La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cerró el ciclo de audiencias públicas con instituciones del Estado que acudieron a explicar sus requerimientos financieros para el próximo año fiscal. Durante ocho jornadas consecutivas, los diputados escucharon a distintos titulares justificar sus gastos y planes proyectados para 2026.
Durante las entrevistas, los diputados de la Comisión se enfocaron en evaluar la eficiencia del gasto público, la ejecución de proyectos y la planificación financiera de las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, algunas instituciones claves quedaron fuera del proceso, como el Ministerio de Trabajo, que no fue convocado, y la propia Asamblea Legislativa, cuyo presupuesto sigue sin ser público.
El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2026 contempla un monto total de $10,555.5 millones, lo que representa un incremento de $892.5 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025, que fue de $9,663 millones. No obstante, ese monto ya sufrió modificaciones a lo largo del año.
Hasta octubre de 2025, el presupuesto modificado ascendía a $10,395 millones, tras incorporaciones adicionales destinadas, principalmente, a proyectos estratégicos. Según el portal de Transparencia Fiscal, ya se han comprometido $8,473.4 millones y devengado $7,897.4 millones, reflejando un avance del 76% en la ejecución presupuestaria.
La falta de discusión sobre el presupuesto del Órgano Legislativo ha generado cuestionamientos desde sectores de sociedad civil que demandan mayor transparencia. En años anteriores, la Asamblea ha recibido críticas por aumentos en gastos operativos sin justificación clara ante la ciudadanía.
El Ministerio de Hacienda ha justificado el aumento del presupuesto para 2026 en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, sin embargo, no se han detallado públicamente todos los rubros que explican el crecimiento de casi $900 millones respecto al año anterior.
Se espera que, como en años anteriores, la aprobación del presupuesto se concrete en diciembre, posiblemente cerca del 17 de ese mes, fecha en la que en 2024 se autorizó el plan de gastos con una modificación de última hora para incluir $10 millones dirigidos a escalafones salariales de Salud y Educación.
El proyecto de ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada antes del 31 de diciembre para evitar un cierre del ejercicio fiscal sin un nuevo presupuesto aprobado. En ese caso, la ley vigente prevé una prórroga automática del presupuesto anterior, lo cual podría limitar la implementación de nuevas políticas públicas.
De momento, el Ejecutivo y la Asamblea continúan en fase de ajustes técnicos. Aunque el proceso se mantiene con bajo perfil mediático, las decisiones tomadas en estas semanas serán clave para la ejecución de programas sociales, inversión pública y estabilidad fiscal en 2026.
