Etiqueta: presos políticos

  • EEUU denuncia crueldad de la dictadura nicaragüense contra disidentes

    EEUU denuncia crueldad de la dictadura nicaragüense contra disidentes

    La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció el sábado la “crueldad del régimen” sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los disidentes de su Gobierno.

    En un mensaje difundido en redes sociales, la delegación diplomática estadounidense reprochó el trato contra quienes expresan críticas al oficialismo. “La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable”, señaló.

    La sede diplomática también criticó que la “dictadura Murillo-Ortega” mantenga detenidas a personas ancianas y enfermas, y puso como ejemplo el caso del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, preso desde el 29 de septiembre de 2023.

    Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, Yatama, que significa Hijos de la Madre Tierra en lengua miskita, fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional y fue capturado antes de las elecciones regionales de marzo de 2024.

    Después de su detención, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, controlado por el oficialismo, canceló la personalidad jurídica de Yatama, al argumentar que incurrió en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, además de promover injerencia extranjera en asuntos internos.

    La Embajada estadounidense sostuvo que los detenidos de avanzada edad y con enfermedades permanecen presos por razones políticas. “Estas personas -ancianos y enfermos- fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos fundamentales y de atención médica”.

    De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua hay 46 personas detenidas por motivaciones políticas. De ese total, 15 son adultos mayores, entre ellos Bayardo Arce y Henry Ruiz, antiguos comandantes de la revolución sandinista.

    En esa lista también figuran el exasesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero; los dirigentes indígenas Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez; así como los militares retirados Carlos Brenes, Víctor Boitano y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros. Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales rivales en prisión.

     

  • El retorno de María Corina Machado, la prueba de fuego para Delcy Rodríguez

    El retorno de María Corina Machado, la prueba de fuego para Delcy Rodríguez

    El posible retorno a Venezuela de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se perfila como una prueba clave para el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya que podría medir el nivel de apertura política y el estado de las libertades en el país, señalaron expertos consultados por EFE.

    Machado es una de las voces más críticas del chavismo, que la acusa de conspiración y de promover acciones contra el Gobierno. Sin embargo, en los últimos dos años se consolidó como la principal figura de la oposición venezolana en términos de respaldo popular, según encuestas de firmas como Datanálisis y Meganálisis.

    Tras las elecciones presidenciales de 2024, la dirigente permaneció varios meses en la clandestinidad para evitar ser detenida luego de denunciar fraude en los comicios en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador. En diciembre pasado salió del país para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    El politólogo y profesor universitario Guillermo Tell Aveledo afirmó que el eventual regreso de Machado “pone a prueba el ámbito de las libertades en el sistema actual”, al tiempo que señaló que en los últimos meses se observa un resurgimiento del activismo político, con dirigentes que reaparecieron tras permanecer ocultos y recientes protestas estudiantiles.

    No obstante, el escenario sigue siendo complejo. En febrero pasado el Parlamento aprobó una ley de amnistía para hechos ocurridos entre 1999 y 2026, período de gobierno del chavismo, aunque la normativa excluye varios delitos de los que el Ejecutivo acusa a Machado. De acuerdo con analistas, el artículo 9 de la ley podría dejarla fuera del beneficio.

    La presidenta encargada Delcy Rodríguez advirtió recientemente que, si la dirigente opositora regresa al país, deberá responder “por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero”.

    Según datos oficiales, la amnistía ha concedido 7,654 libertades plenas, aunque solo 247 corresponden a presos políticos. Por su parte, la organización Foro Penal sostiene que actualmente hay 526 personas detenidas por motivos políticos en el país.

    Para la especialista en comunicación política Mariana Bacalao, el regreso de Machado podría convertirse en un indicador del rumbo político del país. Si logra ingresar y ejercer sus derechos políticos sin restricciones, podría enviar una señal de apertura para los opositores que se encuentran en el exilio o en la clandestinidad. De lo contrario, pondría en duda la disposición del Gobierno para avanzar hacia un proceso de democratización.

    Machado adelantó que, si regresa, iniciará una gira política en Venezuela para impulsar lo que definió como “una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible” y promover un “gran acuerdo nacional” para la gobernabilidad del país.

     

  • Presos políticos demandan su libertad desde las cárceles venezolanas

    Presos políticos demandan su libertad desde las cárceles venezolanas

    En la cárcel El Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora, en Venezuela, el silencio nocturno se rompe cada noche con gritos que cruzan muros y maleza. Son presos políticos y sus familiares que, separados por la distancia y las restricciones, improvisan un diálogo a viva voz para mantenerse conectados ante el limitado régimen de visitas.

    Desde un cerro cercano al penal, decenas de mujeres encienden velas y llaman a sus familiares. “Oído”, grita una de ellas. Segundos después, desde el interior responden: “¿Cómo están?”, a lo que sigue un intercambio breve pero cargado de emoción. Aunque no saben con certeza con quién hablan ni logran ver la prisión, ese contacto se ha convertido en su única vía diaria de comunicación, ya que las visitas se limitan a 15 minutos semanales a través de un vidrio.

    Durante esos diálogos, las familiares informan a los detenidos sobre el avance de la amnistía aprobada hace una semana por la Asamblea Nacional, el cambio del fiscal general y las acciones emprendidas para exigir la liberación de todos los presos políticos.

    Desde el interior, los reclusos transmiten sus demandas. “Libertad de todos los secuestrados, pedimos liberación masiva”, gritó uno de ellos, seguido por un clamor colectivo de “justicia” y “libertad”.

    Una de las voces desde el exterior cuestionó: “Todos los derechos de los presos políticos han sido violados, ¿qué están esperando para soltar a la gente?”. También intentaron enviar un mensaje a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promotora de la amnistía en el contexto de lo que ha denominado un “nuevo momento político” tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

    Hasta el momento, la amnistía ha otorgado libertad plena a 223 personas y ha levantado medidas cautelares a otras 4,534. Sin embargo, según la ONG Foro Penal, aún permanecen unos 568 presos políticos en el país, sin que se conozca con exactitud cuántos de ellos están recluidos en El Rodeo I.

    Huelga de hambre y llamado internacional

    Los presos políticos del penal iniciaron el fin de semana pasado una huelga de hambre para exigir su liberación. De acuerdo con testimonios de excarcelados, en el centro también hay extranjeros detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 tras cruzar la frontera desde Colombia.

    La noche del jueves, desde la prisión se escuchó el himno de Colombia y consignas dirigidas a la comunidad internacional. “Los hermanos extranjeros continúan en huelga, necesitan la presencia de los consulados (…) Colombia, Argentina, Ecuador, Francia, Cuba, Guyana, España, Líbano”, clamaron. También exigieron: “¡Que ingrese la Cruz Roja!” y “¡que venga la ONU!”.

    Desde el cerro, las familias respondían que continuarán presionando hasta lograr la liberación de todos. Antes de despedirse, los detenidos gritaron: “Dios los bendiga a todos”, mientras juntos coreaban: “Familia unida, jamás será vencida”.

     

  • EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    EEUU sanciona a cinco funcionarios de la dictadura nicaragüense por represión

    Estados Unidos anunció este 26 de febrero sanciones contra cinco altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, a quienes señala de incitar a la “inestabilidad regional” mediante la consolidación del poder de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como por mantener abusos sistemáticos contra la población.

    El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que “desde 2018, la dictadura de Murillo-Ortega ha reprimido violentamente protestas pacíficas, ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos”. Además, sostuvo que el régimen nicaragüense ha perseguido al clero católico y ha optado por “silenciar” y “desterrar” a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.

    Los sancionados son el director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el general retirado Denis Membreño Rivas y el comisionado policial Aldo Martín Sáenz Ulloa; la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores Jiménez;  la subdirectora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) Celia Margarita Reyes Ochoa y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército, general Leonel José Gutiérrez López.

    Según Washington, la reforma a la Constitución impulsada por el oficialismo permitió asegurar que las instituciones castiguen a adversarios políticos y habiliten la supervisión y control de los sistemas de telecomunicaciones. La Administración estadounidense considera que estas medidas fortalecen el aparato de vigilancia y el control sobre la disidencia.

    “La dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza las estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Las personas sancionadas lideran agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión”, agregó Pigott.

    El funcionario reiteró que la Administración Trump “utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas” disponibles para enfrentar a quienes, a su juicio, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio. Asimismo, insistió en el llamado a la liberación “inmediata e incondicional” de todos los presos políticos en Nicaragua.

    Con estas sanciones, Washington eleva la presión sobre Managua en medio de crecientes tensiones diplomáticas y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

     

  • 213 presos inician huelga en cárcel venezolana por el incumplimiento de la amnistía

    213 presos inician huelga en cárcel venezolana por el incumplimiento de la amnistía

    Más de 200 presos políticos venezolanos y extranjeros recluidos en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, iniciaron este domingo una huelga de hambre para exigir atención médica adecuada y el cumplimiento de las excarcelaciones contempladas en la Ley de Amnistía recientemente aprobada, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

    “A esta hora, 2.00 de la tarde (hora local) de este 22 de febrero, familiares de presos políticos reportan que 213 personas privadas de libertad se mantienen en huelga de hambre en El Rodeo I. Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus Derechos Humanos”, comunicó la organización a través de sus redes sociales.

    El CLIPPVE señaló que, pese a la aprobación de la amnistía, más de 500 presos políticos quedarían excluidos de la medida, ya que la ley no contempla beneficios para condenados por delitos de corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional o lesiones gravísimas. Los familiares convocaron además a la sociedad civil a acompañarlos y anunciaron una concentración en el auditorio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.

    La huelga coincide con el inicio del proceso de excarcelaciones supervisado por la Cruz Roja Venezolana, invitada por el Gobierno para ofrecer atención médica y evaluación primaria a las personas liberadas en todo el país. La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

    El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que las autoridades han recibido más de 1,500 solicitudes de amnistía y que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley”. No obstante, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himio, indicó que hasta este domingo se han confirmado 32 liberaciones y que desde el viernes suman más de 40 casos verificados.

     

  • Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el sábado que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el pasado 19 de febrero y publicada en la Gaceta Oficial N° 6.990.

    “Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato”, explicó Rodríguez durante un acto en Caracas, según medios oficiales. El dirigente añadió que ya se están concretando liberaciones de personas que se acogen a la nueva normativa.

    Asimismo, detalló que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía evalúa la situación de otras 11,000 personas que se encontraban bajo régimen sustitutivo de privación de libertad.

    “Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad”, indicó.

    Rodríguez reiteró que la ley busca fomentar el diálogo y la paz en el país. “Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno”, sostuvo.

    El dirigente también acusó a sectores de la oposición de intentar desvirtuar el alcance de la normativa. “Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido”, afirmó, al tiempo que llamó a no caer en provocaciones y defendió la amnistía como “un gran primer paso” hacia la paz.

    Por su parte, el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público han tramitado ya 379 solicitudes competentes para otorgar amnistías.

     

  • Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    Delcy Rodríguez exige acelerar aplicación de amnistía en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión para la reforma del sistema de justicia que den “máxima celeridad” a la aplicación de la histórica ley de amnistía aprobada para presos políticos en el país suramericano.

    Rodríguez expresó sentirse “muy complacida” tras recibir en el palacio presidencial de Miraflores a la comisión que dará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía. En el acto estuvieron presentes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La mandataria firmó la legislación para su publicación en la Gaceta Oficial y su inmediata entrada en vigencia.

    Asimismo, pidió que se evalúen casos que no estén contemplados en la nueva normativa, con el objetivo de “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y fortalecer la justicia. “Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia”, afirmó.

    Tras el acto, el presidente del Parlamento señaló ante medios de comunicación que la ley puede sentar bases para mirar hacia el futuro y abrir un nuevo camino de paz en Venezuela. Ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, recibirá tanto los casos incluidos en la ley como los de cualquier persona que considere que su proceso debe ser revisado.

    Este día, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la amnistía para presos políticos vinculados a episodios de crisis ocurridos entre 2002 y 2025, excluyendo a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra el país.

    La medida se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en Venezuela, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos

    La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía dirigida a presos políticos condenados por hechos vinculados a episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país suramericano.

    La legislación deja fuera de la amnistía los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los contemplados en la ley contra la corrupción. Asimismo, excluye a personas procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela, con apoyo de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

    Los diputados acordaron conceder el beneficio por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de tensión política, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 e inicios de 2003, así como las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024. Para supervisar la aplicación de la ley, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados, entre oficialistas y opositores, que desarrollará mecanismos para asegurar su cumplimiento y podrá contar con asesoría de expertos.

    En el artículo 7, que generó diferencias y llevó a posponer el debate la semana pasada, se establece que los beneficiarios deberán presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía. Aquellos que se encuentren fuera del país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por su parte, el artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará en cada caso el cumplimiento de las condiciones y podrá decretar la nulidad de los procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que “no excederá de 15 días continuos”.

    La ley también aclara que las personas favorecidas que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas conforme a la legislación ordinaria.

    La iniciativa se enmarca en el “nuevo momento político” anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el 8 de enero por el Gobierno encargado.

     

  • La oposición venezolana exige una amnistía “verdadera y plena” para presos políticos

    La oposición venezolana exige una amnistía “verdadera y plena” para presos políticos

    La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reafirmó este martes su exigencia de que la amnistía planteada por el Asamblea Nacional de Venezuela sea “verdadera, integral y efectiva” y que contemple la liberación “plena” de todos los presos políticos en el país.

    A través de un comunicado en la red social X, la coalición sostuvo que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y que no puede condicionar ni limitar quiénes quedan amparados por esta ley, pues de lo contrario —aseguró— se trataría de “administración del castigo” más que de justicia.

    El proyecto de ley de amnistía, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y debatido en el Parlamento, ha generado críticas de ONG y de la oposición por dejar fuera a cientos de presos políticos, incluidos militares y personas detenidas por protestar, y por establecer requisitos como presentarse “a derecho” ante la justicia para acogerse al beneficio.

    La PUD enfatizó que Venezuela necesita la libertad “sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas”, y reclamó el fin de la persecución política y garantías para que los exiliados puedan regresar al país sin temor. En ese sentido, afirmó que “no se puede hablar de reconciliación mientras se mantienen intactos los mecanismos normativos y el aparato represivo que encarceló, inhabilitó y desterró a miles de venezolanos”.

    El debate parlamentario sobre la amnistía fue aplazado recientemente por diferencias sobre un artículo clave, lo que ha ralentizado la aprobación final de la ley. Mientras tanto, familiares de presos políticos —entre ellos mujeres que han iniciado huelgas de hambre frente a centros de detención en Caracas— demandan la liberación inmediata de sus seres queridos en medio de un lento proceso de excarcelaciones y un clima de incertidumbre.

    Organizaciones independientes han documentado excarcelaciones parciales, incluidas al menos 17 liberaciones recientes reportadas por grupos opositores, aunque persisten cientos de personas detenidas por motivos políticos.

     

  • Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras la Asamblea Nacional debate la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que, según el oficialismo, permitiría excarcelar a personas acusadas por delitos cometidos desde 1999, pero que organizaciones no gubernamentales consideran limitada y contradictoria.

    El Parlamento aprobó la semana pasada por unanimidad y en segunda lectura seis artículos del proyecto, pero la discusión se estancó en el séptimo, debido a desacuerdos sobre la exigencia de que los beneficiarios se pongan “a derecho”, es decir, se presenten ante las autoridades judiciales. Para activistas y ONG, esta condición obliga a reconocer hechos que muchos detenidos niegan haber cometido y desvirtúa el principio de amnistía.

    El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que el texto, tal como está redactado, traslada a las víctimas y sus familias “la carga de explicar detenciones arbitrarias” ejecutadas por un sistema de justicia que, según denuncian, conoce el carácter político de los encarcelamientos. Las organizaciones también cuestionan las “exclusiones, riesgos e insuficiencias” del proyecto, difundido inicialmente de manera informal.

    La ley excluye de sus beneficios a personas vinculadas con “violaciones graves a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio público”. Esto podría dejar fuera a militares detenidos o exiliados relacionados con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018 o con la denominada ‘Operación Gedeón’.

    Aunque el responsable de la comisión parlamentaria, el diputado Jorge Arreaza, se reunió con sectores de la sociedad civil para recoger observaciones, persisten las críticas sobre el alcance real de la normativa.

    Expertos subrayan que cualquier proceso de reconciliación debe contemplar rendición de cuentas y reformas estructurales que impidan nuevas detenciones arbitrarias. Mientras tanto, el debate continuará el martes 17 de febrero, en un clima de tensión política y con miles de familias pendientes del desenlace legislativo.