El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó este viernes al Congreso evaluar la posibilidad de realizar la ceremonia de investidura del próximo 7 de agosto en una guarnición militar y no en Bogotá, como ha sido tradición, una propuesta que abrió un debate por sus implicaciones jurídicas, logísticas y de seguridad.
La petición fue presentada mediante una carta firmada por la coordinadora del equipo de transición, Mariana Pacheco, quien manifestó el interés del nuevo Gobierno de que la posesión presidencial se lleve a cabo «en un lugar distinto a la ciudad de Bogotá», aunque sin especificar el sitio elegido.
La Constitución colombiana establece que el juramento presidencial debe realizarse ante el Congreso de la República. Tradicionalmente la ceremonia se ha celebrado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y, en las últimas administraciones, también en la Plaza de Bolívar, sin antecedentes recientes de una investidura en otra ciudad.
En el documento, el equipo de De la Espriella pidió al Legislativo aclarar si tiene la facultad de trasladar temporalmente la sede del Congreso para celebrar la posesión presidencial fuera de la capital. Además, solicitó conocer cuál sería el quórum requerido para que senadores y representantes puedan constituirse válidamente en otro lugar, recordando que se trata de un acto solemne que no requiere votación.
La comunicación también solicita información sobre el procedimiento que deberían seguir el Senado y la Cámara de Representantes para autorizar formalmente el cambio de sede, así como los plazos necesarios para completar los preparativos antes del 7 de agosto, considerando que el nuevo Congreso asumirá funciones el próximo 20 de julio.
Aunque no existe una confirmación oficial sobre el lugar elegido, medios colombianos señalan que la ceremonia podría realizarse en un batallón ubicado en Popayán, capital del departamento del Cauca, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, lo que otorgaría un fuerte simbolismo político al acto.
La iniciativa ha sido cuestionada por la complejidad que implicaría trasladar fuera de Bogotá a los 108 senadores, los 188 representantes a la Cámara, jefes de Estado y de Gobierno invitados, delegaciones internacionales, personal de seguridad, funcionarios y medios de comunicación encargados de cubrir la ceremonia.
El contexto político también añade tensión al debate. El presidente saliente, Gustavo Petro, y sectores del Pacto Histórico no reconocen la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, quien derrotó por estrecho margen a Iván Cepeda en la segunda vuelta del pasado 21 de junio. Se prevé que la bancada oficialista mantenga una fuerte oposición al nuevo Gobierno desde el inicio de su mandato, incluida la organización de la ceremonia de investidura.
