Etiqueta: presos políticos

  • Venezuela celebra canonización de sus primeros santos entre fe y tensiones políticas

    Venezuela celebra canonización de sus primeros santos entre fe y tensiones políticas

    En medio de una profunda crisis política y social, Venezuela se prepara para celebrar este domingo la canonización de sus primeros dos santos: el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles. El acto religioso se llevará a cabo en el Vaticano el 19 de octubre y será replicado con una misa multitudinaria el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas.

    La noticia ha provocado una oleada de emoción en todos los sectores del país, marcando un momento de aparente unidad tras las tensas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados aún dividen al país. Mientras el Consejo Nacional Electoral proclamó como vencedor a Nicolás Maduro, la oposición insiste en que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador.

    Desde el ámbito religioso, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza, consideró que esta canonización es “una oportunidad de reencuentro de los venezolanos en torno a la fe”.

    Por su parte, el padre Manuel Teixeira, decano de Teología de la misma institución, destacó que Hernández “daba el ejemplo de cómo construir un país en un clima adverso en lo político”.

    En paralelo al júbilo religioso, organizaciones no gubernamentales y actores de la oposición, como la nobel de la paz 2025, María Corina Machado, han solicitado la liberación de presos políticos como gesto en el marco de la canonización.

    Según la ONG Foro Penal, en el país hay al menos 845 detenidos por motivos políticos, muchos de ellos arrestados tras protestas por los resultados electorales de 2024. El Gobierno venezolano, sin embargo, niega que existan presos políticos y sostiene que todos han cometido delitos comunes.

    El partido Vente Venezuela denunció recientemente que al menos 30 personas han sido detenidas arbitrariamente en octubre, de las cuales solo tres han sido liberadas, mientras el resto continúa bajo arresto.

    Desde el oficialismo también se ha celebrado el acto de canonización. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, expresó desde Roma que “estamos más unidos que nunca en la fe y en la solidaridad”. El ministro del Interior y dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que José Gregorio Hernández “es el santo de los pobres y una fiesta para el pueblo”.

    No obstante, Cabello advirtió sobre supuestos planes desestabilizadores de María Corina Machado para empañar la ceremonia, tanto en Venezuela como en Roma.

    “Tiene todo listo para armar un show”, afirmó, citando una carta de los llamados ‘patriotas cooperantes’ que fue leída en su programa de televisión.

    La canonización de Hernández y Rendiles representa un momento histórico para Venezuela, donde la fe se mezcla con la tensión política, las denuncias de persecución y la esperanza de reconciliación.

     

  • Leopoldo López pide intervención militar de EEUU en Venezuela

    Leopoldo López pide intervención militar de EEUU en Venezuela

    El dirigente opositor venezolano Leopoldo López defendió este sábado una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, al considerarla “absolutamente legítima”.

    A juicio del líder de Voluntad Popular, dicha acción sería válida tras lo que calificó como un “golpe de Estado” cometido por el presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024.

    En entrevista con Europa Press, López manifestó que la salida de Maduro “representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos” y que todo escenario que conduzca hacia una transición democrática debe ser respaldado. También aplaudió el endurecimiento de la presión de Washington desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

    López dio su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y no dudó al afirmar que también apoyaría una intervención directa.

    “Tendría una respuesta masiva de los venezolanos”, sostuvo, recordando que “así se conquistó la independencia en América Latina”.

    Rechazó que la muerte de ciudadanos venezolanos durante operativos contra narcotraficantes recaiga en las fuerzas estadounidenses, responsabilizando en cambio al Gobierno de Maduro.

    El opositor también vinculó directamente al Ejecutivo con el Cártel de los Soles, afirmando que esta estructura “no es paralela, es el Estado mismo”.

    Celebró que el Parlamento Europeo haya instado a clasificar esta red como organización terrorista, una postura que ya ha adoptado Estados Unidos. Asimismo, pidió al Gobierno de España y a sus empresas, incluidas las petroleras, romper relaciones políticas y económicas con Caracas.

    Finalmente, López reiteró su respaldo al excandidato Edmundo González, a quien calificó como “el presidente constitucional de Venezuela”, y a María Corina Machado como principal referente de la oposición. Criticó a otros líderes opositores como Henrique Capriles por, según él, aceptar las condiciones del régimen. “Conformarse con las migajas del Gobierno no tiene ningún impacto en la aspiración colectiva de la mayoría de venezolanos”, afirmó.

     

  • Suben a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

    Suben a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

    Al menos 73 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirige la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 22 adultos mayores, denunció este lunes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    En Nicaragua hay actualmente 73 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    «La desaparición forzada se ha consolidado como una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo, utilizada como estrategia de control social y de represión política», advirtió.

    De esas 73 personas privadas de libertad por razones políticas, 14 son mujeres y 59 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.

    Asimismo, ese mecanismo señaló que durante julio y agosto Nicaragua vivió una escalada represiva que combinó redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y confiscaciones de instituciones sociales y educativas.

    Detenciones subieron en julio y agosto

    Julio, mes en que el Gobierno celebra el aniversario de la revolución sandinista, estuvo acompañado de mayor vigilancia, hostigamiento y amenazas directas contra la ciudadanía, de acuerdo con el informe.

    En agosto, la represión se profundizó con redadas en diferentes departamentos (provincias), siendo Carazo (particularmente la ciudad de Jinotepe) el más afectado, apuntó ese organismo.

    «Allí se registraron al menos 30 detenciones arbitrarias, posteriores al anuncio de confiscación del Colegio San José, hecho que provocó conmoción en la comunidad», anotó.

    En total, entre julio y agosto se documentaron 52 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 personas fueron liberadas y 19 se integraron a la lista oficial de presas políticas, elevando el número total a 73 personas reconocidas por el Mecanismo.

    El perfil de la mayoría corresponde a liderazgos comunitarios y personas con alta estima social en sus barrios, lo que refuerza la estrategia del régimen de desarticular la organización social y quebrar los lazos de confianza comunitaria, de acuerdo con el informe.

    Exsandinistas, militares en retiro, indígenas y periodistas

    La lista actualizada incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro, Álvaro Baltodano.

    Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.

    Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez.

    También los militares en retiro Carlos Brenes, Victor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, y los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo, entre otros.

    El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

  • Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecuta una práctica sistemática de desapariciones forzadas desde abril de 2018, en el marco de la crisis política y social que atraviesa el país, denunció este viernes un informe de organizaciones defensoras de derechos humanos.

    El documento fue elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Como ejemplo, citan la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el 17 de julio y cuyo cuerpo fue entregado a su familia 38 días después en el Instituto de Medicina Legal de Managua.

    La investigación, divulgada en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sostiene que este mecanismo de represión afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias, que enfrentan hostigamiento, incertidumbre y silencio oficial.

    “Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, señala el informe.

    Según la CIDH, más de 2,000 detenciones políticas en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas y privadas de contacto con sus familiares y abogados. El estudio advierte que desde 2023 estos procesos han pasado de durar pocos días a convertirse en desapariciones prolongadas, amparadas en la opacidad del sistema judicial.

    El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU concluyó que estas prácticas responden a un “plan criminal” del régimen Ortega-Murillo para neutralizar la disidencia. Además, el informe alerta que afectan con mayor crudeza a mujeres, adolescentes, líderes indígenas, personas adultas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

    Las presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas con componentes de violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron tendencias suicidas. El estudio también resalta el impacto en familiares buscadores —en su mayoría mujeres— que enfrentan hostigamiento, altos costos económicos y graves afectaciones emocionales.

    Las organizaciones exigieron al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas, liberar a los presos políticos y establecer mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia, exigir responsabilidades y acompañar a las víctimas.

    Nicaragua vive una crisis política desde hace siete años, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes encarcelados, despojados de su nacionalidad y expulsados del país.

     

  • Denuncian en Venezuela agresiones a madres de presos políticos a las afueras del Supremo

    Denuncian en Venezuela agresiones a madres de presos políticos a las afueras del Supremo

    La ONG venezolana Colectivo Surgentes de Derechos Humanos denunció este miércoles que más de 50 madres fueron «golpeadas» por «grupos parapoliciales» cuando hacían una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de Caracas.

    La organización indicó, a través de una publicación en Instagram, que la agresión ocurrió a las 22:00 hora local del martes (02:00 GMT, 8 de la noche del martes en El Salvador) contra integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes exigían una reunión con la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de los casos de detenidos en el contexto de la crisis postelectoral tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado.

    «Fueron golpeadas y robadas por un grupo parapolicial de unas 70 personas, encapuchadas, con armas de fuego y objetos contundentes», explicó el Colectivo Surgentes.

    La ONG relató que aproximadamente a las 21:30 hora local (01:30 GMT), equipos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), que se encontraban cerca de la concentración, se retiraron del lugar.

    «Minutos después se presentó el grupo parapolicial en motos y a pie, algunas personas encapuchadas y otras con la cara destapada. Golpearon a las madres y a las personas presentes, incluyendo una madre con un bebé y una mujer embarazada», añadió.

    Asimismo, dijo que este grupo robó las carteras, documentos de identidad, teléfonos, llaves, una corneta y varias carpas, «arrastrando por el piso a quienes no querían entregar sus pertenencias».

    «El grupo parapolicial empujó a todos los presentes durante cuatro o cinco cuadras, dispersándolos», explicó.

    La ONG exigió a la Fiscalía iniciar una investigación «inmediata» sobre este suceso, así como un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

    Familiares que protestaban a las afueras del TSJ en Caracas informaron a EFE que acudieron este miércoles a la sede de la Fiscalía, en Caracas, para introducir la denuncia sobre esta agresión.

    Luisa Barrio, una de las integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, declaró el martes que se mantendrían a las afueras del Supremo hasta que fueran atendidas por Rodríguez para revisar los casos de los presos detenidos tras las elecciones presidenciales, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

    La ONG venezolana Foro Penal contabiliza 807 presos políticos en Venezuela, tras 55 excarcelaciones y nueve nuevos arrestos, como parte de lo que ha denunciado como un mecanismo de “puerta giratoria”, es decir, “unos salen de la cárcel, pero otros entran”, según un balance difundido este martes.

    Del total, hay 712 hombres y 95 mujeres, y cuatro son adolescentes, con edades de los 14 a los 17 años, indicó Foro Penal en X.

    El Gobierno de Venezuela niega la existencia de detenidos por motivos políticos en el país y sostiene que estas personas han cometido diversos delitos. Esta afirmación es rechazada por líderes y partidos opositores, así como por organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.

  • María Corina Machado denuncia nueva ola de represión en Venezuela

    María Corina Machado denuncia nueva ola de represión en Venezuela

    La líder opositora María Corina Machado denunció este martes una nueva ola de represión en Venezuela, con al menos 20 personas desaparecidas o encarceladas en un lapso de 72 horas. A través de la red social X, la exdiputada responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro y exigió a la justicia internacional que actúe contra los responsables.

    Según un comunicado difundido por su equipo, la nueva arremetida represiva comenzó el pasado viernes, justo después de que el régimen venezolano excarcelara a varios presos políticos y liberara a diez ciudadanos estadounidenses, en el marco de una negociación internacional.

    Desde entonces, se han reportado numerosas detenciones, incluyendo a testigos de mesa de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció un fraude electoral tras la proclamada reelección de Maduro.

    “Este patrón, ya reiterado, confirma la política de la ‘puerta giratoria’: liberar selectivamente a unos para encarcelar a otros. La represión no cesa, solo se redistribuye”, expresa el comunicado.

    Machado acusó al régimen de usar la privación de libertad como herramienta de negociación política, aludiendo a una práctica sistemática de diplomacia de rehenes y castigos selectivos, mientras persiste la criminalización de la disidencia en el país.

    “Reiteramos el llamado urgente a la comunidad internacional a actuar frente a lo que ocurre en Venezuela. La presión externa ha sido clave para contener la persecución en el pasado, pero ya no es suficiente mientras el problema de fondo persiste: más de 900 personas siguen presas y desaparecidas por razones políticas”, advirtió.

    La oposición insistió en que los organismos de derechos humanos deben intensificar su actuación frente a la creciente persecución política en Venezuela.

    “Es indispensable usar todas las herramientas contra un aparato represivo que persigue, secuestra, desaparece y tortura. Los perpetradores deben saber que rendirán cuentas por sus crímenes”, subrayó.

    El viernes pasado, el régimen venezolano confirmó la excarcelación de varios presos políticos como parte de un acuerdo en el que participó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. A cambio, el gobierno de Maduro recibió a 252 migrantes venezolanos deportados previamente desde Estados Unidos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

  • ONG confirma la excarcelación de al menos 28 presos políticos en Venezuela

    ONG confirma la excarcelación de al menos 28 presos políticos en Venezuela

    Al menos 28 ciudadanos que, según allegados y oenegés, estaban detenidos en Venezuela por motivos políticos, han sido liberados en las últimas horas, anunció una organización local que aboga por los derechos de estas personas.

    En un mensaje en X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) informó que entre «los liberados con medidas cautelares» se encuentran personas detenidas en el contexto de la crisis posterior a las elecciones de julio de 2024, en las que el ente comicial adjudicó la victoria al presidente Nicolás Maduro en medio de los cuestionamientos de la oposición, y que estaban recluidas en la cárcel de Tocorón (estado Aragua, norte), en El Helicoide, en Caracas, «y otros centros de detención».

    Dicha organización detalló que 20 personas fueron excarceladas en Tocorón.

    Otros siete hombres, incluidos los activistas políticos del partido antichavista Primero Justicia (PJ) Gregorio Graterol, Manuel Chiquito y José Granadillo, detenidos a finales de diciembre pasado en Punto Fijo, estado Falcón (noroeste), recuperaron su libertad después de permanecer en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

    También salió de la prisión el activista del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Monagas (este), Ángel Aristimuño, quien se encontraba recluido en un «comando» de esa región.

    «Esta noticia es un aliento para muchas familias, pero la libertad debe ser para todos. No podemos hablar de justicia mientras siga habiendo presos políticos en Venezuela», manifestó la ONG.

    El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes la excarcelación de un grupo de personas consideradas por sus allegados y ONG como presos políticos, como parte de una negociación en la que participó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

    Estas excarcelaciones se dan junto con el retorno a Venezuela de los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador en marzo pasado, además del «rescate» de siete de los 31 niños que, según denuncia la Administración de Maduro, están «secuestrados» en el país norteamericano.