El gobierno salvadoreño prevé transferir, durante el año 2026, un total de $90,003,9559 hacia el presupuesto extraordinario de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027.
La institución electoral ya pidió más de $130 millones solo para las elecciones municipales y legislativas.
Según el proyecto de Ley de presupuesto 2026, el gobierno ha considerado dos transferencias para el presupuesto de elecciones. Ambas están previstas en el ramo de Hacienda, en el apartado de «obligaciones generales del Estado».
El primer monto presupuestado por Hacienda asciende a $85,399,905 y el segundo a $4,604,050, clasificados como «provisión para transferir recursos al presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2027».
Hace unos meses, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envío al Ministerio de Hacienda el presupuesto especial extraordinario por más de $130 millones. Fuentes internas de la institución aseguraron que más de $100 millones fueron solicitados para el voto nacional y cerca de $40 millones para el voto en el extranjero.
Sin embargo, en ese momento se planificó solo para las elecciones legislativas y municipales, ahora la entidad electoral se encuentra diseñando un presupuesto extra para la elección de presidente y vicepresidente.
Esta medida fue acordada por el organismo colegiado, luego que la Asamblea Legislativa acortara el actual periodo presidencial e hiciera que la próxima elección presidencial coincidiera con la legislativa y municipal de 2027.
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Fuentes internas han dicho a El Mundo que el organismo también decidió dejar la planificación inicial del Plan General de Elecciones (Plagel) y el calendario electoral y solo agregar los plazos y actividades correspondientes a la elección presidencial.
El monto final del presupuesto debe ser presentado al Ministerio de Hacienda para que esté sea estudiado por la Asamblea Legislativa y será el Primer Órgano del Estado el que determine la cifra final que otorgará al Tribunal para los comicios de 2027.
Con el presupuesto, el TSE deberá contratar empresas para impresiones de papeletas, las desarrolladoras y auditoras del voto electrónico para el exterior, alquiler de locales, pago de empleados temporal y demás obligaciones.
