La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes sobre la captura de dos hombres acusados de extorsionar a una mujer mediante amenazas de publicar fotografías y videos íntimos en redes sociales si no entregaba una suma de dinero.
Los detenidos fueron identificados como Moisés Alejandro Rivera Álvarez, de 26 años, y Sigfredo Ernesto Méndez, de 40, quienes fueron arrestados durante un operativo de Inteligencia Policial desarrollado en un centro comercial del distrito de La Libertad Costa.
De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos se comunicaron con la víctima por vía telefónica para exigirle $300 a cambio de no difundir el material privado que aseguraban tener en su poder.
Las autoridades indicaron que, tras las amenazas, los involucrados negociaron con la víctima el pago de $100 y acordaron un punto de encuentro para recibir el dinero, situación que permitió a los equipos policiales intervenir y ejecutar las capturas en flagrancia.
La PNC explicó que el procedimiento fue resultado de un operativo coordinado por unidades de Inteligencia Policial, las cuales dieron seguimiento a la denuncia presentada por la afectada y montaron un dispositivo para detener a los sospechosos.
Tras su detención, Rivera Álvarez y Méndez serán remitidos a las autoridades judiciales para enfrentar un proceso por el delito de extorsión, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen otras posibles víctimas vinculadas al mismo caso.
El Gobierno de Guatemala informó que 20 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido asesinados en lo que va de 2026, una cifra que duplica los casos registrados durante todo el año pasado y que refleja el incremento de la violencia en el país.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, lamentó la muerte de los agentes y afirmó que el trabajo de las fuerzas de seguridad para combatir la criminalidad ha sido «pagada con sangre» mientras cumplían con sus funciones. De acuerdo con las autoridades, la mitad de los policías fallecidos fueron atacados por integrantes de pandillas.
El caso más reciente ocurrió la noche del domingo, cuando Byron Mejía Montenegro, un agente de 27 años, fue asesinado a balazos en una aldea del municipio de Amatitlán, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.
Según la Policía Nacional Civil, el agente acudió junto con otro compañero para atender un incidente reportado en la zona cuando fueron atacados con armas de fuego. El crimen elevó a 20 el número de policías asesinados durante este año.
Ante el incremento de la violencia, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció que revisará las estrategias de seguridad implementadas en el país. Solo el sábado anterior se registraron 24 homicidios, una cifra que encendió nuevamente las alertas de las autoridades.
Guatemala permaneció bajo estado de sitio entre enero y febrero de este año, luego de una serie de ataques atribuidos a presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 que dejaron 11 policías muertos. Las investigaciones oficiales señalan que esas acciones fueron una respuesta al control retomado por el Gobierno sobre tres centros penitenciarios donde se habían producido motines.
De acuerdo con el recuento de medios locales, los 20 policías asesinados en 2026 representan el doble de los 10 agentes fallecidos durante 2025. Especialistas en seguridad sostienen que la mayoría de los homicidios registrados en Guatemala están relacionados con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, así como con las disputas entre estructuras dedicadas al narcotráfico.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), supervisó la destrucción de distintos tipos de droga decomisados en 16 procesos judiciales relacionados con delitos de narcotráfico.
Según las autoridades, los estupefacientes destruidos tienen un valor económico de $309,019.52 y corresponden a casos que ya fueron judicializados, cuyos responsables cumplen condenas de prisión.
Durante la jornada fueron destruidos 45,502 gramos de marihuana, 4,929 gramos de cocaína y 660 gramos de metanfetaminas, sustancias incautadas en diferentes operativos desarrollados por las autoridades.
La droga fue decomisada en distintos procedimientos realizados en los departamentos de San Salvador, Chalatenango y La Libertad, como parte de las acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.
La FGR indicó que la destrucción de la evidencia se realizó en cumplimiento de resoluciones emitidas por los tribunales competentes, una vez concluidos los procesos penales correspondientes.
Las autoridades señalaron que este procedimiento forma parte del protocolo establecido para garantizar que las sustancias ilícitas incautadas no vuelvan a circular y sean eliminadas de forma definitiva bajo supervisión judicial.
Asimismo, destacaron que las personas vinculadas a estos 16 casos ya fueron condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico y cumplen las penas impuestas por los tribunales de justicia.
La Fiscalía y la PNC reiteraron que continuarán desarrollando operativos para combatir el tráfico de drogas y fortalecer las acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales dedicadas a este tipo de delitos en el país.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó este jueves a 30 años de prisión a Esmeralda Elizabeth Pineda Figueroa, tras encontrarla culpable del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de ocho meses de edad.
La resolución fue emitida luego de que el tribunal valorara las pruebas presentadas durante el juicio, las cuales acreditaron la responsabilidad penal de la imputada en la muerte del menor.
Tras cometer el homicidio, la mujer intentó huir del lugar. Sin embargo, fue localizada e interceptada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el bulevar Costa del Sol, en el municipio de San Luis La Herradura, donde fue capturada.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía General de la República presentó las pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron establecer la forma en que ocurrieron los hechos y la participación directa de la acusada.
Con base en los elementos incorporados al juicio, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca determinó que existían suficientes pruebas para declarar culpable a Pineda Figueroa por el delito de homicidio agravado y le impuso una pena de 30 años de cárcel.
La condena deberá cumplirse en un centro penitenciario del país, conforme a lo establecido en la sentencia emitida por el tribunal, la cual pone fin al proceso penal iniciado tras la muerte del menor.
El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.
Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.
«La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’, es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico», afirmó Custodio Boteo.
El jefe policial detalló que ambas pandillas «están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos» de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.
Para ilustrar el nivel organizativo y el control vertical que ejercen los liderazgos sobre estas redes en expansión, el funcionario advirtió sobre la dependencia operativa de los criminales que actúan en la calle respecto a los mandos.
«Hay que tomar en cuenta que nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica (unidad pandillera) en los diferentes territorios de Guatemala», aseveró Custodio Boteo.
Agentes de la PNC de Guatemala rodean a un sicario de la Mara Salvatrucha durante un operativo. Foto @PNCdeGuatemala
Más músculo financiero y logístico
Esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales, que ha transformado sus dinámicas de financiamiento y ha incrementado su capacidad logística en los lugares donde operan.
«Haber dinamizado el tema de la extorsión a narcomenudeo ha hecho que tengan mayores fondos para poder tener mayor cobertura y comprar equipamiento, motocicletas, armas de fuego, teléfonos celulares para poderle entregar a sus víctimas», precisó el jefe policial.
Las estructuras criminales incluso han llegado a implementar sistemas de videovigilancia en las calles del país centroamericano para poder observar a las fuerzas de seguridad, aunque la policía guatemalteca ya ha desmantelado varios de estos esquemas tecnológicos.
Custodio Boteo recalca también que para evitar el reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, han implementado programas de apoyo como la iniciativa ‘Escuelas Seguras’, para infantes en sectores históricamente conflictivos, además de la revisión de mochilas en centros de estudio.
La intervención busca blindar las escuelas públicas de la injerencia de las clicas, los brazos operativos de las maras guatemaltecas.
Un agente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil (PNC), borra mensajes de la pandilla Barrio 18 en muros y en cabinas de teléfonos públicos ubicados afuera de una escuela en la colonia Belén zona 7 de Mixco, en Ciudad de Guatemala. EFE
Cooperación militar y desafíos judiciales
La recuperación de espacios públicos ha requerido la declaración este año de estados de sitio y estados de prevención por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en zonas rojas del territorio, recordó el director de la policía.
La medida especiales permite el despliegue combinado de agentes policíacos y del Ejército de Guatemala, un esfuerzo conjunto que elevó la capacidad operativa y facilitó el abordaje diario de unidades del transporte público para resguardar a la población.
La estrategia integral se apoya fuertemente en el aislamiento de los líderes de las pandillas mediante la planificación de una nueva cárcel de máxima seguridad, estrenada el año pasado para cortar los canales de comunicación telefónica desde donde se ordenaban los crímenes en las calles guatemaltecas, agregó el funcionario.
A nivel financiero, las autoridades centran los esfuerzos en ahogar la economía ilegal de los grupos armados mediante el decomiso de armamento, que se incrementó en más de un 32 % en lo que va del 2026 respecto al periodo previo, según Custodio Boteo.
El director de la Policía guatemalteca enfatizó la importancia de consolidar una buena coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía), al señalar la frustración interna debido a que la debilidad de las leyes permite que delincuentes reincidentes gocen de medidas sustitutivas o aceptación de cargos a las 72 horas de su captura.
«Nuestros compañeros policías arriesgan la vida en la captura de delincuentes que van a ocasionarle daño a la población guatemalteca, pero es lamentable que a veces a las 72 horas este delincuente anda nuevamente libre por las calles», denunció Custodio Boteo sobre los desafíos del sistema de justicia.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el homicidio de una mujer de 34 años ocurrido el sábado en el distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el reporte policial, la mujer sufrió lesiones en la cabeza provocadas con un objeto contundente, lo que le ocasionó la muerte.
Las autoridades indicaron que el principal sospechoso del crimen fue capturado poco después de ocurrido el hecho y fue identificado como Armando Adelio García Martínez, de 40 años.
Según la información proporcionada por la PNC, García Martínez mantenía una relación sentimental con la víctima.
La corporación policial señaló que las investigaciones permitieron ubicar y detener al presunto responsable, quien será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. El imputado enfrentará un proceso penal por el delito de homicidio, de acuerdo con el informe oficial.
Un pandillero con rango de palabrero (encargado de dar órdenes) identificado como Mario Ernesto Reyes Hernández, alias “Tontín” fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) este jueves por la noche en el kilómetro 11 de la autopista a Comalapa, en San Marcos, perteneciente al municipio de San Salvador Sur.
Según reveló la institución policial, a través de su cuenta de la red social X, este presunto pandillero tiene un amplio historial que lo vinculan con diferentes delitos. Uno de ellos es el de homicidio agravado, del cual tiene antecedentes de los años 2008, 2010 y 2012.
Otro de los delitos por los que tiene antecedentes es el de extorsión en 2008, favorecimiento de la evasión en 2010 y organizaciones terroristas en el 2019, indica la corporación en la publicación.
Reyes Hernández es perteneciente a la clica Veinticinco de Abril Locos Salvatruchos de dicha pandilla y según la PNC, es el presunto distribuidor de droga de la pandilla, por lo que al momento de ser capturado se le incautó por lo menos $1,500 en efectivo además de tres teléfonos celulares.
Después de hacer pública su captura, la policía informó que Reyes Hernández será entregado a las autoridades judiciales para enfrentar cargos por el delito de agrupaciones ilícitas.
Mario Ernesto Reyes Hernández, alias Tontín, es un palabrero de la MS13, con un amplio historial delictivo:
▪️Homicidio agravado: 2008, 2010 y 2012
▪️Extorsión, 2008
▪️Favorecimiento a la evasión, 2010
▪️Organizaciones terroristas, 2019
Esta detención a un presunto miembro de pandillas se suma a la de Walner Edenilson Quijada Cortez, alias “El Roro”, reportada el pasado miércoles. El pandillero fue detenido en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro, según la PNC.
Además, fue detenido en posesión de marihuana. Con esta, suma su tercera captura en cuatro años, por lo que la PNC informó que, en esta ocasión, será remitido a las autoridades por agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas.
Un hombre identificado como José Luis O. V., de 38 años, recibió este martes detención provisional de parte del Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango debido a que está acusado de los delitos de hurto agravado y daños, informó la cuenta de los Centros Judiciales de El Salvador en la red social X.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el sujeto es señalado de hurtar 76 celulares de un establecimiento de un centro comercial, además de dos tabletas y sustraer $70 en efectivo en una de las máquinas recreativas de juegos electrónicos.
Según el requerimiento fiscal, el incidente tuvo lugar el 23 de marzo en un centro comercial. El imputado habría ingresado al establecimiento durante las horas de operación, logrando ocultarse hasta que este cerró.
Aprovechando la noche, el sujeto ingresó a un establecimiento de venta de dispositivos electrónicos, logrando sustraer los dispositivos electrónicos, de acuerdo a la publicación de Juzgados, quienes informaron que el monto de lo hurtado asciende a los $25,518.
La jueza, después de examinar las pruebas iniciales, decidió enviar el caso al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango. Por su parte, el acusado será trasladado al Centro Penitenciario La Esperanza, en San Luis Mariona, indica la publicación de las autoridades.
¿Cómo logró escapar del establecimiento de venta de celulares?
Según las investigaciones de las autoridades, el sujeto utilizó herramientas de construcción para abrir un boquete en una pared, lo que le permitió acceder a varios locales comerciales: pasó de una tienda de tecnología a una sala de máquinas de juegos electrónicos y, finalmente, a un establecimiento de comida rápida. En dicho establecimiento hurtó los $70.
La detención se produjo la mañana siguiente, luego de que el personal del restaurante de comida rápida descubriera al hombre escondido en el área de los baños. Tras la alerta del personal, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar y procedieron a su captura.
#JusticiaSV⚖| Prisión preventiva para acusado de hurtar 76 celulares de un centro comercial
—El monto de lo hurtado asciende a más de $25,000.
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decretó instrucción formal con detención provisional contra José Luis O. V., de 38 años,… pic.twitter.com/KEw0YDSehR
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) April 8, 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon la madrugada de este miércoles a una presunta estructura que empleaba sitios web fraudulentos haciéndolos pasar por los portales oficiales de banca en línea de las entidades financieras y así estar a las personas.
Según detalló la FGR, por medio de su cuenta de la red social X y un comunicado de prensa, los integrantes de la estructura interceptaban la información (usuario y clave) al instante, mediante el «efecto espejo», cuando la víctima intentaba acceder a su banco e ingresaba sus datos en un sitio web falso. Esta modalidad de estafa se denomina “phishing”.
La institución fiscal aseguró que de esta forma es que ellos se apoderaban de las credenciales y contraseñas de las víctimas, a las que trasladaban el dinero a sus propias cuentas antes que el usuario se diera cuenta, inclusive, a una de las víctimas le sustrajeron $20,000 que fue repartido entre ellos.
Los detenidos fueron identificados como: Amílcar Eduardo Flores Pérez, Bryan Alexander González Castro, Carolina Guadalupe Burgos Bonilla, Daniela Esmeralda González Valencia y Jonathan Brayan Alvarenga Vásquez.
La FGR señaló que los primeros cuatro fueron capturados mediante una serie de operativos realizados en los distritos de Cuscatancingo y San Salvador, pertenecientes al municipio de San Salvador Centro.
Alvarenga Vásquez ya estaba detenido por un caso similar, por lo que se le notificará de la nueva acusación en su contra, informó la FGR en el escrito. Además, durante los registros, las autoridades decomisaron abundantes elementos de prueba que vinculan al conductor con el accidente, según se informó.
#Operativo | Durante la madrugada, la @FGR_SV en coordinación con @PNCSV ejecutaron operativo para capturar a 5 personas vinculadas a una estructura dedicada al hurto de dinero por medios informáticos.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 25, 2026
Estas estafas se suman a las que ya había reportado el fiscal Rodolfo Delgado el pasado jueves, relacionadas con la empresa Credicash, originaria de Chalatenango, la cual presuntamente operaba un esquema piramidal y de lavado de dinero con un movimiento estimado de al menos $51 millones.
En El Salvador la venta de vehículos usados es una práctica común, por ello, es importante realizar las respectivas inspecciones tanto en el aspecto mecánico como en el origen del vehículo que se desea adquirir.
Debido a esto, al comprar un vehículo usado, se corre el riesgo de adquirir uno de procedencia ilícita, ya sea por contrabando o por tener un reporte de robo, lo que constituye el delito de receptación, penado por la legislación salvadoreña. Por ello, Diario El Mundo te ofrece una guía detallada para que puedas verificar la situación legal de tu vehículo.
Para verificar si un vehículo en El Salvador presenta deudas o inconvenientes legales, es imperativo consultar su estado a través del portal web de Sertracen utilizando el número de chasis.
En el portal de la institución, puedes comprobar si existen gravámenes (deudas), embargos o multas asociados al vehículo, utilice el número de chasis en la herramienta «Consulta de estado de vehículos».
En el portal únicamente debes ingresar el número de tarjeta de circulación, número de placa del vehículo, digitar el Documento de Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) del propietario inscrito.
Otra medida de seguridad importante es verificar el estado del vehículo al momento de la inspección, consultando el (VIN) que aparece en la tarjeta de circulación. Este número puede revisarse en línea. Asimismo, es aconsejable asistir a la revisión acompañado de un mecánico de confianza.
Además, puedes gestionar una inspección policial con la Policía Nacional Civil (PNC) para verificar que no haya reportes de hurto, gravámenes o alteraciones en los números de serie.
Legalidad
Otras medidas prácticas incluyen pedir el título de propiedad original y la tarjeta de circulación. Es fundamental verificar que la información de estos documentos concuerde con la del vehículo y que la persona que vende sea el propietario legal.
El 35.93 % de los vehículos que entraron al país hasta febrero de 2026, lo que equivale a 35,077 unidades, eran usados, según el informe de la entidad.
