Redacción DEM ADMIN

Etiqueta: proceso electoral

  • Obispos de Honduras urgen reformas electorales y combate a la corrupción

    Obispos de Honduras urgen reformas electorales y combate a la corrupción

    La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) llamó este miércoles a las autoridades recién electas a implementar reformas electorales “consensuadas y transparentes”, y adoptar medidas eficaces contra la corrupción y la impunidad, en un contexto de alta expectativa ciudadana tras los comicios presidenciales.

    “Urgen reformas electorales consensuadas y transparentes”, expresaron los obispos hondureños en un comunicado. También exigieron el impulso de políticas orientadas al respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la democracia.

    El pronunciamiento exhortó al nuevo gobierno a actuar “por el bien común” y evitar intereses “particulares u ocultos”. Además, los obispos pidieron “abrir caminos de sanación mediante el diálogo sincero y el respeto” en el país.

    La instalación del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura desde el pasado 27 de enero, ocurrió bajo un clima mixto de esperanza y dificultades, según la CEH.

    El proceso electoral del 30 de noviembre fue señalado por denuncias de fraude, presiones políticas sobre las autoridades electorales, y un conteo de votos que se prolongó durante un mes. Según la organización Human Rights Watch (HRW), al menos 13 personas murieron por hechos de violencia vinculados al proceso.

    HRW también destacó que el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Asfura, así como la amenaza de cortar ayuda financiera al país, fueron factores que llevaron a la entonces mandataria Xiomara Castro a declarar los comicios como “nulos”.

    Aunque misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) calificaron la jornada electoral como “pacífica”, HRW advirtió que el retraso en los resultados y la falta de salvaguardas frente al financiamiento ilícito socavaron la confianza ciudadana en el proceso.

     

  • Costa Rica blindará elecciones presidenciales con más de 90,000 fiscales

    Costa Rica blindará elecciones presidenciales con más de 90,000 fiscales

    El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica aseguró el viernes que el proceso electoral del próximo domingo cuenta con un sólido “blindaje” institucional para proteger la voluntad popular y fortalecer la democracia del país.

    La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio.

    “El primer llamado es a acudir a las urnas. A honrar a nuestros antepasados… y esa primera acción importante que nos caracteriza como ciudadanos es el ejercicio del voto”, expresó en conferencia de prensa.

    Para estas elecciones están convocados 3.7 millones de costarricenses que elegirán al presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030. El organismo electoral destacó que más de 90,000 personas estarán involucradas en la jornada electoral, incluyendo fiscales de partidos, agentes electorales, miembros de juntas receptoras de votos y observadores nacionales e internacionales.

    Se habilitarán 7,154 juntas receptoras de votos en todo el país. Cada una recibirá material electoral empaquetado en tulas con chips de radiofrecuencia para rastrear su ubicación, transportados bajo resguardo policial y de personal del TSE.

    Una vez cerradas las urnas a las 6:00 p.m., los votos serán contabilizados en cada junta bajo la vigilancia de fiscales partidarios, quienes recibirán una copia oficial de los resultados. Los datos preliminares se darán a conocer a las 8:45 p.m. y el escrutinio final arrancará el martes con la apertura pública de los sacos electorales.

    En caso de que ningún aspirante alcance el 40 % de los votos válidos, se celebrará una segunda vuelta el 5 de abril. Entre los principales contendientes figuran Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional.

    La presidenta del TSE enfatizó que desde hace 76 años el ente electoral ha velado por la transparencia de los comicios. “El proceso electoral declarará la voluntad popular emitida en las urnas. Ese es nuestro trabajo, lo hemos hecho con convicción democrática”, recalcó.

     

  • Costa Rica elige nuevo presidente entre 20 candidatos este domingo

    Costa Rica elige nuevo presidente entre 20 candidatos este domingo

    Unos 3.7 millones de costarricenses están convocados a las urnas este domingo 1 de febrero para definir al próximo presidente de la República, así como a los vicepresidentes y a los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa en el período 2026-2030.

    La principal figura en contienda es la oficialista Laura Fernández, exministra de Planificación y candidata del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien encabeza las encuestas con un 44 % de respaldo, según el último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Sus competidores más cercanos, Claudia Dobles y Álvaro Ramos, registran un 9 % de intención de voto cada uno. El porcentaje de indecisos alcanza el 26 %.

    De no alcanzar el 40 % mínimo requerido para ganar en primera vuelta, el país se encaminaría a una segunda ronda el próximo 5 de abril.

    La candidata del oficialismo

    Fernández se presenta como la «heredera» del presidente Rodrigo Chaves, quien ha mantenido altos niveles de popularidad durante su mandato. Su campaña ha promovido propuestas como la venta de activos estatales, el combate frontal a la criminalidad y una controvertida medida para suspender garantías individuales en zonas dominadas por el crimen organizado, lo que ha generado duras críticas desde la oposición por considerarlo autoritario.

    Con 39 años, la aspirante ha pedido el respaldo ciudadano también para la Asamblea Legislativa, con el fin de contar con mayoría parlamentaria que le permita impulsar reformas profundas, especialmente en el sistema judicial, uno de los blancos recurrentes de los ataques del presidente Chaves.

    Laura Fernández, candidata presidencial costarricense del oficialismo. / EFE

    Datos del proceso electoral

    Costa Rica, nación centroamericana de 5.1 millones de habitantes, prohíbe la reelección presidencial consecutiva. En esta elección participarán 20 candidatos a la presidencia, de los cuales el 75 % son hombres y el 25 % mujeres. Para el Congreso, se han inscrito 1,207 aspirantes a diputaciones, con una distribución cercana a la paridad de género: 50.9 % hombres y 49.1 % mujeres.

    El proceso se desarrollará en 7,154 juntas receptoras de votos, distribuidas en 2,179 distritos electorales y consulados en el exterior.

    La campaña ha estado marcada por un fuerte enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Chaves y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El mandatario acusó al organismo de imponerle una “ley mordaza” al restringir su participación pública durante el periodo electoral, e incluso calificó como intento de “golpe de Estado” la solicitud de desafuero que fue presentada por el TSE ante la Asamblea Legislativa y que no prosperó.

    Durante su gobierno, Chaves ha atacado reiteradamente a instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación críticos. Según la legislación costarricense, el presidente y otros funcionarios del Ejecutivo tienen prohibido intervenir en asuntos electorales, promover candidaturas o participar en actividades partidarias.

     

  • Fiscal de Honduras anuncia procesos judiciales para «exponer la verdad» sobre los comicios

    Fiscal de Honduras anuncia procesos judiciales para «exponer la verdad» sobre los comicios

    El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció este martes que emprenderá «acciones judiciales» para «esclarecer y exponer la verdad» sobre las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera la declaración final del proceso.

    El Ministerio Público (Fiscalía) actuó con «responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático» y «no intervino ni interrumpió ninguna etapa del proceso de las elecciones generales», subrayó Zelaya en la red social X.

    «Sin embargo, una vez emitida la declaratoria oficial, informó que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral», enfatizó el fiscal.

    Añadió que «ningún acto que atente contra la voluntad popular y, por ende, contra la soberanía quedará en la impunidad».

    Zelaya sostuvo que estas investigaciones buscan establecer un «precedente en la historia del país para que no se repitan prácticas vergonzosas que lesionen la democracia y el Estado de derecho».

    La declaración final de las elecciones fue difundida de manera virtual este martes por los consejeros Ana Paola Hall (presidenta), Cossette López, y el suplente Carlos Cardona, apenas seis horas antes de que venciera el plazo legal para hacerlo, en medio de la ausencia de Marlon Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que no reconoce los resultados.

    Durante el proceso electoral Hall y Cossette denunciaron haber recibido ataques de la institucionalidad, incluida la Fiscalía.

    El CNE oficializó el pasado día 24 al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como presidente electo de Honduras.

    Según la declaración de este martes, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, Libre 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

    En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.

  • Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Crece la preocupación internacional por desconfianza en el proceso electoral hondureño

    Las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras se acercan en medio de un clima marcado por la incertidumbre y la desconfianza. Las fuertes divisiones internas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) —donde cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios— han encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional.

    A esta situación se suma la creciente presión del Ministerio Público, señalado por sectores de la oposición de actuar alineado al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). La apertura de procesos judiciales que podrían llevar a prisión a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE ha incrementado el riesgo de interferencia política en instituciones que deberían operar con absoluta imparcialidad.

    También preocupa el rol de las Fuerzas Armadas, cuya participación en asuntos electorales ha sido calificada como improcedente. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, solicitó al CNE recibir una copia del acta del escrutinio presidencial el día de la votación, lo que la presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall, describió como una “injerencia”.

    El polémico jefe militar hondureño, Roosevelt Hernández, ha sido señalado de injerencia en el proceso electoral.

    Preocupación internacional

    Frente a este panorama, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y Estados Unidos manifestaron su inquietud por la erosión de la independencia institucional en Honduras. Señalaron que estas tensiones amenazan la credibilidad de un proceso en el que el oficialismo busca un segundo mandato consecutivo y la oposición intenta evitarlo.

    La Secretaría General de la OEA recordó que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor… libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político”, insistiendo en que la independencia de los órganos electorales es esencial para la gobernanza democrática. Desde Ginebra, relatores de la ONU advirtieron sobre la polarización y el deterioro del clima para la libertad de expresión.

    El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump comparte “la preocupación” expresada por la OEA y “sigue de cerca la situación”.

    Washington pidió a todos los funcionarios —incluidas autoridades electorales y militares— “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución”, y advirtió que responderán “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de alterar la integridad del proceso.

    Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro aseguró en Brasil que los comicios serán libres y transparentes, aunque observadores internacionales señalan un ambiente tenso, marcado por discursos de odio entre oficialismo y oposición y un deterioro notable de la independencia electoral.

    Los analistas sostienen que esta crisis forma parte de un ciclo prolongado de inestabilidad. Honduras, uno de los países más pobres de Latinoamérica, arrastra conflictos sin resolver desde su retorno al orden constitucional hace 45 años. Entre 2009 y 2017 vivió el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y la polémica reelección de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado a 45 años por narcotráfico.

    El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía explicó a EFE que el país acumula crisis “porque ninguna se resuelve”, y advirtió que la élite política —de todos los partidos— utiliza estos conflictos para profundizar la desconfianza en las instituciones, lo que calificó como “grave y peligroso para la democracia”.