Redacción DEM ADMIN

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  • Panamá refuerza la vigilancia epidemiológica por caso de fiebre amarilla en Costa Rica

    Panamá refuerza la vigilancia epidemiológica por caso de fiebre amarilla en Costa Rica

    Las autoridades sanitarias de Panamá dijeron este lunes que se ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todos los puntos de entrada del país centroamericano tras confirmarse en la vecina Costa Rica un caso de fiebre amarilla.

    «En Panamá no se registran casos positivos de fiebre amarilla selvática desde 1974», destaca el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado, en el que reafirma que ahora no hay ningún caso confirmado en el país y recomienda la vacunación contra esta enfermedad viral aguda.

    El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó el domingo un caso positivo de fiebre amarilla en el país, en una paciente estadounidense de 29 años procedente de la región amazónica de Perú.

    «La paciente presentó signos compatibles con la enfermedad y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron el diagnóstico positivo. Actualmente, permanece internada en un hospital estatal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde recibe atención médica especializada», expresa el informe oficial.

    La compañera de la paciente, quien sí cuenta con la vacuna contra la fiebre amarilla, resultó negativa por la enfermedad tras realizarse los análisis de laboratorio, agrega.

    Las autoridades sanitarias panameñas señalan este lunes que la fiebre amarilla es causada por el virus del mismo nombre, que se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados en zonas urbanas, y de Haemagogus spp. y Sabethes spp. en zonas selváticas y boscosas.

    Los casos de la enfermedad pueden ser asintomáticos, leves, moderados, graves o fatales. Cuando aparecen síntomas leves, suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular (con frecuencia en la espalda), pérdida del apetito, náuseas y vómitos. En casos graves, lo anterior puede acompañarse de dolor abdominal, ictericia, sangrados y complicaciones hepáticas y renales, asevera el comunicado del Minsa.

  • El nuevo presidente de Perú lidera operativos en varias cárceles para «golpear el crimen»

    El nuevo presidente de Perú lidera operativos en varias cárceles para «golpear el crimen»

    El nuevo presidente interino de Perú, José Jerí, lideró la madrugada de este sábado un operativo realizado paralelamente en varias cárceles del país, a fin de «golpear al crimen organizado», y el mandatario afirmó que se seguirán realizando estas acciones para frenar los delitos que se gestan desde los penales.

    La Presidencia de Perú informó en la red social X que Jerí, en una de sus primeras acciones como mandatario, lideró desde el penal de Ancón I, ubicado en la región de Lima, este operativo junto al viceministro de Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Jesús Baldeón, y el titular del Instituto Nacional Penitenciario, (INPE), Iván Paredes.

    «Se intervinieron las cárceles Lurigancho (Lima), Trujillo (norte del país) y Challapalca (sur del país), a fin de golpear al crimen organizado que opera desde estos establecimientos penitenciarios», añadió el Ejecutivo junto a imágenes de dichas acciones.

    Por su parte, el INPE agregó que por encargo del presidente continuará realizando operativos de seguridad en penales de todo el país, «para frenar delitos como la extorsión y el sicariato que se gestan desde los penales».

    «Tanto el Gobierno como el INPE redoblan esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Seguiremos combatiendo la delincuencia con firmeza y transparencia, brindando resultados concretos a la población, porque la seguridad del país no se negocia», señaló Paredes.

    La Policía Nacional (PNP) precisó en la red social X que durante la intervención se incautaron equipos que se usarían para coordinar extorsiones desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

    Del mismo modo, reiteró que estas acciones serán sostenidas y permanentes, reforzando la labor de inteligencia policial y penitenciaria.

    «Asimismo, se anunció la creación de una División Especializada en Investigación de Extorsiones, con un equipo dedicado exclusivamente a los casos que afectan a transportistas y empresarios, además del fortalecimiento de la interoperabilidad entre la PNP, el Ministerio Público y el INPE», añadió la PNP.

     

    Lucha contra la inseguridad

    El presidente interino de Perú se reunió la tarde del viernes, su primer día en el cargo, con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el fiscal general interino, Tomás Gálvez; y el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, con el objetivo de ratificar acuerdos que garanticen «una respuesta más eficiente y articulada frente a la criminalidad».

    La Presidencia peruana informó que el encuentro se celebró en el Palacio de Gobierno de Lima, horas después de que el flamante mandatario también convocara a una cita a los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para planificar «acciones coordinadas y efectivas» en la lucha contra el crimen organizado.

    El encuentro con los representantes de los poderes del Estado se concretó con «el objetivo de ratificar los acuerdos establecidos en la última mesa de trabajo multisectorial por la seguridad», anotó la información oficial.

    Las reuniones se produjeron después de que Jerí, quien era presidente del Congreso y asumió la jefatura del Estado por sucesión constitucional tras la destitución el jueves de Dina Boluarte, también convocara a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

    Estas fueron las dos primeras acciones de gobierno del nuevo mandatario, quien tras asumir el cargo durante la madrugada de este viernes, afirmó que el principal mal que aqueja actualmente a su país «es la inseguridad ciudadana».

    El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

  • El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una creciente ola de violencia criminal y con apenas seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026.

    La decisión fue aprobada por 122 votos de un total de 130 congresistas, superando ampliamente los 87 requeridos para proceder con la vacancia. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su derecho de defensa, lo que precipitó el proceso parlamentario.

    Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convirtió en la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, según encuestas recientes. Su salida fue impulsada por agrupaciones que anteriormente la respaldaron, como Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales.

    El Congreso aprobó en bloque cuatro mociones de vacancia, alegando su incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. La situación se agravó tras un ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, que dejó varios heridos durante un concierto en Lima.

    En reemplazo de Boluarte, asumió como presidente interino el titular del Congreso, José Jerí, quien juró “con humildad, empatía y reconciliación nacional”, comprometiéndose a declarar la guerra a las bandas criminales y garantizar un proceso electoral limpio.

    Jerí, de 38 años, se convierte así en el séptimo presidente del país desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.

    Investigaciones en su contra

    Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Entre ellas, destaca el caso “Rolexgate”, por el uso de relojes y joyas no declaradas, así como el presunto favorecimiento en la fuga del exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

    Además, fue señalada por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas mientras no informaba su inhabilitación al Congreso. También es investigada por reuniones irregulares con la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.

    A pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente las investigaciones por su fuero presidencial, su destitución reactiva todos los procesos penales pendientes.

    Una gestión sin respaldo popular

    Sin bancada propia ni partido político, Boluarte sobrevivió políticamente gracias al respaldo de partidos conservadores que le permitieron gobernar durante casi tres años. Sin embargo, las más de 50 muertes en protestas sociales tras su llegada al poder, y su falta de respuesta efectiva ante la violencia criminal, terminaron por erosionar ese apoyo.

    La ahora expresidenta asumió en 2022 tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad institucional en Perú, donde siete presidentes han sido removidos o reemplazados en menos de una década.

     

  • Congreso peruano alista destitución de la presidenta Dina Boluarte a seis meses de elecciones

    Congreso peruano alista destitución de la presidenta Dina Boluarte a seis meses de elecciones

    Las fuerzas políticas que han respaldado a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anticiparon este jueves su intención de destituirla del cargo, a tan solo seis meses de las elecciones generales de 2026.

    Durante la mañana del 9 de octubre, se presentaron tres mociones de vacancia presidencial en el Congreso peruano, solicitando declarar la «incapacidad moral permanente» de Boluarte ante su falta de respuesta efectiva frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

    La presión política aumentó tras un ataque armado durante un concierto de cumbia en un local militar, hecho que puso en evidencia el deterioro de la seguridad pública.

    Entre los partidos que impulsan la destitución figuran Renovación Popular, del alcalde limeño Rafael López Aliaga, y Podemos Perú, liderado por el empresario José Luna, ambos con aspiraciones presidenciales. A ellos se sumaron los partidos Fuerza Popular y APP, aliados tradicionales de Boluarte en el Congreso.

    Investigaciones y escándalos

    Boluarte, considerada la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, enfrenta múltiples investigaciones judiciales:

    «Rolexgate»: por presunto enriquecimiento ilícito al recibir relojes de lujo como favores políticos.
    Encubrimiento: por supuestamente facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.
    Irregularidades médicas: por no notificar su ausencia al someterse en secreto a cirugías estéticas, mientras se firmaban decretos con supuestas firmas falsas.
    Represión violenta: por la muerte de más de 50 manifestantes entre 2022 y 2023.

    A pesar de haber sobrevivido a seis mociones anteriores de vacancia, los partidos que antes la blindaban ahora amenazan con retirarle su apoyo. “La vacancia es inminente”, declaró el congresista opositor Jaime Quito, de Perú Libre.

    Para destituir a la presidenta se necesitan: 33 firmas para iniciar el proceso, 52 votos para admitir la moción y 87 votos (dos tercios del Congreso) para aprobar la destitución.

    De concretarse la vacancia, asumiría la presidencia interina José Jerí, actual presidente del Congreso y miembro del partido Somos Perú, hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026.

    Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022, tras la destitución y fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta. Su eventual salida la convertiría en la cuarta presidenta destituida por «incapacidad moral» desde 2018, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y el mismo Castillo.

     

  • El papa dice que la inteligencia artificial jamás reemplazará la cercanía de un médico

    El papa dice que la inteligencia artificial jamás reemplazará la cercanía de un médico

    El papa León XIV afirmó este miércoles que el uso «de la inteligencia artificial en medicina puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrá ocupar el lugar del médico» y «un gesto de cercanía o una palabra de consuelo».

    Así lo indicó al recibir este miércoles en el Vaticano a la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), «un organismo que representa a más de dos millones de médicos que trabajan para hacer llegar una asistencia sanitaria de calidad a todos los rincones de sus países».

    «El diálogo, la comunicación y el contacto físico siempre han de estar presentes en la relación terapéutica, más allá de los instrumentos y herramientas que se utilicen para tratar las enfermedades», agregó el papa estadounidense y también peruano.

    Y recordó que «son muchas las figuras de médicos que han sabido dedicar sus vidas al bien de sus pacientes» y entre ellos destacó al venezolano José Gregorio Hernández, que será canonizado el 19 de octubre, y que es un buen ejemplo para ustedes, pues supo compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados, lo que le valió el título de ‘médico de los pobres’».

    «(La inteligencia artificial en medicina) puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque ustedes son reservas de amor, que llevan serenidad y esperanza a los que sufren», agregó.

    «El algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo», concluyó.

  • Honduras denuncia supuestas incursiones de la Marina Nacional salvadoreña en aguas del Golfo de Fonseca

    Honduras denuncia supuestas incursiones de la Marina Nacional salvadoreña en aguas del Golfo de Fonseca

    Las Fuerzas Armadas de Honduras denunciaron que embarcaciones de la Marina Nacional de El Salvador supuestamente “invadió” en dos ocasiones las aguas marítimas de su jurisdicción en el Golfo de Fonseca el pasado miércoles y jueves, en el marco de la “Operación Coordinada Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Sur Fase V”, que Honduras ejecuta junto con Nicaragua.

    El comunicado, publicado en la cuenta de la red social X del Ejército hondureño, señala que a las 11:30 de la mañana del pasado miércoles el guardacostas Guaymuras reportó la presencia del guardacostas (buque militar) PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador en coordenadas de soberanía hondureña.


    Según la denuncia, la nave salvadoreña adoptó una “posición beligerante” frente a la unidad naval hondureña.

    Las autoridades militares indicaron que la tripulación hondureña exigió a la nave salvadoreña abandonar sus aguas y reforzaron su presencia con dos Unidades de Respuesta Rápida artilladas y el guardacostas Hondureño. El retiro de la embarcación salvadoreña se produjo a las 5:20 de la tarde de este día, de acuerdo al comunicado de las milicias hondureñas.

    Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades salvadoreñas no han emitido ningún comunicado oficial respecto al incidente mencionado.

    Denuncian segunda incursión

    La Fuerza Armada de Honduras también lanzó otro comunicado durante la mañana de este viernes donde denunciaron que unidades de la Marina de El Salvador ingresaron por segunda ocasión en sus aguas jurisdiccionales, esta vez el jueves 25 de septiembre, un día después del primer incidente registrado en la zona.

    De acuerdo con el comunicado, a las 8:13 de la mañana el guardacostas PM-8 salvadoreño cruzó territorio marítimo hondureño y penetró también en aguas jurisdiccionales de Nicaragua, lo que llevó a ese país a enviar una embarcación para escoltarlo fuera de sus límites.

    Sin embargo, a las 10:20 de la mañana, el navío salvadoreño volvió a incursionar en aguas hondureñas, según la milicia del vecino país, acompañado más tarde por el guardacostas PM-15 y una Unidad de Respuesta Rápida (URR), que permanecieron en el área hasta las 4:45 de la tarde momento en que se retiraron hacia aguas que El Salvador no reconoce como hondureñas.

    La Fuerza Naval de Honduras aseguró que emitió varias advertencias por radio para exigir la salida de las embarcaciones, sin obtener respuesta.

    “Al hacer caso omiso, la Fuerza Naval de Honduras incrementó su presencia con el Guardacostas Honduras y dos unidades de respuesta rápida (URR artilladas) sumando en el área dos Guardacostas y cuatro URR artilladas, asimismo, se han realizado vuelos de reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea Hondureña para constatar la invasión en aguas territoriales hondureñas”, se explica en el comunicado.

    Tras estos incidentes que denunciaron por segunda vez, el Ejército hondureño dice estar en «máxima alerta». 

     

    El Golfo de Fonseca es un entrante protegido en la zona oriental de El Salvador, que también colinda con la parte sur de Honduras y parte norte de Nicaragua.

    La Corte Internacional de Justicia delineó las fronteras terrestres y marítimas entre Honduras y El Salvador en fallos emitidos en 1992 y 2007. Estos países entraron en conflicto en julio de 1969, debido a una disputa limítrofe y migratoria que los mantuvo distanciados por once años.

    En 1980, firmaron un tratado de paz en Lima, Perú, con el objetivo de buscar un acuerdo bilateral en los siguientes cinco años. Al no lograrlo, el caso fue presentado ante la CIJ.

    El Ejército hondureño mantiene vigilancia permanente en el Golfo de Fonseca y de la Isla Conejo, un islote que ha sido disputado por ambas naciones y que Honduras ha reclamado como suya.

     

  • Contaminación en el lago Titicaca provoca migración y pérdida de pesca

    Contaminación en el lago Titicaca provoca migración y pérdida de pesca

    La contaminación en el lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto del mundo compartido por Bolivia y Perú, ha alcanzado niveles alarmantes. En sus zonas menos profundas la pesca prácticamente ha desaparecido, lo que impulsa la migración de habitantes ante la degradación de los ecosistemas, agravada por el cambio climático.

    La parte más afectada es el denominado lago menor, ubicado al sudeste con unos 2,000 kilómetros cuadrados, separado del lago mayor —de más de 6,000 kilómetros cuadrados— por el estrecho de Tiquina. En algunas áreas de este sector, la profundidad no supera los 50 centímetros, como ocurre en la bahía de Cohana, debido a la sequía de los últimos años.

    Cohana se ha convertido en el punto crítico, ya que allí desemboca el río Katari, que arrastra aguas residuales e industriales de la ciudad de El Alto, con cerca de un millón de habitantes, además de la vecina Viacha.

    “La vida en el lago está triste, se están perdiendo los peces, los totorales están quemados, el agua es turbia”, lamentó a EFE Oscar Limachi, líder indígena de Quehuaya. También advirtió que “por causa de la contaminación hay mucha migración”, ya que la pesca dejó de ser el sustento de las familias.

    Antes era común ver pescadores capturando especies nativas como el karachi o el mauri, pero hoy la actividad ha desaparecido. El agua es oscura, pestilente y en la superficie se acumula vegetación en descomposición, mientras en el fondo se forma una sustancia negra que también daña la totora, utilizada para alimentar ganado y elaborar artesanías.

    De acuerdo con Xavier Lazzaro, investigador de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), la principal causa de la degradación es la actividad humana: vertidos urbanos, residuos industriales y minería. El fósforo de los detergentes alimenta microalgas que al morir generan pérdida de oxígeno y sulfuro de hidrógeno, un compuesto que “tiene el poder de matar peces, ranas y aves”.

    La isla Sicuya, la más pequeña del Titicaca con menos de 300 habitantes, refleja este deterioro. Su población estudiantil se redujo drásticamente y muchas casas están abandonadas.

    “No hay pescado por aquí, esa contaminación ha hecho perder los peces (…) antes el agua era transparente, hace 15 años era linda”, recordó Santiago Quispe, autoridad local.

    Los comunarios temen que la situación empeore por la actividad minera en la cordillera, donde se lavan minerales como oro. Hasta ahora, los proyectos estatales de tratamiento de aguas residuales han resultado insuficientes, con retrasos en la modernización de plantas y poca eficacia en las acciones de mitigación ambiental, según advierten estudios de organizaciones privadas como Fundación Tierra.

     

  • El Salvador y Perú realizaron cuarta ronda de negociaciones para firmar un tratado comercial

    El Salvador y Perú realizaron cuarta ronda de negociaciones para firmar un tratado comercial

    El Salvador y Perú realizaron este jueves la cuarta ronda de negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC), informó el gobierno peruano a través de un comunicado.

    La publicación, divulgada la mañana del 18 de septiembre, señala que el encuentro fue precedido por el Ministerio de Relaciones de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú en la ciudad de Lima.

    El gobierno peruano dijo que los funcionarios participaron en mesas técnicas relacionadas con la reglas de origen, propiedad intelectual y servicios.

    En torno a la firma del TLC, también se trató el tema de inversión, solución de controversias y revisión digital.

    Según Perú, el acuerdo comercial sumará disposiciones sobre acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como los obstáculos técnicos en el comercio y la entrada temporal de empresarios.

    El TLC abarcará el comercio electrónico, compras estatales, facilitación de comercio y procedimientos aduaneros.

    La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, aseguró que las reuniones previas han dejado “avances significativos” en las negociaciones.

    “Estoy convencida que, con esta voluntad, seguiremos avanzando decididamente en beneficio de nuestros ciudadanos”, añadió León Chempén en la publicación.

    Perú ve en El Salvador una oportunidad clave para ampliar la presencia de productos peruanos en Centroamérica.

     

    Antecedente

    Las prácticas para un tratado comercial entre Perú y El Salvador datan de 2010, pero el tema volvió a estar en la palestra en agosto de 2024, cuando ambos gobiernos confirmaron que el diálogo se activaría.

    En febrero de 2025, el gobierno peruano acordó reiniciar las negociaciones y cuatro meses después el embajador de Perú en El Salvador, José Antonio Rosado La Torre, no descartó que el TLC se firmara antes de finalizar el 2025.

    A julio de este año, Perú se ha mantenido como el socio comercial número 12 para los exportadores salvadoreños. Este país acumuló $36.7 millones en compra de bienes salvadoreños, un 0.9 % de los más de $4,059 millones que se vendieron a todo el mundo.

    Según el Banco Central de Reserva (BCR), a nivel de importaciones el peso de Perú es mucho más marcado, pues en los primeros siete meses del año el país adquirió $54.9 millones de las empresas peruanas aunque se constituyó en la posición 24 entre los principales socios comerciales.

  • Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado este miércoles a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia en su contra por actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

    La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que Toledo utilizó la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug, para adquirir propiedades en Lima y Tumbes con dinero ilícito transferido por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en forma de sobornos.

    La condena alcanza también a su esposa, Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug, aunque en el caso de Karp y Fernenbug se reservó el proceso al ser consideradas reos en rebeldía, al encontrarse fuera del país. Además, David Esquenazi recibió 11 años de prisión como cómplice, mientras que Dan On fue sentenciado a 13 años y 4 meses.

    Actualmente, Toledo, de 79 años, cumple una primera condena de 20 años en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Ese proceso está relacionado con los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.

    Durante la audiencia virtual, Toledo se declaró “desilusionado” con el sistema judicial, expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.

    El tribunal, sin embargo, señaló que estaba probado que los fondos ilícitos sirvieron para cancelar hipotecas en sus residencias y que no existe justificación lícita para dichos recursos.

    La sala concluyó que Toledo, junto a su testaferro Josef Maiman y Avraham Dan On, se valió de empresas en Costa Rica y transferencias desde cuentas en Suiza para dar apariencia de legalidad a los sobornos. Entre 2006 y 2010, las operaciones simuladas confirmaron el acuerdo ilícito con Odebrecht y Camargo Correa.

    Según la legislación peruana, Toledo podría solicitar arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando cumpla 80 años, en virtud de la ley humanitaria aprobada en 2023.

     

  • Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    La Fiscalía de Perú registró este miércoles la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja, como parte de una investigación que lo señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y ocultamiento de pruebas.

    El operativo, denominado “Ícaro”, se extendió a oficinas en Lima y Ayacucho, incluidas instalaciones relacionadas con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es considerado cercano a la mandataria. Según la investigación, la minera El Dorado habría entregado sobornos a Santiváñez, cuando este era ministro del Interior, a cambio de recuperar el control de dos minas mediante operaciones policiales ficticias.

    La Fiscalía sostiene además que Nicanor Boluarte habría recibido pagos ilegales por mantener a generales de la Policía en sus cargos y por favorecer a la empresa minera. El caso se produce en vísperas de que el Tribunal Constitucional evalúe recursos legales presentados por él, tras haber cumplido dos meses de prisión preventiva en el marco del escándalo denominado “Waykis en la Sombra”.

    El abogado del hermano de la mandataria, Luis Vivanco, rechazó los señalamientos y calificó las investigaciones como un “abuso” de la Fiscalía. Aseguró que su cliente “no tiene nada que ver con una minera” y que “no conoce” a Santiváñez.

    La presidenta Dina Boluarte respondió con dureza, denunciando que el proceso busca debilitar a su administración. “Yo sé que no es contra él, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza. La familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna”, afirmó desde el Palacio de Gobierno, durante un acto por el Día de la Defensa, acompañada de varios ministros, entre ellos el propio Santiváñez.

    El recién nombrado ministro de Justicia también enfrenta restricciones judiciales: tiene prohibido salir del país mientras es investigado por un presunto intento de soborno al Tribunal Constitucional en 2021, cuando era abogado de un exoficial de policía vinculado al crimen organizado.

    La crisis estalla en un momento político delicado para el gobierno de Boluarte, que denuncia un uso instrumental de la Fiscalía con el fin de “tumbar” su mandato, mientras el país sigue inmerso en tensiones institucionales y protestas sociales.