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  • ONU: 2.9 millones de salvadoreños sufrieron inseguridad alimentaria entre 2022 y 2024

    ONU: 2.9 millones de salvadoreños sufrieron inseguridad alimentaria entre 2022 y 2024

    Al menos 2.9 millones de salvadoreños sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2022 y 2024, de acuerdo con un informe publicado este lunes por cinco agencias de Naciones Unidas (ONU).

    El informe anual sobre «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo» encontró que un 45.5 % de la población salvadoreña sufrió incertidumbre si tendría suficientes alimentos nutritivos para cubrir su dieta diaria en los últimos dos años, un porcentaje que equivale a 2.9 millones de ciudadanos.

    La cantidad de población en situación de inseguridad alimentaria aumentó en 3.3 puntos porcentuales frente al 42.2 % identificado en el período 2014-2016, cuando representaron 2.6 millones de personas. Es decir, que al menos 300,000 salvadoreños entraron en esta categoría entre los dos períodos de comparación.

    Del porcentaje global, al menos 15.4 % de los salvadoreños se encontraba en inseguridad alimentaria severa entre 2022 y 2024, equivalente a un millón de personas que en algún momento se quedaron sin alimentos y pasaron hambre. También significó un aumento en comparación con el 13.8 % que representó en el período 2014-2016, cuando se contabilizaba al menos 900,000 personas en esta situación.

     

    El Salvador tiene un 17.1 % de las personas en inseguridad

    El reporte señala que Centroamérica tenía 16.9 millones de personas en inseguridad alimentaria en el período 2022-2024, de los cuales un 17.1 % se encontraban en El Salvador.

    Sin incluir datos de Belice, Nicaragua y Panamá, la ONU señaló que Guatemala tenía 8.8 millones de personas en dificultades para alimentarse, esto equivale a un 52 % del total regional y un 48.8 % del total de su población.

    Costa Rica registraba 800,000 personas (15.4 % de su población), mientras que en Honduras más de 4.4 millones de ciudadanos (41.3%).

    El Salvador también registró que un 6.7 % de su población tenía desnutrición en los últimos dos años, así como un 9.4 % de los niños menores a cinco años sufrió retraso en el crecimiento y un 8.5 % presentaba sobrepeso.

     

    Cómo avanza el mundo

    Los resultados de El Salvador van en dirección contraria a los observados a nivel mundial, ya que se ha registrado una baja gradual desde los picos tras la pandemia de covid-19 y se ubica en 2,300 millones de personas en inseguridad alimentaria o severa en 2024.

    El informe pone especial énfasis en que un 8.2 % de la población mundial sufrió hambre en 2024, equivalente a 673 millones de personas, menor en relación con el 8.5 % de 2023 (salida de 15 millones de personas), pero advierte que las reducciones no son similares por regiones donde África y Asia occidental se llevan la peor parte.

    A la luz de estos resultados, el mundo se encuentra lejos de alcanzar la meta de erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria para 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

    La ONU explicó que la persistente inflación de los precios en alimentos ha frenado buena parte de los avances logrados antes de la pandemia de covid-19.

  • Discriminación y precariedad laboral dañan salud mental de migrantes mexicanos en EE.UU.

    Discriminación y precariedad laboral dañan salud mental de migrantes mexicanos en EE.UU.

    La salud mental de los migrantes mexicanos en Estados Unidos está seriamente comprometida por factores como la discriminación, la inestabilidad laboral y la falta de acceso a servicios médicos, advirtió la investigadora Maritza Caicedo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    Basado en datos de la encuesta nacional de salud estadounidense, el estudio estima que más de 12 millones de mexicanos y 26.5 millones de mexicoamericanos residen actualmente en EE.UU., muchos de los cuales enfrentan altos niveles de estrés psicológico debido a redadas migratorias y la criminalización de personas sin estatus legal.

    Caicedo destacó que 17 % de los migrantes mexicanos y 12 % de los mexicoamericanos viven por debajo del umbral de pobreza, comparado con solo 7.5 % entre los blancos no hispanos. Este dato revela una brecha persistente en condiciones socioeconómicas entre los inmigrantes y la población estadounidense general.

    La precariedad laboral se acentúa en los migrantes sin documentos, quienes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. Según el estudio, 36 % de los mexicanos no cuenta con cobertura médica y un 83 % no cotiza en un plan de pensiones en Estados Unidos.

    En términos de empleo, las tasas de desempleo entre los migrantes mexicanos y sus hijos alcanzan el 5.4 % y el 4.5 %, respectivamente, cifras superiores al 3.1 % registrado entre los blancos no hispanos.

    Trabajadores migrantes hacen labores agrícolas en Salinas, California. Istock

    Estrés aculturativo y salud mental

    La investigadora señaló que, aunque la segunda generación de migrantes suele tener una situación económica ligeramente mejor, enfrenta un fenómeno conocido como “estrés aculturativo”, al sufrir discriminación persistente y exclusión social, lo cual impacta directamente en su salud mental.

    De hecho, Caicedo explicó que, paradójicamente, los migrantes de primera generación presentan mejores indicadores de salud mental que sus hijos nacidos en EE.UU., quienes enfrentan una presión constante por adaptarse a un entorno que los percibe como “ciudadanos de segunda clase”.

    “El acceso limitado a servicios médicos y la exclusión del sistema de pensiones plantean preguntas sobre las condiciones de vida futuras de estos grupos”, advirtió Caicedo.

    Pese a estas adversidades, la experta subrayó el aporte económico, social y demográfico de la inmigración mexicana y latinoamericana en EE.UU., destacando que los jóvenes migrantes rejuvenecen la pirámide poblacional del país norteamericano.

    Entre 2000 y 2015, los migrantes latinoamericanos cubrieron el 38 % de la escasez de mano de obra en EE.UU., siendo México y Centroamérica las regiones que más trabajadores aportaron, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

  • Crisis económica agudiza la pobreza y la mendicidad en Cuba tras cinco años de recesión

    Crisis económica agudiza la pobreza y la mendicidad en Cuba tras cinco años de recesión

    La crisis económica en Cuba ha empujado a miles de ciudadanos a la mendicidad y la pobreza extrema, como lo reflejan las historias de José Fernández y José Luis Balsinder, quienes ahora dependen de la recolección de desechos en las calles de La Habana para alimentarse. En medio de la desesperación, Fernández muestra una pequeña bolsa con restos de comida: “Aquí estoy… viviendo con lo que se puede”.

    Las escenas se repiten a diario: personas buscando entre la basura, ancianos pidiendo limosna frente a restaurantes donde no pueden pagar ni un plato. La mendicidad en Cuba se ha multiplicado en los últimos cinco años, impulsada por una crisis sistémica que ha hundido los ingresos de miles de familias.

    Balsinder, de 56 años, relata que nunca imaginó verse en esa situación: “En mi vida había hecho esto, pero si no lo hago, no como”. Con un salario de apenas $20, no cubre ni lo básico. Desde su hogar en Guanajay (Artemisa), recorre casi 50 kilómetros hasta La Habana en busca de comida entre los desperdicios.

    Una persona en situación de calle pide dinero en una calle de La Habana, Cuba. EFE

    Polémica por declaraciones oficiales

    Las declaraciones recientes de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, desataron una ola de críticas cuando afirmó en el Parlamento que en Cuba “no hay mendigos” sino personas “disfrazadas” que evaden impuestos.

    Sus palabras, aplaudidas por diputados del Partido Comunista de Cuba (PCC), fueron reprobadas al día siguiente por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien aceptó su renuncia inmediata.

    El Gobierno se refiere a los indigentes como “personas con conducta deambulante”, y reconoce oficialmente 3,690 casos desde 2014 hasta septiembre de 2023, principalmente hombres mayores.

    Sin embargo, el primer ministro Manuel Marrero reconoció que más de 310,000 personas viven en situación de vulnerabilidad social, equivalente al 3 % de la población cubana.

    Un hombre busca cosas en la basura en una calle de La Habana, Cuba. EFE

    Pensiones insuficientes y canasta básica inalcanzable

    El Gobierno anunció que la pensión mínima subirá en septiembre de 1,528 a 3,056 pesos cubanos (de $12.70 a $25.40), apenas lo necesario para comprar un cartón de huevos. El salario estatal promedio, que ronda los $48.60, también resulta insuficiente frente al alto costo de la canasta básica, que alcanzó los $202 mensuales al cierre de 2024, según cálculos del economista independiente Omar Everleny.

    Estos montos no cubren otros gastos esenciales como transporte, aseo personal, internet o vestimenta, lo que agrava la situación de millones de cubanos atrapados en el ciclo de pobreza estructural.

    La economista Tamarys Bahamonde criticó el uso de eufemismos como “vulnerabilidad” y “conducta deambulante”para evitar reconocer la existencia de pobreza en Cuba.

    “Si el discurso oficial no menciona directamente a los pobres, asume que no los hay y eso es grave, porque si no identificas el problema nunca lo vas a atender”, aseguró Tamarys Bahamonde.

    Bahamonde añadió que la pobreza en la isla es sistémica, pues “el sistema no genera las suficientes condiciones socioeconómicas para salir del ciclo de pobreza”. En su opinión, responsabilizar a las personas por su situación es “una forma peligrosa de desviar el foco del verdadero problema: la ineficacia del sistema político y económico”.

     

  • EE.UU. extiende el TPS otorgado a Haití hasta febrero de 2026 tras decisión de un juez

    EE.UU. extiende el TPS otorgado a Haití hasta febrero de 2026 tras decisión de un juez

    El Gobierno de EE.UU. extendió hasta febrero de 2026 las protecciones estipuladas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para alrededor de medio millón de inmigrantes originarios de Haití, después de que un juez bloqueara la decisión del Ejecutivo del presidente Donald Trump de poner fin al programa.

    «La designación de TPS para Haití y los beneficios relacionados estaban programados para expirar el 2 de septiembre de 2025», indica una alerta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que agrega que después de la decisión de un juzgado federal del Distrito Este de Nueva York, «la fecha efectiva de cualquier terminación no será anterior al 3 de febrero de 2026».

    El DHS anunció en junio su intención de terminar las protecciones de deportación y los permisos de trabajo para cerca de 521.000 haitianos que estaban protegidos por este amparo, después de que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) ampliara el beneficio hasta 2026.

    En la comunicación publicada el viernes en su sitio web, el DHS insistió en su desacuerdo con la orden del juez y señaló que en mayo pasado la Corte Suprema sentó un precedente a su favor cuando le dio vía libre a la Administración Trump para revocar el TPS que protege a más de 300,000 venezolanos.

    El DHS advirtió que «discrepa rotundamente con esta decisión» de la corte federal en Nueva York sobre la suerte de los inmigrantes haitianos e informó que «está trabajando para determinar los próximos pasos» en este caso.

    El TPS es un amparo que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que migran a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar en el país hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.

    La secretaria del DHS, Kristi Noem, había ordenado en febrero pasado modificar el periodo de extensión otorgado por Biden y estableció el 3 de agosto como fecha para la finalización, aunque dio como plazo a los beneficiados hasta el 2 de septiembre y los alentó a autodeportarse.

    Haití ha sido designado para el TPS varias veces debido a diversas crisis, incluido el devastador terremoto de 2010 y la severa inestabilidad en el país, sometido a la violencia de las pandillas.

    El Ejecutivo estadounidense dijo que tomó la decisión de finalizar el programa después de determinar que la situación ambiental en Haití “ha mejorado lo suficiente” para que sus ciudadanos regresen a casa con seguridad.

    Los inmigrantes haitianos ya habían sufrido un duro golpe después de que el Tribunal Supremo permitiera al Gobierno Trump poner fin a la protección temporal, conocida como ‘parole humanitario’, que daba un estatus legal a más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.