fundador de la UCV, César Acuña, expresó a Ulloa su interés de expandir su oferta académica a El Salvador, al reconocer la «transformación que vive el país» con el gobierno.

    Los representantes de la Universidad también estarían atraídos por establecer una alianza con la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) para realizar programas de maestrías y doctorados en gestión pública.

    Además, Acuña habría ofrecido al gobierno salvadoreño becas para que jóvenes salvadoreños estudien de forma presencial en uno de los 12 campus de la UCV en Perú. «Esta colaboración fortalecerá los lazos regionales y abrirá nuevas oportunidades de formación para los jóvenes y los servidores públicos».

    «Durante el encuentro, el Fundador, Sr. César Acuña, expresó su interés en ampliar su presencia académica en El Salvador, reconociendo el contexto de transformación que vive el país». Vicepresidencia de la República de El Salvador.

    La Universidad peruana cuenta con al menos 150,000 estudiantes activos y más de 200,000 egresados. La casa de estudios superiores ofrece pregrados y posgrados en modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

    En el encuentro estuvieron presentes el embajador de El Salvador en Perú, Pablo Caballero Pineda; el vicerrector académico de la UCV, Heraclio Campana y el director general del campus Callao, Raúl Valencia Medina. Asimismo, intervino la directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (Invest), Samadhy Martínez.

  • Perú alerta que minería ilegal mueve siete veces más que narcotráfico

    Perú alerta que minería ilegal mueve siete veces más que narcotráfico

    La minería ilegal en Perú genera siete veces más ingresos que el narcotráfico, alertó este viernes el canciller Elmer Schialer, quien urgió avanzar en la formalización de esta actividad para contener su impacto delictivo y ambiental.

    En declaraciones a la emisora RPP, Schialer se refirió al creciente poder de la minería ilegal, vinculándola con bloqueos de carreteras en regiones como Arequipa y La Libertad, protagonizados por grupos que rechazan el cierre del registro estatal que les permite operar.

    “Vamos a reimponer el principio de autoridad. Dialogaremos con quien quiera dialogar, pero aplicaremos todo el peso de la ley a los dirigentes que impulsan estos reclamos y que ya están identificados”, aseguró el canciller.

    Schialer denunció que los manifestantes reciben unos 120 soles diarios ($33), lo que, dijo, revela un financiamiento “no necesariamente legal” conectado a la minería ilegal. Según el funcionario, quienes financian estas protestas buscan desestabilizar el país sin interés por “la ley ni la paz”, afectando el transporte de alimentos y productos básicos.

    El gobierno peruano reiteró que mantiene abierta la vía del diálogo, pero advirtió sanciones severas para quienes lideran bloqueos y acciones de presión. Expertos relacionan la expansión de la minería ilegal con el alza del precio del oro en mercados nacionales e internacionales.

    De acuerdo con el diario El Comercio, en zonas de la Amazonía peruana, una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro anuales usando mercurio, lo que genera ganancias de hasta $690,000 al año, además de un grave daño ambiental.