Un 39 % de los adultos latinos en Estados Unidos asegura haberse saltado comidas por no tener suficiente dinero, según un sondeo de la organización Voto Latino que alerta sobre una profunda crisis económica y alimentaria que afecta de forma desproporcionada a minorías como latinos y afroamericanos.
El estudio, realizado entre el 10 y el 19 de noviembre a nivel nacional, encuestó a 1,300 adultos y fue publicado este martes. Los resultados muestran que muchas familias estadounidenses están reduciendo su consumo de alimentos, omitiendo comidas y buscando segundos empleos para cubrir gastos básicos.
«Las familias en todo Estados Unidos están viviendo una crisis económica severa», señaló Voto Latino en su informe.
Entre los hallazgos, se destaca que el 38 % de los afroamericanos también ha tenido que saltarse comidas, mientras que 43 % reconoció haber omitido o retrasado pagos. Además, el 64 % de los encuestados afroamericanos y el 55 % de los latinos cargan con deudas no hipotecarias superiores a los $5,000.
La presión financiera ha obligado a muchos padres a reducir el presupuesto alimentario y tomar trabajos adicionales, pero aun así no logran cubrir sus necesidades básicas, lo que ha llevado a un aumento del endeudamiento.
El informe indica que el 60 % de los participantes compra menos alimentos o productos más económicos, el 28 % admitió haber dejado de comer en ciertas ocasiones para ahorrar dinero, y el 24 % tomó un segundo empleo o trabajos extras.
El pesimismo sobre el rumbo del país también quedó reflejado: 68 % de los encuestados cree que Estados Unidos va por el camino equivocado, y 57 % considera que el llamado “sueño americano” ya no existe.
En cuanto a la salud mental, el estrés alcanza niveles alarmantes. Las principales causas son la política (55 %), el costo de atención médica (53 %), el precio de la vivienda (48 %), el presidente de EE.UU., Donald Trump (48 %), y la situación de la democracia (47 %).
Según Voto Latino, las comunidades latinas y afroamericanas enfrentan las condiciones más duras, siendo las más afectadas por la inflación, el endeudamiento y la inseguridad alimentaria, factores que también están agravando una crisis nacional de salud mental.
«Los estadounidenses nos están diciendo, en cada métrica que recopilamos, que la economía simplemente no está funcionando para ellos», concluyó la organización
Latinoamérica continúa siendo la región más desigual del mundo en distribución de ingresos y una de las más desequilibradas en términos de riqueza, según el más reciente Informe sobre la Desigualdad Global, elaborado por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales (WIL), presentado este miércoles en París.
El estudio revela que el 10 % de la población más rica concentra el 57 % de los ingresos totales en la región, mientras que el 50 % más pobre apenas accede al 8 %. Solo el África Subsahariana y el sur y sudeste asiático se acercan a esos niveles, con una distribución del 55 % y 10-14 % respectivamente.
En cuanto a la riqueza, el panorama también es crítico. El 1 % más rico en América Latina es dueño del 36 % de todos los bienes, cifra superada únicamente en Oriente Medio y el norte de África (37 %), y Rusia y Asia Central (46 %). A modo de comparación, ese porcentaje es del 25 % en Europa y del 34 % en Norteamérica y Oceanía.
La desigualdad es todavía más marcada en la base de la pirámide: el 50 % más pobre en la región solo posee el 3 % de la riqueza. Aunque este dato es similar al europeo, supera el 1 % de Norteamérica, Asia y África Subsahariana.
El economista mexicano Ricardo Gómez Carrera, principal autor del informe, explicó que entre 2014 y 2024 se observaron mejoras en México y Chile, aunque la desigualdad sigue siendo “extremadamente alta”. En contraste, Brasil y Colombia han retrocedido.
En el caso de Argentina, la desigualdad en ingresos aumentó del 32 % al 36.8 %, aunque sigue siendo menor al promedio latinoamericano. El 10 % más rico en ese país concentra el 58.7 % de la riqueza, frente al 69 % regional.
México es el país que más ha avanzado en reducir la desigualdad de ingresos, gracias al incremento sostenido del salario mínimo. “La desigualdad se puede reducir con políticas redistributivas, pero también con políticas predistributivas como el aumento del salario mínimo”, indicó Gómez Carrera.
Sin embargo, en términos de riqueza, México sigue siendo profundamente desigual: el 10 % más rico controla el 70.6 %, mientras que el 50 % más pobre posee apenas el 2.3 %. Chile muestra un perfil similar con el 69.4 % de la riqueza en manos de los más ricos y el 2.6 % para los más pobres.
En Brasil, el 10 % más acaudalado acapara el 59 % de los ingresos y el 70.1 % de la riqueza, dejando al 50 % inferior con apenas el 9 % y el 2.4 %, respectivamente. Colombia presenta el caso más crítico: el 10 % más privilegiado se queda con el 60 % de los ingresos y el 70.9 % de la riqueza, mientras que la mitad más pobre apenas recibe el 7 % de los ingresos y es dueña del 2.2 % de los bienes.
En términos de ingreso medio por persona ajustado por paridad de poder adquisitivo, Argentina lidera entre los cinco países analizados con $56,300 anuales, seguido de Chile con $20,600, México ($14,600), Brasil ($13,500) y Colombia ($13,000).
El salario mínimo en Venezuela alcanzó este martes su punto más bajo en términos reales, al ubicarse en el equivalente a $0.50 al mes, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que cotizó el dólar en 262 bolívares, la moneda local.
El sueldo básico permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos $30 mensuales, pero la fuerte devaluación de la moneda ha reducido drásticamente su valor. Aunque el gobierno entrega bonos adicionales por hasta $160, estos no inciden en prestaciones laborales, como vacaciones o aguinaldos.
Consultado por EFE, un economista que solicitó anonimato afirmó que “es prácticamente imposible sobrevivir con ese salario”, y señaló que millones de venezolanos se apoyan en bonos, remesas familiares y ayudas para cubrir sus necesidades básicas.
El experto aseguró que aumentar el salario mínimo en Venezuela es inviable debido al tamaño de la nómina pública, estimada en 5.5 millones de empleados, más 4.5 millones de pensionados, quienes reciben el mismo monto mensual. Aumentar el salario a $250 implicaría, dijo, un gasto que superaría los ingresos totales del país por exportaciones petroleras y recaudación fiscal.
“La baja productividad, los altos costos operativos y la fragilidad fiscal impiden elevar el salario significativamente”, apuntó el economista, quien cree que podría hacerse un aumento moderado dada la mejora relativa de los ingresos, aunque no precisó cifras por la ausencia de datos oficiales confiables.
Bonos sin impacto en prestaciones
Ante la imposibilidad de incrementar el salario mínimo, el gobierno venezolano ha optado por fortalecer los bonos económicos, que considera una herramienta para “combatir la guerra económica y evitar la inflación”, según declaraciones oficiales.
Actualmente, los trabajadores públicos reciben un bono de alimentación de $40 y otro denominado “ingreso de guerra económica”, que asciende a $120, ambos pagados a la tasa oficial del día, pero fuera del cálculo de beneficios laborales.
Organizaciones como Provea han insistido en que esta práctica contradice la Constitución, que obliga al Estado a garantizar un ingreso digno, ajustado al costo de la canasta básica familiar, que en abril fue de $503.73, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas-FVM).
Siria conmemora este lunes un año desde la caída del régimen de Bashar al Assad, derrocado por una ofensiva combinada de rebeldes y yihadistas liderados por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS). En este periodo, el país ha experimentado un frágil proceso de transición encabezado por el exlíder de HTS, Ahmed al Shara, quien busca legitimidad internacional mientras enfrenta una aguda crisis humanitaria y severos desafíos en seguridad y gobernabilidad.
El colapso del régimen, que se mantuvo en el poder desde 1971 tras un golpe de Estado liderado por Hafez al Assad y sucedido por su hijo Bashar en 2000, se consolidó entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre de 2024, cuando los rebeldes tomaron control de Damasco tras avanzar desde Idlib. Bashar al Assad huyó a Rusia en medio del desplome de su estructura militar y política.
La ofensiva coincidió con un alto el fuego en Líbano entre Israel y Hezbolá, mientras aliados clave del régimen, como Irán y Rusia, se encontraban debilitados o distraídos por otros conflictos, dejando al gobierno sirio expuesto tras años de guerra civil.
Desde su llegada al poder, Al Shara —también conocido como ‘Abú Mohamed al Golani’— ha buscado reformar la imagen del nuevo gobierno ante la comunidad internacional. Su participación en septiembre ante la Asamblea General de la ONU y su histórica visita en noviembre a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reflejan su intento de legitimación. Durante esa visita, incluso se fotografió jugando baloncesto con altos mandos militares estadounidenses.
Este giro diplomático ha dado frutos parciales. Países como Estados Unidos, Reino Unido y miembros de la Unión Europea han levantado algunas sanciones, lo que ha sido presentado por Al Shara como un esfuerzo para reactivar la economía y facilitar la llegada de ayuda humanitaria.
El presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa (c), en una imagen de archivo. EFE
Persisten los conflictos y las denuncias
Pese a los avances internacionales, la situación interna de Siria sigue marcada por conflictos armados, abusos y tensión social. La desarticulación del aparato de seguridad vinculado al régimen alauita generó conflictos entre antiguos oficiales y nuevas fuerzas, ahora conformadas por exrebeldes y yihadistas. En marzo, un levantamiento liderado por un exfuncionario de Al Assad fue aplastado violentamente, con denuncias de ejecuciones sumarias y desapariciones.
En la provincia de Sueida, los enfrentamientos entre comunidades beduinas y drusas dejaron más de 1,000 muertos y obligaron al desplazamiento de decenas de miles. La intervención de las fuerzas de seguridad a favor de los beduinos desató una crisis regional, que Israel aprovechó para lanzar ataques aéreos y ocupar posiciones estratégicas en defensa de los drusos.
El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Keethan, reconoció que las nuevas autoridades han tomado algunos pasos positivos, pero advirtió que son “solo el inicio” de un proceso más amplio de justicia. Mencionó casos de asesinatos arbitrarios, secuestros y ataques selectivos contra minorías o personas relacionadas con el régimen anterior.
Israel, por su parte, ha intensificado su presencia militar en Siria. Aunque se ha mostrado dispuesto a negociar con el nuevo gobierno, exige como condición una zona tapón desmilitarizada en la frontera. En paralelo, sectores radicales han criticado a Al Shara por su acercamiento a Occidente y por sumarse a la coalición internacional contra el Estado Islámico, considerando que ha traicionado los principios yihadistas de su pasado.
Crisis humanitaria y pobreza extrema
A nivel humanitario, Siria sigue enfrentando condiciones críticas. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que más de 16 millones de personas necesitan asistencia urgente. Las infraestructuras básicas como agua potable, centros de salud y escuelas están destruidas o colapsadas, mientras que la mayoría de refugiados que han retornado encuentran condiciones igualmente precarias.
Desde la caída del régimen de Al Assad, más de 1.2 millones de refugiados y 1.9 millones de desplazados internos han regresado a sus hogares, según datos de la organización Save the Children. No obstante, el 90 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado.
Rasha Muhrez, directora de Save the Children en Siria, advirtió que “muchas personas quieren regresar a sus hogares, pero se encuentran con la devastación y la falta de servicios básicos”. Añadió que la infancia debe estar al centro de la reconstrucción y urgió a la comunidad internacional a mantener la inversión. “La crisis está lejos de haber terminado”, concluyó.
El Salvador podría reducir hasta un 36 % su producto interno bruto (PIB) pér capita por el incremento en las temperaturas, que derivará en eventos extremos como lluvias o sequías más intensas, reveló un estudio publicado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).
La investigación, elaborada en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), analiza el impacto económico proyectado para 2050 debido al cambio climático, a partir de variables como la temperatura, las precipitaciones y el crecimiento económico.
Las proyecciones realizadas en la investigación advierten que todas las economías de la región sufrirán pérdidas del PIB per cápita (por persona) de entre 28 % y 37 % en un escenario en el cual las temperaturas incrementen entre 1.4 y 2.2 grados Celsius.
Según las conclusiones, El Salvador sería uno de los países más afectados, con pérdidas que reducirán el PIB en hasta un 36 %, un porcentaje solo superado por el 37 % calculado para Nicaragua.
“El Salvador es el segundo país de la subregión con los valores más altos de pérdidas económicas producto del cambio climático. En 2050, estimamos que, sin ningún esfuerzo en materia de mitigación de emisiones de GEI, el aumento de temperaturas de +2 °C que experimentaría El Salvador produciría que el valor del PIB per cápita sea un 36 % menor de lo que habría sido sin el impacto del cambio climático”, señala el documento.
Para Costa Rica se prevé una reducción del PIB de un 31 %, mientras que para Guatemala sería de un 30 %, Honduras de un 33 % y Panamá de un 32 %.
No hay que esperar hasta 2050 para comenzar a registrar las pérdidas. El estudio detalla que, si la temperatura sube 0.7 grados Celsius para 2030, la reducción del PIB per cápita de El Salvador será de 3.6 %.
La temperatura ya superó el nivel óptimo
El informe señala que la temperatura promedio de la última década ya superó los “niveles óptimos estimados para el crecimiento económico”, por lo cual los países centroamericanos se encuentran en una “trayectoria en la que futuros aumentos de temperatura seguirán teniendo efectos adversos sobre su desempeño económico”.
Incluso si la temperatura solo incrementa entre 0.3 y 0.8 grados, la investigación calcula que habrá pérdidas del PIB per cápita de entre 2.7 % y 3.8 % para 2030.
Además de dejar pérdidas tras un evento extremo, el impacto de las variaciones climáticas limita la capacidad de crecimiento económico de manera duradera.
El estudio hace énfasis en la necesidad de integrar el riesgo climático en la formulación de políticas macroeconómicas, fiscales y de desarrollo, como eje central de una estrategia regional.
El precio de la canasta básica alimentaria (CBA) bajó ocho centavos en la zona urbana, pero en la rural experimentó un nuevo incremento que la colocó en su valor más alto en dos años, informó la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec).
La última actualización de la Onec señala que el precio de la canasta alimentaria urbana se ubicó en $250.71 en septiembre, ocho centavos menos en comparación con los $250.79 de agosto, alcanzando así su nivel más bajo desde junio pasado.
Por el contrario, la canasta básica rural -donde viven las familias con menores ingresos- aumentó $1.50, hasta $190.93 en septiembre, el precio más alto registrado desde octubre de 2023.
La canasta básica es uno de los indicadores utilizados para medir la pobreza monetaria, aunque la metodología vigente en El Salvador data de 1983, la más desfasada de Centroamérica. Este método considera 22 productos para la zona urbana y 15 para la rural, donde se excluyen los vegetales, pese a ser parte esencial de la dieta de los salvadoreños.
¿Qué cambió de precio?
De acuerdo con la Onec, en la zona rural aumentó el precio de la ración de tortillas y carnes -res, cerdo y ave-. También se encarecieron las grasas -aceite, margarina y manteca vegetal-, así como los huevos y los frijoles.
En cambio, hubo una reducción en el precio del arroz, las frutas -naranja, plátano y guineo-, y el azúcar.
En la zona urbana, se incrementó el costo del pan francés, las tortillas, las carnes, las grasas y los frijoles, mientras que bajaron los precios del arroz, el azúcar, las frutas y las verduras (papa, cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo).
La Onec señaló que el precio de la leche fluida se mantuvo estable a nivel nacional.
Asimismo, el costo promedio de la cocción de alimentos, que representa el 10 % de la CBA, aumentó en la zona rural pero disminuyó en la urbana.
El principal método energético de las familias salvadoreñas sigue siendo el gas propano, aunque el VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda reveló que uno de cada 10 hogares aún utiliza leña o carbón para preparar sus alimentos.
Uno de cada 10 hogares salvadoreños aún utiliza leña o carbón para preparar sus alimentos, según el VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda.
Como era de esperarse, el principal método para preparar alimentos en los hogares salvadoreños es el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por más de 1.56 millones de familias. Estos representan un 86.7 % del total nacional y dejan un 13.2 % de hogares que emplean otros métodos, como leña, carbón, compostaje o energía eléctrica.
La compra de GLP es más asequible para los hogares salvadoreños, considerando que su venta se encuentra subvencionada para un millón de familias, además de una estabilización de precios que mantiene fijados los valores hasta mayo de 2026.
Leña y otros métodos para cocinar
El Censo 2024 encontró 180,375 familias que usan leña (9.9 %), mientras 227 hogares (0.01 %) aún utilizan carbón, haciendo un total de 180,602 familias.
El uso de leña es común en las comunidades rurales, donde es más fácil y más económico conseguir madera para preparar los alimentos, aunque dañe la salud respiratoria de las personas.
A pesar de que se consideran caras y de alto consumo, las cocinas eléctricas se encuentran en 18,812 hogares, apenas el 1 % del total nacional.
También se identificaron 59 hogares salvadoreños que utilizan compostaje.
El informe final detalla que 717 hogares respondieron tener “otro” método para preparar alimentos, así como 23,062 indicaron que no cocinan y 16,547 no respondieron.
De acuerdo con el Censo, el departamento de Ahuachapán tiene la mayor cantidad de hogares que cocinan con leña, un 12 % del total nacional. Le siguen Sonsonate, con 19,241 hogares, y San Miguel, con 17,838.
¿Cuántos hogares por departamentos aún cocinan con leña?
El 32.2 % de los salvadoreños que viven en pobreza tiene menores de 16 años y superaron los 582,000 en 2024, según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
El Banco Central de Reserva (BCR) se encuentra en proceso de actualizar la metodología de la EHPM con el VII Censo de Población, pero los resultados del último estudio es una fotografía de cómo viven los salvadoreños en aspectos de pobreza, educación, empleo e ingresos.
De acuerdo con la EHPM 2024, al menos 114,097 salvadoreños salieron de las filas de la pobreza el año pasado, cuando sumaron 1.8 millones, un 6 % menos en comparación con los 1.92 millones de 2023.
¿Quiénes están detrás de esas cifras?
El documento señala que 582,882 de las personas viviendo en pobreza son menores de 16 años, quienes representan el 38.8 % de los 1.5 millones de jóvenes y niños que tiene el país.
Esta cifra, sin embargo, disminuyó en 52,701 en relación con los 635,583 jóvenes y niños registrados en 2023.
La mayoría de los menores de edad en pobreza se encuentran en condición relativa, un término que en la metodología de pobreza monetaria hace referencia a la población que no puede comprar una canasta básica ampliada (dos canastas).
Según la EHPM, 383,953 menores vivían en pobreza relativa, un 65.8 % del total. Además, hubo una reducción de 56,532 en comparación con los 440,485 de 2023.
En pobreza extrema, en tanto, viven 198,930 niños y jóvenes salvadoreños. Estos aumentaron en 3,832 frente a los 195,098 identificados en la EHPM 2023.
Del total de menores en pobreza, 337,444 fueron hombres y representaron un 53 %, mientras que las niñas sumaron 298,139, un 46.9 %.
Rostro de mujer
Más de un millón de mujeres viven en pobreza, un 55.2 % del total de personas en esta situación en 2024. Esta cifra supera por mucho a los 809,172 hombres en los cordones de pobreza.
La mayoría vive en pobreza relativa, con 666,224 mujeres salvadoreñas, mientras que en extrema se encuentran 333,809.
Frente a 2023, hubo una reducción de 47,251 mujeres en pobreza. En los hombres la disminución fue más notable, de 66,846.
Además, la EHPM 2024 destaca que 638,360 salvadoreños en pobreza son económicamente activos, es decir, que tienen edad para desempeñar una actividad económica. De estos, 576,337 están ocupados (empleo formal o informal) y 62,029 son desocupados (desempleados).
La población económicamente inactiva en pobreza sumó 587,957. Esta categoría corresponde a personas en edad de trabajar, pero no trabaja ni busca activamente un empleo.
La desnutrición infantil y el hambre se han disparado en Haití, alcanzando niveles alarmantes en el país caribeño. Según los datos recientes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), un 51 % de la población total sufre niveles agudos de hambre, lo que representa un aumento del 3 % con respecto al año pasado, alcanzando una cifra histórica de 5,7 millones de personas.
El informe del PMA, basado en la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), destaca que las tasas de malnutrición han aumentado, particularmente entre los niños menores de cinco años. Además, mujeres, niños y familias desplazadas son los grupos más vulnerables en el contexto de la prolongada crisis política, social y económica de Haití.
La crisis se ve alimentada por varios factores, entre ellos la violencia armada, el deterioro económico, la inflación persistente y la escasa producción agrícola. Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en los primeros ocho meses del año, 4.239 personas fueron asesinadas en el país. Además, el PMA advierte que, si la situación persiste, más de 5,9 millones de personas podrían enfrentarse a una inseguridad alimentaria aún más grave para marzo de 2026.
Las zonas más afectadas son los departamentos del Noroeste y el Oeste, incluida la capital, Puerto Príncipe, donde las tasas de malnutrición han llegado a niveles críticos (fase 4 o superiores). Las familias desplazadas por la violencia armada, que suman aproximadamente 1,3 millones de personas, son las más afectadas, especialmente aquellas refugiadas en escuelas y edificios públicos, donde las condiciones de hacinamiento e insalubridad agravan el riesgo de desnutrición infantil.
La directora del PMA en Haití, Wanja Kaaria, destacó que, a pesar de los esfuerzos para aumentar la ayuda alimentaria, las necesidades siguen superando los recursos disponibles. Este año, el PMA ha logrado alcanzar a 2,2 millones de haitianos, pero las carencias siguen siendo enormes. Según Kaaria, «si esto continúa, las familias podrían caer aún más en el hambre, y simplemente no tenemos los recursos para satisfacer todas las necesidades crecientes».
A pesar de la creciente demanda, la asistencia alimentaria ha permitido que unas 8.400 personas desplazadas pasen de niveles de hambre catastróficos (CIF 5) a niveles de emergencia (CIF 4), lo que evidencia el impacto positivo de los esfuerzos de ayuda, aunque limitados. Desde abril de 2025, la asistencia alimentaria regular ha reducido el número de haitianos con inseguridad alimentaria de nivel emergencia (CIF 4) en aproximadamente 200.000.
El PMA subraya la importancia de un apoyo sostenido y predecible para continuar reduciendo la inseguridad alimentaria y abordar las causas profundas del hambre. Además, el organismo de la ONU ha solicitado 139 millones de dólares para los próximos 12 meses, con el fin de llegar a las familias más vulnerables del país.
La pobreza en El Salvador se redujo un 5.9 % en 2024, luego de que 114,097 personas salieran de este nivel económico, según datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM).
El documento, divulgado por el Banco Central de Reserva (BCR) este 30 de septiembre, señala que en 2024 más de 1.8 millones de personas fueron catalogadas en algún nivel de pobreza.
La pobreza se mide entre relativa y extrema, la primera, según el BCR, es aquella en donde los hogares tienen ingresos mayores al costo de la canasta básica alimentaria (CBA) pero son menores al costo de la canasta ampliada (CA) -conformada por dos CBA-.
Por su parte, la pobreza extrema es aquella en donde los ingresos de la población son menores al costo de la CBA.
El Banco Central revela que al cierre de 2024 al menos 1.1 millones de personas se posicionaron en el umbral de la pobreza relativa, unas 135,452 personas menos que las más de 1.3 millones que conformaron este grupo en 2023.
Mientras tanto, la población en el nivel de pobreza extrema incrementó un 3.6 %, al totalizar 610,272 personas. Es decir que en el último año al menos 21,355 personas se integraron a este grupo.
Porción
El gobierno plantea que de los más de 6.35 millones de habitantes en El Salvador, 4.54 millones están fuera de pobreza, un 71.5 % del total. Por su parte un 9.6 % de la población padece extrema pobreza y un 18.9 % se encuentra en una pobreza relativa.
En general, de los más de 6.3 millones de habitantes en El Salvador, un 28.5 % padeció pobreza en 2024, cerca de dos puntos porcentuales por debajo del 30.3 % de la población que cayó en esta situación durante 2023.
La EHPM de 2024 plantea que en ese año un 54.9 % de personas en extrema pobreza fueron mujeres, es decir 333,809 personas; por su parte, un 45.3 %, cuyos ingresos son más bajos que la CBA, fueron hombres.
A nivel de hogares, de los más de 2 millones la Encuesta de Hogares señala que un 9.08 % se encuentran en extrema pobreza y un 16.72 % en pobreza relativa.
Ocupados
Según el gobierno, un 35.2 % de la población en pobreza se categoriza como población económicamente activa (PEA) entre ocupados y desocupados, mientras que un 32.4 % es parte de la población económicamente inactiva (PEI).
Los datos apuntan a que también hay 582,882 menores de 16 años viviendo en pobreza en El Salvador, un 32.2 % del total de personas pobres que residen en el país.
