El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entró este sábado en un cierre administrativo parcial luego de que legisladores demócratas y republicanos no lograran un acuerdo para financiar las políticas migratorias de la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Se trata de la tercera paralización gubernamental desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca. A diferencia de las dos anteriores —una que se extendió por 43 días entre octubre y noviembre, y otra de casi cuatro días a inicios de este mes— esta solo afecta al DHS, entidad que agrupa varias de las agencias más estratégicas del país.
El Senado intentó aprobar este jueves un proyecto de ley impulsado por los republicanos para financiar la institución hasta septiembre, pero la propuesta fue bloqueada por casi todos los demócratas. Estos argumentaron que el plan no imponía límites suficientes a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas han provocado protestas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minéapolis, Minnesota.
El receso legislativo programado en ambas cámaras, controladas por el Partido Republicano, podría prolongar el cierre del DHS. La institución emplea a más de 270,000 personas y más del 90 % continuará trabajando durante la suspensión presupuestaria, aunque sin recibir salario hasta que se resuelva el impasse.
Agencias impactadas por la falta de fondos
El cierre no afecta al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto fue aprobado hasta septiembre. La medida impacta únicamente a las agencias bajo el DHS, entre ellas el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).
La mayoría del personal es considerado esencial, por lo que deberá permanecer en funciones sin pago temporal. En esta ocasión, los controladores aéreos no resultarán afectados, ya que dependen del Departamento de Transporte.
ICE, eje de la disputa política
En los últimos años, el DHS destinó aproximadamente $10,000 millones anuales al funcionamiento del ICE. Esa es la partida que permanece bloqueada en el Congreso.
El ICE se convirtió en el rostro visible de las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su segundo mandato. Junto con el CBP, ejecutó redadas en ciudades con mayoría demócrata como Minéapolis, Minnesota, operativos que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.
Pese a que la disputa gira en torno a esta agencia, la ley presupuestaria y fiscal promovida por el Presidente de Estados Unidos otorga margen de maniobra a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para redistribuir fondos destinados a operaciones migratorias y garantizar el pago a los agentes, a diferencia de otras dependencias.
Sectores con mayores repercusiones
La Guardia Costera y FEMA mantendrán misiones críticas de rescate y atención de desastres, pero reducirán entrenamientos, viajes oficiales y actividades rutinarias. Sus miembros podrían permanecer semanas sin recibir salario si la situación se prolonga.
El personal de la TSA también deberá laborar sin garantía de pago por tercera ocasión en este mandato. Si el cierre continúa, podrían generarse retrasos en los controles de seguridad en aeropuertos, afectando a viajeros en todo el país.
