La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) advirtió que El Salvador enfrenta el inicio de una nueva ola inflacionaria impulsada por factores internacionales, situación que demanda fortalecer los programas de protección social y promover un crecimiento económico inclusivo para reducir el impacto sobre los hogares más vulnerables.
En un análisis publicado a inicios de julio, la institución señaló que entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024 el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 15.6 %, mientras que la Canasta Básica Alimentaria aumentó cerca del 30 % entre diciembre de 2020 y abril de 2026, reduciendo el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas.
Fusades explicó que el origen de esta nueva presión inflacionaria se encuentra principalmente en el escenario internacional, especialmente por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada a finales de febrero de 2026, que afectó el suministro mundial de energía y elevó el precio del petróleo.
Como consecuencia, el precio del crudo WTI aumentó un 67.3 % hasta mayo de 2026, provocando incrementos en diversos rubros de la economía salvadoreña. Según el informe, el transporte registra un alza del 6.3 %, los restaurantes y hoteles del 4.4 %, y los alimentos y bebidas del 2.9 %. Además, la inflación general pasó de -0.2 % en mayo de 2025 a 2.5 % en mayo de 2026, mientras que la inflación subyacente aumentó de 0.5 % a 1.5 %.
El estudio también advierte que el encarecimiento de fertilizantes, con incrementos de entre 18 % y 34 %, así como el aumento del precio internacional del trigo en 12.2 % y del maíz en 5.3 %, podrían trasladarse a los costos de producción agrícola. A ello se suma la posibilidad de que el fenómeno de El Niño reduzca las lluvias en Centroamérica durante 2026 y afecte las próximas cosechas.
Fusades señaló que los hogares de menores ingresos son los más afectados por este contexto, debido a que destinan una mayor proporción de sus recursos a alimentos y transporte. Aunque la pobreza general disminuyó del 26.8 % al 24.3 % entre 2019 y 2025, la pobreza extrema aumentó del 5.5 % al 7.9 %, mientras que en las zonas rurales pasó del 6.5 % al 11.1 %.
Asimismo, indicó que el poder adquisitivo del salario mínimo continúa deteriorado. De acuerdo con el análisis, a mayo de 2025 el poder de compra permanecía un 2.5 % por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2021, lo que limita la capacidad de las familias para enfrentar el aumento en el costo de vida.
Ante este escenario, Fusades recomendó fortalecer en el corto plazo los sistemas de protección social para garantizar la seguridad alimentaria de los hogares más pobres. En el mediano plazo, sostuvo que la mejor respuesta consiste en impulsar una economía más productiva que genere empleos de calidad y permita un crecimiento sostenido de los salarios.