Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal abrir una investigación contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por un presunto delito de tráfico de influencias vinculado a gestiones para la comercialización de cannabis medicinal.
La decisión fue tomada por el magistrado André Mendonça, quien dio luz verde a una solicitud de la Policía Federal para esclarecer la supuesta participación de Lulinha en negociaciones destinadas a obtener permisos de comercialización de cannabis medicinal en programas relacionados con el Ministerio de Salud, según informó el diario Folha de São Paulo.
La investigación se conoce en la antesala del inicio oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo. Los sondeos de opinión lo ubican como favorito frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.
De acuerdo con las autoridades, las sospechas apuntan a que Lulinha habría intercedido a favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes en negociaciones con el Ministerio de Salud. Camilo Antunes ya enfrenta cargos en otra investigación por un presunto esquema de corrupción en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Ese caso investiga el supuesto desvío de hasta $1,240 millones en prestaciones destinadas a pensionados y jubilados. Aunque Lulinha es mencionado en el expediente por sus presuntos vínculos con Camilo Antunes, hasta ahora no figuraba como investigado en ese proceso.
La nueva autorización judicial se centra exclusivamente en las gestiones relacionadas con el Ministerio de Salud. Según la investigación, Lulinha habría favorecido tanto a Camilo Antunes como a la empresaria Roberta Luchsinger, utilizando supuestamente su influencia dentro del Ministerio de Salud y del gabinete de la Presidencia brasileña.
La defensa del hijo del mandatario rechazó las acusaciones. En un comunicado, su abogado, Marco Aurélio de Carvalho, sostuvo que las autoridades no encontraron irregularidades en la investigación del INSS y cuestionó la apertura de un nuevo proceso.
«Lulinha ya ha demostrado que no tiene ninguna relación, ni directa ni indirecta, con el INSS y tampoco tiene relación con los negocios de Roberta. La Policía Federal no encontró nada en el INSS y ahora va a buscar en otro lugar. Eso es una investigación prospectiva. Eso es grave», afirmó.
La investigación continuará bajo la conducción de la Policía Federal, que deberá determinar si existen pruebas suficientes para sustentar las sospechas de tráfico de influencias. El caso surge en un momento políticamente sensible para el Gobierno brasileño, a pocos meses de las elecciones presidenciales.