La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del excomandante sandinista Bayardo Arce, quien permanece detenido desde julio de 2025 en Nicaragua, tras considerar que enfrenta una situación de riesgo grave.
En su resolución, el organismo señaló que Arce, de 77 años, y su núcleo familiar están expuestos a posibles daños irreparables en sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
El exasesor presidencial fue declarado culpable en enero por una supuesta estafa al Estado valorada en aproximadamente $5,000 millones, según la Procuraduría, en medio de cuestionamientos y denuncias contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La CIDH indicó que Arce se encuentra recluido en condiciones de aislamiento, sin acceso adecuado a atención médica pese a padecimientos crónicos, lo que agrava su estado de salud.
Asimismo, el organismo advirtió que sus familiares han sido objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de persecución por parte de agentes estatales, sin que el Estado haya brindado información sobre el caso.
«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo y podría estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de persona mayor y privada de libertad», indicó la resolución.
Ante este escenario, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de Arce, incluyendo garantizar condiciones de detención adecuadas conforme a estándares internacionales.
También pidió realizar una evaluación médica integral inmediata, asegurar acceso a tratamiento especializado y medicamentos, así como permitir la comunicación regular con sus familiares y representantes.
El organismo instó además a que se detengan las acciones de hostigamiento contra su familia, en un contexto donde al menos siete opositores han fallecido bajo custodia estatal en los últimos años.
Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde 2018, profundizada tras las elecciones de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un nuevo mandato en medio de fuertes críticas internacionales.
