El precio de la canasta básica alimentaria (CBA) bajó ocho centavos en la zona urbana, pero en la rural experimentó un nuevo incremento que la colocó en su valor más alto en dos años, informó la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec).
La última actualización de la Onec señala que el precio de la canasta alimentaria urbana se ubicó en $250.71 en septiembre, ocho centavos menos en comparación con los $250.79 de agosto, alcanzando así su nivel más bajo desde junio pasado.
Por el contrario, la canasta básica rural -donde viven las familias con menores ingresos- aumentó $1.50, hasta $190.93 en septiembre, el precio más alto registrado desde octubre de 2023.
La canasta básica es uno de los indicadores utilizados para medir la pobreza monetaria, aunque la metodología vigente en El Salvador data de 1983, la más desfasada de Centroamérica. Este método considera 22 productos para la zona urbana y 15 para la rural, donde se excluyen los vegetales, pese a ser parte esencial de la dieta de los salvadoreños.
¿Qué cambió de precio?
De acuerdo con la Onec, en la zona rural aumentó el precio de la ración de tortillas y carnes -res, cerdo y ave-. También se encarecieron las grasas -aceite, margarina y manteca vegetal-, así como los huevos y los frijoles.
En cambio, hubo una reducción en el precio del arroz, las frutas -naranja, plátano y guineo-, y el azúcar.
En la zona urbana, se incrementó el costo del pan francés, las tortillas, las carnes, las grasas y los frijoles, mientras que bajaron los precios del arroz, el azúcar, las frutas y las verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo).
La Onec señaló que el precio de la leche fluida se mantuvo estable a nivel nacional.
Asimismo, el costo promedio de la cocción de alimentos, que representa el 10 % de la CBA, aumentó en la zona rural pero disminuyó en la urbana.
El principal método energético de las familias salvadoreñas sigue siendo el gas propano, aunque el VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda reveló que uno de cada 10 hogares aún utiliza leña o carbón para preparar sus alimentos.
Uno de cada 10 hogares salvadoreños aún utiliza leña o carbón para preparar sus alimentos, según el VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda.
Como era de esperarse, el principal método para preparar alimentos en los hogares salvadoreños es el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por más de 1.56 millones de familias. Estos representan un 86.7 % del total nacional y dejan un 13.2 % de hogares que emplean otros métodos, como leña, carbón, compostaje o energía eléctrica.
La compra de GLP es más asequible para los hogares salvadoreños, considerando que su venta se encuentra subvencionada para un millón de familias, además de una estabilización de precios que mantiene fijados los valores hasta mayo de 2026.
Leña y otros métodos para cocinar
El Censo 2024 encontró 180,375 familias que usan leña (9.9 %), mientras 227 hogares (0.01 %) aún utilizan carbón, haciendo un total de 180,602 familias.
El uso de leña es común en las comunidades rurales, donde es más fácil y más económico conseguir madera para preparar los alimentos, aunque dañe la salud respiratoria de las personas.
A pesar de que se consideran caras y de alto consumo, las cocinas eléctricas se encuentran en 18,812 hogares, apenas el 1 % del total nacional.
También se identificaron 59 hogares salvadoreños que utilizan compostaje.
El informe final detalla que 717 hogares respondieron tener “otro” método para preparar alimentos, así como 23,062 indicaron que no cocinan y 16,547 no respondieron.
De acuerdo con el Censo, el departamento de Ahuachapán tiene la mayor cantidad de hogares que cocinan con leña, un 12 % del total nacional. Le siguen Sonsonate, con 19,241 hogares, y San Miguel, con 17,838.
¿Cuántos hogares por departamentos aún cocinan con leña?
El 32.2 % de los salvadoreños que viven en pobreza tiene menores de 16 años y superaron los 582,000 en 2024, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
El Banco Central de Reserva (BCR) se encuentra en proceso de actualizar la metodología de la EHPM con el VII Censo de Población, pero los resultados del último estudio es una fotografía de cómo viven los salvadoreños en aspectos de pobreza, educación, empleo e ingresos.
De acuerdo con la EHPM 2024, al menos 114,097 salvadoreños salieron de las filas de la pobreza el año pasado, cuando sumaron 1.8 millones, un 6 % menos en comparación con los 1.92 millones de 2023.
¿Quiénes están detrás de esas cifras?
El documento señala que 582,882 de las personas viviendo en pobreza son menores de 16 años, quienes representan el 38.8 % de los 1.5 millones de jóvenes y niños que tiene el país.
Esta cifra, sin embargo, disminuyó en 52,701 en relación con los 635,583 jóvenes y niños registrados en 2023.
La mayoría de los menores de edad en pobreza se encuentran en condición relativa, un término que en la metodología de pobreza monetaria hace referencia a la población que no puede comprar una canasta básica ampliada (dos canastas).
Según la EHPM, 383,953 menores vivían en pobreza relativa, un 65.8 % del total. Además, hubo una reducción de 56,532 en comparación con los 440,485 de 2023.
En pobreza extrema, en tanto, viven 198,930 niños y jóvenes salvadoreños. Estos aumentaron en 3,832 frente a los 195,098 identificados en la EHPM 2023.
Del total de menores en pobreza, 337,444 fueron hombres y representaron un 53 %, mientras que las niñas sumaron 298,139, un 46.9 %.
Rostro de mujer
Más de un millón de mujeres viven en pobreza, un 55.2 % del total de personas en esta situación en 2024. Esta cifra supera por mucho a los 809,172 hombres en los cordones de pobreza.
La mayoría vive en pobreza relativa, con 666,224 mujeres salvadoreñas, mientras que en extrema se encuentran 333,809.
Frente a 2023, hubo una reducción de 47,251 mujeres en pobreza. En los hombres la disminución fue más notable, de 66,846.
Además, la EHPM 2024 destaca que 638,360 salvadoreños en pobreza son económicamente activos, es decir, que tienen edad para desempeñar una actividad económica. De estos, 576,337 están ocupados (empleo formal o informal) y 62,029 son desocupados (desempleados).
La población económicamente inactiva en pobreza sumó 587,957. Esta categoría corresponde a personas en edad de trabajar, pero no trabaja ni busca activamente un empleo.
La desnutrición infantil y el hambre se han disparado en Haití, alcanzando niveles alarmantes en el país caribeño. Según los datos recientes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un 51 % de la población total sufre niveles agudos de hambre, lo que representa un aumento del 3 % con respecto al año pasado, alcanzando una cifra histórica de 5,7 millones de personas.
El informe del PMA, basado en la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), destaca que las tasas de malnutrición han aumentado, particularmente entre los niños menores de cinco años. Además, mujeres, niños y familias desplazadas son los grupos más vulnerables en el contexto de la prolongada crisis política, social y económica de Haití.
La crisis se ve alimentada por varios factores, entre ellos la violencia armada, el deterioro económico, la inflación persistente y la escasa producción agrícola. Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en los primeros ocho meses del año, 4.239 personas fueron asesinadas en el país. Además, el PMA advierte que, si la situación persiste, más de 5,9 millones de personas podrían enfrentarse a una inseguridad alimentaria aún más grave para marzo de 2026.
Las zonas más afectadas son los departamentos del Noroeste y el Oeste, incluida la capital, Puerto Príncipe, donde las tasas de malnutrición han llegado a niveles críticos (fase 4 o superiores). Las familias desplazadas por la violencia armada, que suman aproximadamente 1,3 millones de personas, son las más afectadas, especialmente aquellas refugiadas en escuelas y edificios públicos, donde las condiciones de hacinamiento e insalubridad agravan el riesgo de desnutrición infantil.
La directora del PMA en Haití, Wanja Kaaria, destacó que, a pesar de los esfuerzos para aumentar la ayuda alimentaria, las necesidades siguen superando los recursos disponibles. Este año, el PMA ha logrado alcanzar a 2,2 millones de haitianos, pero las carencias siguen siendo enormes. Según Kaaria, «si esto continúa, las familias podrían caer aún más en el hambre, y simplemente no tenemos los recursos para satisfacer todas las necesidades crecientes».
A pesar de la creciente demanda, la asistencia alimentaria ha permitido que unas 8.400 personas desplazadas pasen de niveles de hambre catastróficos (CIF 5) a niveles de emergencia (CIF 4), lo que evidencia el impacto positivo de los esfuerzos de ayuda, aunque limitados. Desde abril de 2025, la asistencia alimentaria regular ha reducido el número de haitianos con inseguridad alimentaria de nivel emergencia (CIF 4) en aproximadamente 200.000.
El PMA subraya la importancia de un apoyo sostenido y predecible para continuar reduciendo la inseguridad alimentaria y abordar las causas profundas del hambre. Además, el organismo de la ONU ha solicitado 139 millones de dólares para los próximos 12 meses, con el fin de llegar a las familias más vulnerables del país.
La pobreza en El Salvador se redujo un 5.9 % en 2024, luego de que 114,097 personas salieran de este nivel económico, según datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM).
El documento, divulgado por el Banco Central de Reserva (BCR) este 30 de septiembre, señala que en 2024 más de 1.8 millones de personas fueron catalogadas en algún nivel de pobreza.
La pobreza se mide entre relativa y extrema, la primera, según el BCR, es aquella en donde los hogares tienen ingresos mayores al costo de la canasta básica alimentaria (CBA) pero son menores al costo de la canasta ampliada (CA) -conformada por dos CBA-.
Por su parte, la pobreza extrema es aquella en donde los ingresos de la población son menores al costo de la CBA.
El Banco Central revela que al cierre de 2024 al menos 1.1 millones de personas se posicionaron en el umbral de la pobreza relativa, unas 135,452 personas menos que las más de 1.3 millones que conformaron este grupo en 2023.
Mientras tanto, la población en el nivel de pobreza extrema incrementó un 3.6 %, al totalizar 610,272 personas. Es decir que en el último año al menos 21,355 personas se integraron a este grupo.
Porción
El gobierno plantea que de los más de 6.35 millones de habitantes en El Salvador, 4.54 millones están fuera de pobreza, un 71.5 % del total. Por su parte un 9.6 % de la población padece extrema pobreza y un 18.9 % se encuentra en una pobreza relativa.
En general, de los más de 6.3 millones de habitantes en El Salvador, un 28.5 % padeció pobreza en 2024, cerca de dos puntos porcentuales por debajo del 30.3 % de la población que cayó en esta situación durante 2023.
La EHPM de 2024 plantea que en ese año un 54.9 % de personas en extrema pobreza fueron mujeres, es decir 333,809 personas; por su parte, un 45.3 %, cuyos ingresos son más bajos que la CBA, fueron hombres.
A nivel de hogares, de los más de 2 millones la Encuesta de Hogares señala que un 9.08 % se encuentran en extrema pobreza y un 16.72 % en pobreza relativa.
Ocupados
Según el gobierno, un 35.2 % de la población en pobreza se categoriza como población económicamente activa (PEA) entre ocupados y desocupados, mientras que un 32.4 % es parte de la población económicamente inactiva (PEI).
Los datos apuntan a que también hay 582,882 menores de 16 años viviendo en pobreza en El Salvador, un 32.2 % del total de personas pobres que residen en el país.
Ser ucraniano hoy significa elegir entre una supervivencia precaria lejos de casa o volver a zonas cercanas al frente, arriesgando la vida. En algunos casos, los desplazados incluso regresan a territorios ocupados por Rusia, renunciando a su identidad nacional para sobrevivir.
Ucrania continúa siendo una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Desde febrero de 2022, 6.8 millones de personas huyeron del país y otras 3.6 millones permanecen desplazadas internamente. Según organismos internacionales, el 40 % de la población necesita ayuda humanitaria urgente.
Más del 80 % de los desplazados dependen de asistencia externa, pero el acceso a servicios se redujo drásticamente: de 2.5 millones de beneficiados en 2023 a solo 1 millón en agosto de 2024. Además, más de 200,000 personas tuvieron que huir de sus hogares en la segunda mitad de 2024 debido a la intensificación de los combates.
El panorama económico agrava la crisis. Nueve millones de ucranianos viven en la pobreza y en regiones cercanas al frente, como Jersón, Járkov, Mikolaiv, Sumi y Donetsk, el desempleo registrado llega al 22 %. La falta de empleo y el alza en los precios dificultan la alimentación adecuada: un 15 % de la población necesita ayuda inmediata para comer.
Los ataques a la infraestructura energética afectan hospitales, acceso a medicamentos, agua y calefacción. Los más vulnerables son los adultos mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad. La educación también colapsó: escuelas destruidas, centros convertidos en refugios y clases virtuales interrumpidas por cortes de electricidad dejaron a miles de niños sin acceso a la enseñanza.
El impacto psicológico es devastador. La Organización Mundial de la Salud estima que 10 millones de personas podrían sufrir trastornos mentales a corto y mediano plazo.
“La atención a la salud mental, especialmente de niños y adolescentes, es una prioridad”, indicó Acción contra el Hambre, que desde 2022 brinda apoyo en salud, seguridad alimentaria, agua y saneamiento en regiones como Dnipro, Donetsk, Zaporiia, Járkov y Sumi, llegando en 2023 a más de 675,000 personas.
Sin embargo, la reducción de fondos internacionales amenaza la asistencia. La suspensión de $2,600 millones en financiamiento estadounidense podría empeorar la crisis.
A pesar de los riesgos de ataques, drones, minas terrestres y restos explosivos, trabajadores humanitarios continúan arriesgando sus vidas para llevar ayuda, pero advierten que solo podrán hacerlo si cuentan con el respaldo de la comunidad internacional.
A cinco años de la meta, El Salvador aún tiene mayores retrasos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con hambre cero, y salud y bienestar, según una evaluación publicada por Naciones Unidas.
El Informe sobre Desarrollo Sostenible 2025, publicado el 14 de julio pasado, rastrea el desempeño de 193 Estados miembros de Naciones Unidas de los 17 ODS, que se adoptaron hace 10 años y cuya meta de cumplimiento se fijó para 2030.
Naciones Unidas señaló que la edición de este año fue elaborada por un grupo de expertos independientes del Centro de Transformación de los ODS, quienes revisaron más de 200,000 puntos de datos individuales para generar los perfiles por países.
De acuerdo con la radiografía, El Salvador se ubica en el puesto 86 entre los 167 países evaluados, con una nota de 68.44 de cumplimiento de 100 puntos posibles.
El Salvador tiene el segundo avance más significativo de Centroamérica, superado solo por Costa Rica que se ubica en el puesto 60 con una nota de 73.4 puntos.
Panamá se ubica en el puesto 89 (68.2), Nicaragua en el 108 (64.8), Honduras en el 125 (61.7 %) y Guatemala hasta el peldaño 127 (59.9).
¿Cómo salió El Salvador?
Cada ODS se compone de sus propias metas, que suman 169.
Ninguno de los 17 ODS aparece con cumplimiento al 100 %. Cinco se clasificaron en color amarillo, que denota “desafíos pendientes”, seis en rojo que significa “mayores desafíos”, y seis en color naranja, asignado cuando hay “desafíos significativos”.
El Salvador aparece en rojo en el ODS 2 de hambre cero. Dicho ODS se plantea un mundo libre de hambre para 2030, además de poner fin a todas las formas de malnutrición, duplicar la productividad agrícola y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción.
Según el documento, los desafíos de El Salvador se encuentran en la meta de prevalencia de la obesidad en la población adulta, así como una reducción en las exportaciones de plaguicidas peligrosos (toneladas por millón de habitantes).
Dentro de este ODS también hay avances positivos en la meta de reducción de prevalencia de desnutrición, prevalencia de emancipación (bajo peso) en niños menores a cinco años y rendimiento de cereales por tierra cosechada.
La población que depende de la agricultura vive en condiciones de más pobreza, sobre todo cuando sufren pérdidas por eventos climáticos extremos. /DEM
El Salvador también salió en rojo en el ODS 3 de salud y bienestar, que básicamente consiste en mejorar la salud de las personas para 2030. Si bien el país mostró avances en las metas relacionadas con la mortalidad materna y en niños menores de cinco años, tiene grandes desafíos en las muertes por tráfico y la tasa de fecundidad en adolescentes por cada 1,000 mujeres de 15 años.
De igual manera, El Salvador salió con desafíos pendientes en el ODS 9 vinculado a la industria, innovación e infraestructura; el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles; el ODS 14 de vida submarina; y el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas.
En el ODS 9, el país mostró bajo desempeño por la baja publicación de estudios académicos, investigaciones científicas y patentes.
En el ODS 14, la baja calificación es en la meta de superficie media protegida en sitios importantes por la diversidad, mientras que el ODS 16 es por un empeoramiento en la libertad de prensa.
Con esa firmeza responde Zenaida Sorto, una de las mujeres líderes en la restauración del bosque de mangle en la Barra de Santiago, en Ahuachapán. A Sorto no le importan ni el calor ni el lodo: tiene claro que sin reforestación de los humedales, no hay vida posible.
“Nos ha abundado bastante donde hemos reforestado”, afirma con una sonrisa mientras observa a un grupo de visitantes recorrer uno de los terrenos rescatados con apoyo de una póliza ambiental de Davivienda. Se trata de un modelo de restauración que ha sido tan exitoso que ya se replica en Honduras y Costa Rica.
Zenaida Sorto es parte de AMBAS, el socio local de Davivienda. La mujer, originaria de La Unión, ha trabajado por casi una década en el rescate del manglar en Ahuachapán. /Alexander Montes
Resurgir de un bosque
El proyecto comenzó en 2018, cuando Davivienda —a través de su filial Davivienda Seguros— lanzó un programa de restauración del manglar en alianza con la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de la Barra de Santiago (AMBAS). Desde entonces, Sorto ha acompañado el proceso, primero como tesorera de AMBAS y luego con manos en la siembra, la preparación de semillas y el trabajo de campo.
En la Barra de Santiago hay manglares blanco, rojo y negro. Algunos crecen hasta el 15 metros. /Alexander Montes
El modelo funciona de forma sencilla pero efectiva: Davivienda destina recursos del seguro de vida para financiar el rescate del ecosistema, mientras que AMBAS contrata a personas de la comunidad para cultivar, sembrar y cuidar las plántulas. Así, además de regenerar el bosque, se generan empleos locales para familias que dependen de la pesca artesanal.
La transformación es visible. Donde antes había suelo árido, hoy crecen árboles de más de 15 metros de altura.
Un manglar es “fuente de vida tanto para el humano como para las aves silvestre, que algunas están en riesgo de extinción”, dice Sorto.
También es hogar de especies en riesgo de extinción, como el cangrejo azul, un símbolo de la lucha ambiental en las costas salvadoreñas. “Poco a poco se ha ido gestionando, esta especie se ha ido reproduciendo”, agrega don José Manuel, quien asegura que la comunidad está comprometida a no cazarlo. “Al contrario, nosotros lo protegemos”, dijo.
El cangrejo azul ha logrado reproducirse en en las hectáreas recuperadas por Davivienda, una especie protegida por los habitantes por su riesgo a desaparecer. /Alexander Montes
AMBAS ha recuperado 13 de 25 hectáreas que requieren intervención humana para regenerar el bosque arrasado por una tormenta en 1980. En los siguientes años, los habitantes construyeron un acceso hacia la costa, que dañó la composición hidrológica del lugar y se perdió el hogar para decenas de especies de animales.
Davivienda intervino ocho hectáreas que entregó oficialmente a la comunidad, terrenos que ahora tienen vida de especies marinas y reptiles, donde se sembraron 26,200 plántulas, además de generar 59,800 plántulas en vivero y 1,800 metros lineales habilitados.
Los trabajadores de AMBAS hacen canales en el bosque recuperado para que mantenga agua suficiente para el crecimiento de las nuevas plantas. /Alexander Montes
Detrás del trabajo técnico también estuvo la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), quienes generaron información sobre el estado del ecosistema, al tiempo que diseñaron un plan de manejo y activaron un sistema de monitoreo.
Un éxito que cruza fronteras
La póliza de Davivienda ha traído tanto a personas, como clientes corporativos, donde un colegio sentó un precedente al asegurar a sus profesores. “Nuestro propósito es claro: hacer del mundo una casa más próspera, incluyente y verde”, afirmó Rafael Puente, director de Davivienda Seguros.
Representantes de Davivienda, la cooperación alemana, Fundemas y AMBAS en la entrega oficial de ocho hectáreas reforestadas del bosque de mangle el 25 de julio de 2025. /Alexander Montes
El impacto ha sido tan positivo que Grupo Bolívar —matriz de Davivienda— decidió replicar el modelo en Honduras y Costa Rica, adaptándolo a las necesidades de cada territorio.
“Estamos diseñando productos financieros y coberturas de protección que no solo responden al presente, sino que anticipan el futuro”, agregó Puente.
Mientras que un bosque continental consume una tonelada de carbono, un manglar almacena tres veces más. Además, son barreras costeras que protegen a El Salvador de desastres naturales, como tormentas o subidas del mar.
El cocodrilo es el «rey» del manglar, animales que pasan la mayor parte del tiempo descansando para reservar energías. /Alexander Montes
Sin embargo, son ecosistemas incomprendidos porque usualmente se relacionan con zonas sucias y cordones de pobreza, donde la “propuesta de valor” es la construcción de proyectos urbanísticos para generar riqueza.
Los habitantes de Barra de Santiago dependen de la pesca artesanal o viajes en lancha para los turistas, uno de los corredores de mayor pobreza en El Salvador. /Alexander Montes
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el país hay 39,976 hectáreas de mangle. La institución ha declarado seis sitios Ramsar además de la Barra de Santiago, que incluyen a la laguna El Jocotal, la bahía de Jiquilisco, el embalse Cerrón Grande, la laguna de Olomega y Jaltepeque.
La Barra de Santiago se ha convertido en un destino para proyectos turísticos. /U. Alemán
Al menos 2.9 millones de salvadoreños sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2022 y 2024, de acuerdo con un informe publicado este lunes por cinco agencias de Naciones Unidas (ONU).
El informe anual sobre «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo» encontró que un 45.5 % de la población salvadoreña sufrió incertidumbre si tendría suficientes alimentos nutritivos para cubrir su dieta diaria en los últimos dos años, un porcentaje que equivale a 2.9 millones de ciudadanos.
La cantidad de población en situación de inseguridad alimentaria aumentó en 3.3 puntos porcentuales frente al 42.2 % identificado en el período 2014-2016, cuando representaron 2.6 millones de personas. Es decir, que al menos 300,000 salvadoreños entraron en esta categoría entre los dos períodos de comparación.
Del porcentaje global, al menos 15.4 % de los salvadoreños se encontraba en inseguridad alimentaria severa entre 2022 y 2024, equivalente a un millón de personas que en algún momento se quedaron sin alimentos y pasaron hambre. También significó un aumento en comparación con el 13.8 % que representó en el período 2014-2016, cuando se contabilizaba al menos 900,000 personas en esta situación.
El Salvador tiene un 17.1 % de las personas en inseguridad
El reporte señala que Centroamérica tenía 16.9 millones de personas en inseguridad alimentaria en el período 2022-2024, de los cuales un 17.1 % se encontraban en El Salvador.
Sin incluir datos de Belice, Nicaragua y Panamá, la ONU señaló que Guatemala tenía 8.8 millones de personas en dificultades para alimentarse, esto equivale a un 52 % del total regional y un 48.8 % del total de su población.
Costa Rica registraba 800,000 personas (15.4 % de su población), mientras que en Honduras más de 4.4 millones de ciudadanos (41.3%).
El Salvador también registró que un 6.7 % de su población tenía desnutrición en los últimos dos años, así como un 9.4 % de los niños menores a cinco años sufrió retraso en el crecimiento y un 8.5 % presentaba sobrepeso.
Cómo avanza el mundo
Los resultados de El Salvador van en dirección contraria a los observados a nivel mundial, ya que se ha registrado una baja gradual desde los picos tras la pandemia de covid-19 y se ubica en 2,300 millones de personas en inseguridad alimentaria o severa en 2024.
El informe pone especial énfasis en que un 8.2 % de la población mundial sufrió hambre en 2024, equivalente a 673 millones de personas, menor en relación con el 8.5 % de 2023 (salida de 15 millones de personas), pero advierte que las reducciones no son similares por regiones donde África y Asia occidental se llevan la peor parte.
A la luz de estos resultados, el mundo se encuentra lejos de alcanzar la meta de erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria para 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La ONU explicó que la persistente inflación de los precios en alimentos ha frenado buena parte de los avances logrados antes de la pandemia de covid-19.
La salud mental de los migrantes mexicanos en Estados Unidos está seriamente comprometida por factores como la discriminación, la inestabilidad laboral y la falta de acceso a servicios médicos, advirtió la investigadora Maritza Caicedo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Basado en datos de la encuesta nacional de salud estadounidense, el estudio estima que más de 12 millones de mexicanos y 26.5 millones de mexicoamericanos residen actualmente en EE.UU., muchos de los cuales enfrentan altos niveles de estrés psicológico debido a redadas migratorias y la criminalización de personas sin estatus legal.
Caicedo destacó que 17 % de los migrantes mexicanos y 12 % de los mexicoamericanos viven por debajo del umbral de pobreza, comparado con solo 7.5 % entre los blancos no hispanos. Este dato revela una brecha persistente en condiciones socioeconómicas entre los inmigrantes y la población estadounidense general.
La precariedad laboral se acentúa en los migrantes sin documentos, quienes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. Según el estudio, 36 % de los mexicanos no cuenta con cobertura médica y un 83 % no cotiza en un plan de pensiones en Estados Unidos.
En términos de empleo, las tasas de desempleo entre los migrantes mexicanos y sus hijos alcanzan el 5.4 % y el 4.5 %, respectivamente, cifras superiores al 3.1 % registrado entre los blancos no hispanos.
Trabajadores migrantes hacen labores agrícolas en Salinas, California. Istock
Estrés aculturativo y salud mental
La investigadora señaló que, aunque la segunda generación de migrantes suele tener una situación económica ligeramente mejor, enfrenta un fenómeno conocido como “estrés aculturativo”, al sufrir discriminación persistente y exclusión social, lo cual impacta directamente en su salud mental.
De hecho, Caicedo explicó que, paradójicamente, los migrantes de primera generación presentan mejores indicadores de salud mental que sus hijos nacidos en EE.UU., quienes enfrentan una presión constante por adaptarse a un entorno que los percibe como “ciudadanos de segunda clase”.
“El acceso limitado a servicios médicos y la exclusión del sistema de pensiones plantean preguntas sobre las condiciones de vida futuras de estos grupos”, advirtió Caicedo.
Pese a estas adversidades, la experta subrayó el aporte económico, social y demográfico de la inmigración mexicana y latinoamericana en EE.UU., destacando que los jóvenes migrantes rejuvenecen la pirámide poblacional del país norteamericano.
Entre 2000 y 2015, los migrantes latinoamericanos cubrieron el 38 % de la escasez de mano de obra en EE.UU., siendo México y Centroamérica las regiones que más trabajadores aportaron, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
