El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecuta una práctica sistemática de desapariciones forzadas desde abril de 2018, en el marco de la crisis política y social que atraviesa el país, denunció este viernes un informe de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El documento fue elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Como ejemplo, citan la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el 17 de julio y cuyo cuerpo fue entregado a su familia 38 días después en el Instituto de Medicina Legal de Managua.
La investigación, divulgada en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sostiene que este mecanismo de represión afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias, que enfrentan hostigamiento, incertidumbre y silencio oficial.
“Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, señala el informe.
Según la CIDH, más de 2,000 detenciones políticas en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas y privadas de contacto con sus familiares y abogados. El estudio advierte que desde 2023 estos procesos han pasado de durar pocos días a convertirse en desapariciones prolongadas, amparadas en la opacidad del sistema judicial.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU concluyó que estas prácticas responden a un “plan criminal” del régimen Ortega-Murillo para neutralizar la disidencia. Además, el informe alerta que afectan con mayor crudeza a mujeres, adolescentes, líderes indígenas, personas adultas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.
Las presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas con componentes de violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron tendencias suicidas. El estudio también resalta el impacto en familiares buscadores —en su mayoría mujeres— que enfrentan hostigamiento, altos costos económicos y graves afectaciones emocionales.
Las organizaciones exigieron al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas, liberar a los presos políticos y establecer mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia, exigir responsabilidades y acompañar a las víctimas.
Nicaragua vive una crisis política desde hace siete años, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes encarcelados, despojados de su nacionalidad y expulsados del país.
