Etiqueta: prisión preventiva

  • Decretan prisión provisional para cinco contrabandistas por asesinato de un militar en Metapán

    Decretan prisión provisional para cinco contrabandistas por asesinato de un militar en Metapán

    Cinco presuntos contrabandistas recibieron prisión provisional este lunes de parte del juez uno del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana por los delitos de agrupaciones ilícitas y contrabando de mercadería, sin embargo, a uno de ellos también se le imputa un homicidio agravado, en perjuicio de un cabo de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

    Según notificó Centros Judiciales de El Salvador, por medio de su cuenta de la red social X, los imputados son pertenecientes a una “célula” dedicada al contrabando de mercadería entre El Salvador y Guatemala. Los sujetos fueron identificados como Mario Ernesto Guevara Pineda, David Salterio Polanco, Aldo Avelar López, Meybelin Michelle Martínez Flores y Justin Alexander Ramírez Maldonado.

    Las investigaciones de las autoridades judiciales indicaron que este hecho ocurrió el pasado viernes 6 de febrero en un punto fronterizo no habilitado en el caserío “El Desconsuelo” ubicado en el distrito metapaneco.

    Soldados del Comando Sumpul, que realizaban un patrullaje en el área, detectaron la presencia de los individuos. Al intentar interceptarlos, estos huyeron, deshaciéndose de las cajas que contenían la mercadería.

    Según reveló en su momento la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos pretendían ingresar a El Salvador un cargamento de la marca de cigarrillos “Royal”, del que su venta y consumo están prohibidos en el país.

    De acuerdo con la acusación, un cabo militar identificado como Pablo Israel Cortez Recinos capturó inicialmente a David Salterio Polanco. Sin embargo, el imputado hirió al cabo con una piedra, le quitó el fusil y, tras un forcejeo, le disparó. El soldado murió en el sitio y el procesado se dio a la fuga, informó Centros Judiciales en la publicación.

    Horas después de iniciarse un operativo de búsqueda, se logró la captura de los implicados.

    En su momento, las autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron el pasado martes 10 de febrero a los detenidos por medio de una conferencia de prensa donde aseguraron que los arrestados son salvadoreños, pero hay guatemaltecos involucrados que serán requeridos.

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo tras su presentación que era el sexto cruce de mercadería ilegal que hacían de Guatemala a El Salvador. Además, detalló que dos vehículos, motocicletas y la mercadería ilegal les fueron decomisados a los imputados.

    El ministro Villatoro aseguró que le declararon una “guerra sin cuartel” a las estructuras de contrabando, a partir de esa fecha.

  • Justicia de Guatemala otorga arresto domiciliario a periodista José Rubén Zamora

    Justicia de Guatemala otorga arresto domiciliario a periodista José Rubén Zamora

    La Justicia de Guatemala concedió este jueves arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, exdirector del diario elPeriódico, quien permanecía en prisión preventiva desde hace más de tres años acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la Justicia en dos procesos distintos impulsados por la Fiscalía.

    El Juzgado de Segunda Instancia Penal resolvió que Zamora abandone la cárcel militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, y permanezca en su domicilio mientras avanza el proceso judicial en su contra. La decisión se produce tras un prolongado periodo de detención que ha sido cuestionado por organizaciones de prensa y derechos humanos.

    José Zamora, hijo del periodista, confirmó la medida en redes sociales y afirmó que el exdirector de elPeriódico “recupera su libertad, tras más de 1.295 días de detención arbitraria”, agradeciendo además a “todas y todos por acompañarnos” durante el proceso. Diversas organizaciones celebraron la resolución judicial como un paso relevante.

    La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) y el colectivo No Nos Callarán destacaron que la decisión del juez Maximino Morales permite a Zamora “defenderse en libertad (y) restablece sus garantías fundamentales luego de (…) dilaciones injustificadas que han impedido que el caso avance”. “La libertad concedida hoy constituye un avance significativo”, señalaron, aunque denunciaron más de 30 meses de estancamiento judicial y la pérdida de parte del expediente.

    El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó la resolución como “un paso importante hacia la justicia”, pero instó a la Fiscalía a poner fin al uso del Derecho Penal contra la prensa. Zamora fue detenido en julio de 2022, pocos días después de publicar críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), en medio de denuncias de corrupción. Tras los allanamientos, el diario elPeriódico cerró operaciones alegando “persecución” contra sus periodistas.

     

  • EEUU solicita extradición de salvadoreño detenido en Costa Rica por narcotráfico

    EEUU solicita extradición de salvadoreño detenido en Costa Rica por narcotráfico

    El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a Costa Rica la extradición de un salvadoreño acusado de narcotráfico, según confirmaron este lunes la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA) y el Ministerio Público costarricense.

    Se trata de Jimmy Adonay Posada Chevez, alias “Turbo”, de nacionalidad salvadoreña.  Junto a él han solicitado también a Jimmy Roy Vindas Aguilar, costarricense y exvicealcalde del municipio de Golfito, en la provincia de Puntarenas. Ambos son requeridos por el Tribunal del Distrito Medio de Florida, por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

    “Se suman ahora dos personas más requeridas por la justicia estadounidense”, confirmó la Fiscalía General costarricense, al detallar que los acusados están implicados en el transporte y comercialización de al menos 38 kilos de cocaína.

    Ambos permanecen en prisión preventiva desde agosto de 2025, como parte de la causa 25-000035-1981-PE. La investigación es llevada por la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada, que los vincula directamente con operaciones de narcotráfico transnacional.

    Estados Unidos prevé enviar en los próximos días la documentación oficial que formaliza la solicitud de extradición. Una vez recibida, las autoridades costarricenses activarán los trámites judiciales conforme a su legislación.

    En el caso de Vindas Aguilar, su extradición se encuentra amparada en una reforma constitucional aprobada en mayo de 2025, que permite por primera vez el envío de ciudadanos costarricenses al extranjero con fines judiciales.

    De acuerdo con el procedimiento legal, Estados Unidos deberá comprometerse a no imponer una pena superior a 50 años de prisión en caso de condena, ya que esa es la sanción máxima permitida por la legislación penal costarricense para que pueda concretarse la extradición.

     

  • Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    El Supremo de Justicia de Guatemala celebrará el próximo martes 3 de febrero una audiencia clave para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir si confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar el segundo de los tres procesos judiciales que enfrenta, en libertad, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.

    El anuncio de la diligencia fue dado a conocer por su hijo, José Carlos Zamora, quien detalló que la vista pública busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia de su padre. Este avance legal coincide con un respiro para la prensa independiente, luego que este viernes, el Supremo cerró en definitiva el caso contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico.

    La CSJ negó un amparo al Ministerio Público (Fiscalía) y confirmó que las publicaciones de ocho comunicadores deben conocerse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal. Según el colectivo No Nos Callarán, esta resolución frena el uso del derecho penal para perseguir publicaciones de interés público.

    No obstante, la presión judicial continúa. Su otro hijo, Ramón Zamora, informó que la fiscal general, Consuelo Porras, denunció al periodista por supuesta discriminación. Esta nueva acusación, tramitada por la Fiscalía de la Mujer, fijó la primera declaración del comunicador para el próximo 30 de abril.

    Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

    El primer proceso inició por supuesto lavado de dinero de 300.000 quetzales. Pese a que el periodista acreditó que el origen era la venta de una obra de arte para pagar salarios, este caso fue el detonante de su captura.

    El segundo expediente, que aún lo mantiene bajo rejas, es por obstrucción a la justicia debido a una investigación de 2013, a la que se sumó una tercera imputación por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.

  • Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la extensión de seis meses adicionales en la etapa de instrucción judicial contra la abogada salvadoreña Ruth López, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo pasado.

    “Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre. “Debe ser liberada”, subrayó la relatora.

    López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, está encarcelada desde el 18 de mayo. Según su familia y organizaciones no gubernamentales, ha cumplido 200 días en total incomunicación. Inicialmente fue detenida por el cargo de peculado, vinculado a su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, al momento de presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República modificó el cargo a enriquecimiento ilícito.

    El proceso judicial fue declarado en reserva total, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre la investigación en su contra.

    La organización humanitaria Cristosal, para la que laboraba la abogada, denunció que el Estado salvadoreño no ha cumplido la resolución de la CIDH que exige proteger la integridad de López. Además, cuestionó la decisión judicial de extender el plazo de la etapa de investigación, cuyo vencimiento original era el pasado 4 de diciembre.

     

     

  • Tribunal español envía a prisión a exministro y a su exasesor por corrupción

    Tribunal español envía a prisión a exministro y a su exasesor por corrupción

    El Tribunal Supremo de España ordenó este miércoles el ingreso inmediato a prisión provisional, sin fianza, del exministro y actual diputado José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, por considerar que existe un riesgo “extremo” de fuga ante la cercanía del juicio en su contra por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.

    El magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, consideró que los dos señalados podrían intentar evadir la justicia al enfrentar solicitudes de penas que alcanzan hasta los 30 años de cárcel. Según resoluciones judiciales de 13 y 14 páginas, hay indicios sólidos de delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y uso de información privilegiada.

    El fallo señala tres factores clave para justificar la medida: la solidez de los indicios en su contra, la gravedad de las penas solicitadas y la proximidad del juicio oral, el cual será conducido por el mismo Tribunal Supremo y cuya sentencia será definitiva, sin posibilidad de apelación.

    El juez Puente también recordó que Ábalos y García están implicados en una investigación paralela sobre presuntos amaños en obras públicas, lo que podría agravar sus responsabilidades penales.

    Esta es la primera vez que un diputado nacional en funciones es enviado a prisión preventiva en la historia democrática de España.

    Vínculos internacionales y fondos en efectivo

    Para el Tribunal, ambos imputados cuentan con recursos económicos y contactos internacionales suficientes para sostener una eventual fuga. El juez citó que manejaron altas sumas de dinero en efectivo, reduciendo sus movimientos bancarios en los últimos años, y que Koldo García llegó incluso a asumir gastos personales de Ábalos de forma “incomprensible”.

    Sobre el exministro, Puente señaló su vínculo con fundaciones en Perú, propiedades en América Latina y transferencias periódicas desde el extranjero por parte de uno de sus hijos. Respecto a García, mencionó su trabajo con empresas interesadas en inversiones en Hispanoamérica tras abandonar su cargo ministerial.

    Durante la audiencia judicial, ambos intentaron evitar su ingreso a prisión argumentando arraigo familiar y profesional. Ábalos alegó que su salario como diputado es su única fuente de ingresos y que mantiene una relación cercana con su hijo menor. García, por su parte, subrayó su rol como padre y cuidador de su madre. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos al considerar que ninguno de los dos presenta un arraigo lo suficientemente fuerte como para descartar una fuga.

    El diputado Ábalos compareció solo ante el Supremo y expresó al juez: “No tengo dinero ni a dónde ir”. Visiblemente afectado, pasó parte del tiempo en los patios del tribunal, fumando y esperando la decisión judicial. Según fuentes judiciales, se mostró “destrozado”.

    El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón respaldó la medida de prisión al considerar que el riesgo de fuga es mayor ahora que se acerca el juicio. Aseguró que los delitos fueron cometidos gracias a su posición de poder y subrayó que “ningún poder del Estado puede esgrimir su rol para evadir la justicia”.

    Críticas y estrategia judicial

    La defensa de Ábalos denunció que la decisión busca presionarlo para obtener una confesión, como la que ofreció el presunto operador de la trama, Víctor de Aldama, luego de pasar semanas encarcelado. También cuestionó que se le prive de libertad sin condena firme, afectando su derecho a ejercer su representación política como legislador en activo.

    Mientras tanto, la defensa de Koldo García intentó trasladar el caso nuevamente a la Audiencia Nacional, alegando que el Supremo carece de competencia para juzgarlo. No obstante, el tribunal rechazó esa postura y confirmó su jurisdicción sobre ambos imputados.

    El caso, conocido como “Caso Koldo”, es uno de los escándalos de corrupción más mediáticos surgidos tras la pandemia y podría tener repercusiones políticas de largo alcance dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que Ábalos pertenecía hasta que renunció a la militancia tras estallar el escándalo.

     

  • Detienen a Bolsonaro por intentar romper su tobillera electrónica, y sus seguidores se indignan

    Detienen a Bolsonaro por intentar romper su tobillera electrónica, y sus seguidores se indignan

    La Corte Suprema de Brasil ordenó este sábado la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado. La medida se ejecutó tras detectarse un intento de fuga durante una manifestación organizada frente a su casa por uno de sus hijos.

    Agentes de la Policía Federal arrestaron a Bolsonaro en su residencia de Brasilia, donde permanecía bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplimiento de medidas cautelares en el marco del proceso por golpismo. La detención fue ordenada por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, para “garantizar el orden público” ante un “riesgo de fuga concreto”.

    Según el fallo judicial, a las 00:08 horas del sábado se registró una violación en el monitoreo electrónico del exmandatario. Bolsonaro habría intentado romper la tobillera electrónica, aprovechando la confusión generada por una “vigilia” convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. La Corte Suprema consideró que esa reunión pretendía obstruir la vigilancia de su arresto domiciliario.

    El arresto se produjo un día después de que la defensa de Bolsonaro solicitara al Supremo continuar cumpliendo la condena bajo régimen domiciliario, alegando motivos de salud. Sin embargo, la decisión judicial lo condujo a una sala privada en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá hasta nueva orden.

    La detención del exmandatario ha desatado una ola de reacciones en el entorno bolsonarista. El diputado Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara Baja, calificó la medida como “la mayor persecución política de la historia de Brasil”. Por su parte, Michelle Bolsonaro, esposa del exgobernante, afirmó que “no desistirá” de Brasil y pidió oraciones “por la nación”.

    El proceso también ha salpicado a sus aliados. Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y ahora diputado, recibió una condena de 16 años de cárcel por delitos similares y huyó del país presuntamente rumbo a Estados Unidos, cruzando de forma clandestina por la frontera con Venezuela. La Corte también ordenó su detención.

    En el Congreso brasileño, el bloque bolsonarista ha redoblado esfuerzos para impulsar una amnistía general que beneficie a Bolsonaro y a los demás condenados por el intento de golpe. Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia y falta de consenso entre las principales fuerzas políticas.

    Indignación

    Los aliados de Jair Bolsonaro arremetieron este sábado contra la prisión preventiva del expresidente brasileño y aprovecharon para defender la aprobación de una amnistía en el Congreso que le beneficie a él y al resto de condenados por intento de golpe de Estado.

    «¡La prisión de Jair Bolsonaro es la mayor persecución política de la historia de Brasil!», afirmó en sus redes sociales el diputado Sóstenes Cavalcante, jefe en la Cámara Baja del Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario.

    La esposa del capitán retirado del Ejército, Michelle Bolsonaro, dijo en sus redes sociales que «confía en la Justicia» y que «no desistirá» de Brasil.

    En un mensaje plagado de referencias religiosas, agradeció «de corazón la comprensión y el cariño de todos».

    «Seguimos orando. Brasil necesita nuestra intercesión», añadió.

    «Es INCREÍBLE. Un sábado, con su estado de salud totalmente comprometido. Vergonzoso», afirmó Fabio Wajngarten, quien actúa como una suerte de portavoz de la familia Bolsonaro.

    La senadora Damares Alves, quien fue ministra de la Mujer y la Familia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), confía en que la Cámara de Diputados «vote inmediatamente una amnistía».