El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión por su presunta participación en irregularidades relacionadas con Ueno bank, una entidad financiera intervenida que recibió millonarios depósitos de instituciones estatales durante su administración, según informó este miércoles el Ministerio Público.
«La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible», explicó la fiscal Verónica Valdez durante una conferencia de prensa en la que se abordaron los avances de la investigación.
Peña, de 47 años, asumió la Presidencia de Paraguay en 2023, pero fue destituido el pasado viernes por el Senado, que lo encontró responsable de «mal desempeño de funciones» a raíz del escándalo financiero. La investigación también alcanza a otras 27 personas vinculadas con Ueno bank y empresas relacionadas, entre ellas ocho antiguos directivos de la institución.
El fiscal Francisco Cabrera señaló que los exdirectivos investigados podrían recibir condenas de hasta 12 años de prisión, aunque aclaró que las penas dependerán de la calificación jurídica que finalmente se establezca para los delitos atribuidos. «Eventualmente, si hay una modificación de una calificación (en los presuntos delitos de los que han sido acusados), también va a haber una modificación del marco penal, pero esa es la expectativa de pena mayor (a la) que están expuestos», explicó.
Investigan vínculos económicos de Peña con Ueno bank
La Fiscalía imputó el sábado al exmandatario por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La decisión se produjo después de que Peña compareciera ante las autoridades, horas después de su detención tras concluir el juicio político que provocó su salida del poder.
Según la acusación, el expresidente «habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» en Ueno bank. Los investigadores también sostienen que Peña «habría mantenido una relación económica y corporativa previa» con Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenece la entidad financiera intervenida.
La investigación detalla que el exgobernante poseía una participación accionaria equivalente al 1.58 % del capital de Ueno Holding, además de un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la empresa Itti. Estas sociedades forman parte del Grupo Vázquez, propietario del conglomerado. De acuerdo con los diputados que promovieron su destitución, Peña vendió sus acciones en marzo de 2025, cuando todavía ejercía la Presidencia de Paraguay.
Tras su imputación, el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó que Peña permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. El funcionario argumentó que el exmandatario «debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento». Por disposición judicial, el expresidente permanece recluido en el Regimiento Guardia Presidencial, una instalación militar ubicada en Asunción, capital paraguaya.