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  • Procuraduría General administró el último año $35.2 millones en pensiones alimenticias

    Procuraduría General administró el último año $35.2 millones en pensiones alimenticias

    La Procuraduría General de la República (PGR) registró $35,214,545.60 en ingresos bajo la Gestión de Fondos de Terceros, mecanismo vinculado con la recepción y pago de obligaciones alimenticias, entre junio de 2025 y mayo de 2026, según su más reciente Memoria de Labores.

    Durante el mismo período, las Unidades Locales de Control de Fondos de Terceros registraron $34,957,228.62 en egresos derivados de los fondos bajo su administración. La gestión favoreció, en promedio, a 28,740 personas beneficiarias activas en el país.

    Del total de beneficiarios activos reportados por la PGR, 14,503 son mujeres y 14,237 hombres. Las unidades locales son las encargadas de gestionar la recepción y pago de los fondos derivados de estas obligaciones, de acuerdo con el documento institucional.

    La PGR también implementó durante la gestión 2025-2026 el Registro de Pensión Alimenticia (RPA), un mecanismo creado para controlar y verificar las obligaciones alimenticias y que funciona articuladamente con las diferentes unidades locales de Control de Fondos de Terceros a nivel nacional.

    Hasta el cierre del período informado, el nuevo registro contabilizaba 3,257 personas beneficiarias, entre niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas mayores. La institución presenta la herramienta como uno de los avances alcanzados en sus procesos institucionales.

    La gestión de las obligaciones alimenticias forma parte de los servicios que presta la PGR para la protección de las familias y de poblaciones que requieren representación jurídica. La institución atendió en total a 631,289 personas y brindó 1,470,656 servicios a nivel nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026.

    Además de la administración de los fondos, la Procuraduría Especializada de Familia ofrece servicios relacionados con la fijación de cuotas alimenticias y actuaciones ante su incumplimiento, junto con otras atenciones en materia de derecho de familia.

    En total, la Procuraduría Especializada de Familia reportó 151,113 servicios brindados y 33,633 personas usuarias beneficiadas durante el período comprendido en la memoria. Esta área también atiende matrimonios civiles, divorcios, filiación y otras actuaciones vinculadas con el derecho de familia.

     

     

  • Consejo Superior del Trabajo solicitará acompañamiento técnico a la OIT

    Consejo Superior del Trabajo solicitará acompañamiento técnico a la OIT

    El Consejo Superior del Trabajo (CST) solicitará acompañamiento técnico a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el desenvolvimiento del ente tripartito en El Salvador.

    El presidente del consejo y ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el 12 de agosto la junta directiva del CST, la máxima autoridad tripartita en materia laboral, firmó un documento en el que externa la solicitud a la OIT.

    “Este mismo día en junto a la directiva hemos firmado un documento solicitándole a la OIT un acompañamiento de carácter técnico a este Consejo”, indicó Castro.

    El funcionario aseveró que esta solicitud también se extenderá a la Unión Europea (UE), así como a miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

    Un miembro del sector empleador externó su deseo que, ahora que la OIT apoyará al CST, se pueda sacar al país de la lista corta de la Comisión de Apelaciones de Normas.

     

    Elección

    El CJT está conformado por voceros del sector empleador, trabajador y de gobierno, representado por ocho miembros de cada grupo.

    Según el gobierno, la selección de los mismos se ejecutó a finales de julio luego de contar con un apoyo de un 76 % del respaldo del sector empresarial, que representa un 95 % del tejido productivo de El Salvador.

    Castro aseguró este martes que la elección sindical también contó con un 70 % del respaldo del sector sindical salvadoreño.

    En el proceso también participó la academia, cuerpo diplomático acreditado, Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH) y Corte de Cuentas de la República (CCR); sin embargo, la Confederación nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) criticó el 29 de julio el proceso de elección de los representantes del ente tripartito.

    La CNTS dijo que fueron excluidos de participar en la elección con la excusa de no tener credenciales, un atraso que aseguraron fue empujado por el gobierno.

    Castro reiteró este 12 de agosto que tuvieron respeto a la legitimidad e independencia de cada sector al momento de la elección del mismo y que, durante las reuniones, se “privilegiará” el diálogo, consensos y conclusiones.

     

    Primer acuerdo

    El ministro de Trabajo aseguró que la junta directiva acordó establecer la última semana de agosto como la fecha fija para instalar el Consejo Superior del Trabajo.

    Castro indicó que a este evento se prevé invitar a los presidentes de los diferentes órganos del Estado.

    El vicepresidente del CST del sector empleador, Jorge Arriaza, destacó la participación del sector privado y aseguró que es importante abordar de forma conjunta el desarrollo de la economía para que el país no quede rezagado.