Etiqueta: proceso penal

  • Envían a instrucción a hombre acusado de irrumpir en casa de su excompañera

    Envían a instrucción a hombre acusado de irrumpir en casa de su excompañera

    El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango resolvió este jueves enviar a la fase de instrucción penal el proceso contra Danilo Isaac P. Á., de 35 años, acusado del delito de allanamiento de morada en perjuicio de su excompañera de vida, Silvia Lorena M. L., de 32 años.

    Durante la audiencia inicial, la jueza asignó el conocimiento del caso al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango. El imputado deberá presentarse a firmar el día 30 de cada mes, además de cumplir medidas alternas a la detención como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, aproximarse a su domicilio y salir del país mientras dure el proceso judicial.

    A petición de la Fiscalía General de la República, también se decretaron medidas de protección para garantizar la seguridad e integridad de la mujer afectada.

    Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió la noche del pasado domingo, cuando la ofendida regresaba a su residencia ubicada en un mesón de la colonia Monte Carmelo. En ese momento, el imputado habría forzado el candado del inmueble y entrado sin autorización, generando daños y poniendo en riesgo los bienes de la víctima y la seguridad de los vecinos.

    Tras la denuncia, personal de seguridad privada presente en la zona solicitó apoyo de la Policía Nacional Civil, cuyos agentes lograron capturar al presunto responsable.

     

  • Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

    Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

     

    Un juez federal de Tennessee ordenó este lunes a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien se intenta deportar hacia un país africano.

    La resolución fue emitida por el juez de distrito Waverly Crenshaw y está dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). En su fallo, el magistrado advirtió que cualquier empleado que incumpla la instrucción podría enfrentar sanciones por realizar comentarios con “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el caso penal en curso.

    Crenshaw expresó preocupación por las declaraciones extrajudiciales de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Muchas de esas afirmaciones han sido exageradas o simplemente inexactas”, escribió el juez en su resolución, y citó en particular los señalamientos que vinculan a Ábrego García con la pandilla MS-13.

    El juez recordó que existe una norma local que prohíbe a los empleados del gobierno federal hacer comentarios públicos sobre procesos penales activos, y ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee que notifique formalmente esa obligación a los responsables del DOJ y del DHS.

    En una resolución adicional, Crenshaw también exigió al Gobierno que entregue bajo sello judicial los documentos que justifiquen su cambio de postura en el caso. Inicialmente, las autoridades pretendían “deportar sin procesar” a Ábrego García, pero más adelante optaron por procesarlo penalmente antes de proceder con la deportación, la cual se ejecutaría hacia Liberia, un país con el que el migrante no tendría ninguna conexión.

     

  • El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El Congreso de Costa Rica decidió el lunes mantener la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, pese a una acusación de la Fiscalía por un supuesto manejo irregular de fondos, lo que intensificó la polarización política a pocos meses de las elecciones generales del 1 de febrero.

    Con 34 votos a favor del desafuero y 21 en contra, la iniciativa no alcanzó los 38 sufragios necesarios para retirarle el fuero constitucional, lo que detiene temporalmente el proceso penal en su contra. La medida generó reacciones inmediatas de los principales actores políticos del país.

    La Fiscalía acusa a Chaves de un delito de concusión en la contratación presuntamente irregular de la empresa RMC La Productora S.A., con fondos de $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales habrían sido utilizados para servicios de comunicación a la medida del mandatario. El caso también involucra al comunicador Cristian Bulgarelli, quien supuestamente redactó los requisitos de contratación, y al asesor presidencial Federico Cruz, quien habría recibido parte del dinero.

    El presidente Rodrigo Chaves, a pesar de no poder optar por la reelección consecutiva ni referirse a temas electorales por ley, se ha convertido en una figura central de la campaña con duras críticas al Congreso, al Poder Judicial y a partidos de oposición. Esa actitud le ha valido denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

    Su exministra de Planificación, Laura Fernández, ahora candidata del Partido Pueblo Soberano, se ha presentado como la heredera del «Rodriguismo» y confirmó que, de ganar, invitará a Chaves a ser su ministro de la Presidencia.

    “Varios dirigentes intentaron quitarle la inmunidad al presidente bajo la errónea y cínica creencia de que así lo debilitaban”, afirmó Fernández.

    Entre quienes votaron a favor del desafuero se encuentra el candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien advirtió: “Paradójicamente, el propio Rodrigo Chaves ha repetido que ‘todos somos ticos sin corona’. Hoy la realidad lo contradice. El único tico con corona es él”.

    Por su parte, el aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, lamentó que no se alcanzaran los votos: “Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios”, apuntó.

    Mientras tanto, el candidato del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, defendió la decisión de su bancada de votar en contra del desafuero al considerar que habría convertido al presidente en “una especie de mártir” político.

    Con la decisión legislativa, el proceso penal queda suspendido hasta que Chaves termine su mandato el 8 de mayo de 2026. El delito de concusión que se le imputa contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.