El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este martes un decreto que levanta la suspensión generalizada de los permisos para portar armas de fuego en el país, una medida que había prometido durante su campaña electoral.
«La palabra de un hombre es su honor y yo tengo honor. Por eso, cumplo mi palabra, y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas no hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse», ha explicado De la Espriella en un vídeo difundido en redes sociales.
El mandatario aclaró que la decisión no implica un uso indiscriminado de armas y aseguró que continuarán vigentes las normas y controles establecidos para obtener las respectivas autorizaciones.
De la Espriella sostuvo que «el 99,9% de los delitos armados se cometen con armas «ilegales». «Los requisitos para portar armas siguen siendo muy estrictos: las personas tienen que reunir las condiciones físicas psíquicas y emocionales, así como no tener antecedentes ni problemas», ha detallado.
El presidente respaldó su decisión con datos sobre las incautaciones realizadas por las autoridades colombianas. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre fueron decomisadas 15,700 armas de fuego, de las cuales 14,179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
Del total incautado, 980 armas aparecen vinculadas con organizaciones narcoparamilitares. Según las cifras proporcionadas por el mandatario, 551 estaban relacionadas con el Clan del Golfo y otras 339 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De la Espriella también se refirió al armamento encontrado en poder de las disidencias. «Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros», ha precisado el mandatario en un mensaje en redes sociales, agregando que las autoridades quitarán todas las armas a los grupos criminales.
El decreto modifica así la política general sobre los permisos para portar armas en Colombia, pero mantiene los controles para las personas que busquen obtener una autorización. El Gobierno sostiene que, paralelamente, continuará con las incautaciones de armamento en poder de organizaciones criminales.