Guatemala suspenderá a partir de este jueves 1 de octubre y durante tres meses los impuestos aplicados a los combustibles, con el objetivo de reducir los precios que se han disparado a nivel mundial debido a los conflictos geopolíticos. La medida fue aprobada por el Gobierno después de las protestas y bloqueos registrados a comienzos de septiembre por el encarecimiento de los carburantes.
La denominada Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. La normativa fue sancionada este miércoles por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y publicada en el Diario Oficial del país, que es importador neto de combustibles.
La legislación elimina temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tanto para la importación como para la comercialización de gasolina regular y superior, diésel y gas licuado de petróleo, conocido como gas propano.
El Gobierno estima que la exención permitirá una reducción de $1.23 por galón, equivalente a 3.78 litros, en la gasolina superior; de $1.19 en la gasolina regular y de $0.83 en el diésel. Actualmente, el galón de diésel cuesta alrededor de $6.60, mientras que la gasolina superior se comercializa a $6.06 y la regular a $5.79, según el Ministerio de Energía y Minas.
La suspensión temporal de estos impuestos significará que el fisco guatemalteco dejará de recibir unos 3,318 millones de quetzales, equivalentes a $434.8 millones, durante el último trimestre del año, de acuerdo con análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Finanzas Públicas.
Entre enero y agosto de 2026, Guatemala desembolsó $3,632.3 millones por la importación de los cuatro carburantes, según datos del Ministerio de Energía y Minas. La cifra representa $1,089.3 millones adicionales, un incremento del 42.8 %, frente a los $2,543 millones pagados durante el mismo período de 2025.
El incremento en el costo de los hidrocarburos provocó a principios de septiembre jornadas de protestas y bloqueos intermitentes en carreteras estratégicas que conducen hacia los puertos de ambos litorales y las fronteras guatemaltecas. Las movilizaciones buscaban exigir medidas para contener el aumento de los precios de los combustibles.
Las protestas terminaron el 11 de septiembre, después de diez días de paralizaciones. El sector empresarial estimó que los bloqueos provocaron pérdidas diarias de $150 millones en comercio exterior y alrededor de $13 millones en recaudación fiscal.
