Etiqueta: presupuesto general del Estado

  • Gobierno Central: 3 instituciones con recorte y 24 instituciones aparecen con aumento en presupuesto 2026

    Gobierno Central: 3 instituciones con recorte y 24 instituciones aparecen con aumento en presupuesto 2026

    Un total de 24 de las 28 instituciones del Gobierno Central aparecen con aumento presupuestario, mientras solo tres presentan un recorte en el proyecto de Ley de presupuesto general del Estado 2026 entregado por el Ministerio de Hacienda el 30 de septiembre pasado a la Asamblea Legislativa.

    Los ministerios de Gobernación y Economía, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentan un recorte.

    Los mayores aumentos porcentuales los recibe el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con aumentos del 79 %, 48 % y 40 %, respectivamente, respecto a los fondos asignados en el presupuesto 2025.

    En monto, como ya se publicó, los mayores aumentos se darán al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que tendrá $210 millones más; Salud tendrá $145.5 millones más; Seguridad Pública y Justicia, que tendrá $113.5 millones, y Educación, que tendrá $100 millones más.

    Los siguientes mayores aumentos, en cantidad, los recibirá Agricultura ($72 millones más), la Presidencia de la República ($50 millones más), el Órgano Judicial ($41 millones más), el Ministerio de Hacienda (27 millones) y el Ministerio de Defensa Nacional ($20 millones más).

    El proyecto de presupuesto general del Estado que presentó el Ministerio de Hacienda para el año 2026 es 9.2 % mayor al presupuesto aprobado para 2025, es decir, aumenta de $9,662,997,142 a $10,555,580,928.

    Otras instituciones también recibirán aumentos, aunque en menor cantidad: $16 millones adicionales recibirá Turismo, $5.3 millones la Corte de Cuentas, $5 millones más la Cancillería, $4 millones más el Tribunal Supremo Electoral, $3.1 millones más para el Ministerio de Cultura, $3 millones más para la Fiscalía General de la República, $2.3 millones para Vivienda, $1.7 millones para el Ministerio de Desarrollo Local.

    El resto de instituciones reciben aumentos aunque menores al millón de dólares: $624,932 más para la Procuraduría General de la República, $56,496 más para Trabajo; $46,633 más para Medio Ambiente; $11,103 más para el Consejo Nacional de la Judicatura; $3,876 más para el Tribunal de Ética Gubernamental, $3,285 para el Tribunal de Servicio Civil y $3,022 para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

    El Órgano Legislativo no aumenta ni disminuye su presupuesto.

    La PDDH baja el presupuesto en $1.9 millones, un 17.9 %, de $10.7 millones a $8.8 millones.

    Gobernación bajará de $283.6 millones a $280.9 millones, en un 1 % menos, un recorte de $2.7 millones.

    Economía bajará de $75.2 millones a $64.5 millones, en un 14.2 %.

    El mayor aumento presupuestario ocurre la partida de obilgaciones generales del Estado con un 91.4 % de aumento, de $112.7 millones a $215.8 millones. El pago de la deuda pública baja $351 millones, de $2,784 millones a $2,433 millones.

    El gobierno publicó el proyecto de presupuesto 2026 el 5 de octubre en el Portal de Transparencia Fiscal, días después de presentado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, a la Asamblea Legislativa, el 30 de septiembre.

  • Gobierno prohíbe plazas nuevas y traslado de plazas en política presupuestaria 2026

    Gobierno prohíbe plazas nuevas y traslado de plazas en política presupuestaria 2026

    En su política para el presupuesto general del Estado 2026 que fue distribuida a diferentes instituciones del Estado, el Ministerio de Hacienda prohíbe programar plazas nuevas, ordena suprimir plazas vacantes durante los últimos dos años, prohíbe gastar en consultorías nacionales, y mantiene la prohibición de contratar nuevos seguros de vida y hospitalarios.

    Las únicas plazas nuevas que se permitirían son las que se consideren «estrictamente necesarias» y que estén «previamente aprobadas por la resolución explícita del Ministerio de Hacienda».

    El gobierno también ha prohibido «el traslado de plazas entre Sistema de Pago (de Ley de Salarios, Contratos y viceversa), que no esté plenamente justificado dentro del marco estipulado por la Ley de Servicio Civil».

    En el documento, se prohíben incrementos y nivelaciones salariales para los funcionarios y empleados públicos por cualquier fuente de financiamiento.

    La prohibición se extendería también para la programación de recursos en bienes de uso y consumo diverso y servicios generales y arrendamientos diversos.

    El Ministerio de Hacienda debe entregar el anteproyecto de presupuesto general del Estado para el año 2026 a más tardar el martes 30 de septiembre.

    El proyecto pasará a estudio a la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto y se debe aprobar antes que finalice el año 2025.

    Los diputados han sido convocados para su próxima sesión plenaria el miércoles 1 de octubre, día en el cual aprobarán un pronunciamiento por el mes de la primera infancia, niñez y adolescencia.

    «Racionalización del gasto» como prioridad

    En el área de finanzas, una de las prioridades de la política presupuestaria es la «racionalización del gasto público, principalmente en la contención de aquellos rubros de alto impacto como son las remuneraciones y los bienes y servicios».

    Como parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda se ha comprometido con un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el cual ha fijado proyecciones que se dirigen a una disminución del gasto y que ha sido publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.

    «Establecer acciones que fortalezcan la consolidación fiscal, con el objetivo de mejorar el saldo primario –la diferencia entre ingresos y los gastos– en aproximadamente 3.5 % del PIB en un período de tres años», es una de las metas.

    En el documento, el gobierno plantea que le apuesta a incrementar la recaudación y reducir la evasión fiscal, racionalizar el gasto en remuneraciones y en bienes y servicios, priorizar recursos para prioridades estratégicas del gobierno, invertir en infraestructura turística, vial, aduanera; «diversificar las opciones de financiamiento» y reducir su costo.

    Con ello, espera que los gastos corrientes del Sector Público No Financiero -Gobierno Central más instituciones descentralizadas– con el gasto del pago de las pensiones del sistema público, se reduzcan al pasar de un nivel de 26.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 al 24.7% en 2027.

    La reducción sería de 1.4 puntos porcentuales respecto al PIB entre 2025 y 2027, destacándose las reducciones del gasto en remuneraciones y en bienes y servicios.