Transportistas bloquearon este lunes las principales carreteras de Guatemala, incluidas rutas fronterizas con México y El Salvador, en rechazo al fuerte incremento de los combustibles y para exigir al Gobierno medidas fiscales que permitan reducir los precios.
Los manifestantes instalaron barricadas y atravesaron camiones y otros vehículos para impedir la circulación. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial reportó al menos una docena de vías paralizadas en diferentes puntos del territorio guatemalteco, afectando el desplazamiento de miles de conductores.
Las gremiales de transportistas aseguran que el precio de los combustibles aumentó más de 50 % durante el último semestre, situación que atribuyen a diferentes factores internacionales, entre ellos los enfrentamientos militares que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán. Los manifestantes también solicitan eliminar algunos impuestos municipales.
Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el galón de diésel se comercializa actualmente alrededor de $6.08, mientras la gasolina superior alcanza $5.45 y la regular $5.21. Los transportistas demandan mecanismos que permitan reducir estos precios.
William Barrera, uno de los dirigentes de las gremiales, indicó que esperan ser recibidos por el presidente del Congreso, Luis Contreras, para plantear sus demandas y buscar una solución a las protestas que mantienen interrumpido el tránsito en diferentes carreteras.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el pasado 23 de julio una iniciativa para solicitar al Congreso la aprobación de un nuevo subsidio a los combustibles, el segundo planteado durante 2026. Sin embargo, los transportistas rechazan esa alternativa y reclaman otros mecanismos para disminuir el costo de los carburantes.
En abril, el Congreso aprobó a petición del Ejecutivo un subsidio por $261.7 millones, vigente durante tres meses. De acuerdo con la información proporcionada, consumidores cuestionaron posteriormente que ese desembolso no se reflejara en una reducción del precio de los combustibles.
La Cámara del Agro rechazó las protestas porque «ponen en riesgo el abastecimiento y distribución de los alimentos» y advirtió que también perjudican a pequeños productores. La gremial pidió al Gobierno, al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil garantizar la libre circulación y los derechos al trabajo, salud, educación, industria y comercio.
