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  • Anuncian nuevo proceso judicial contra dirigentes del partido gobernante de España

    Anuncian nuevo proceso judicial contra dirigentes del partido gobernante de España

    El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, imputó este miércoles al exsecretario de Organización del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán; a la gerente del partido, Ana María Fuentes; y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, dentro de la investigación del denominado ‘caso Leire Díez’.

    La causa indaga una supuesta trama que habría buscado obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, además de presuntas irregularidades en contratos relacionados con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

    Las imputaciones trascendieron el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil allanaron la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, para requerir documentación vinculada a la investigación judicial.

    El magistrado también ordenó diligencias en los domicilios de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset, quien igualmente figura como investigado en la causa.

    Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, Pedraz investiga si existieron pagos provenientes del PSOE hacia una presunta estructura que buscaba influir o desestabilizar procesos judiciales mediante la recopilación de información reservada.

    La investigación también involucra a la exmilitante socialista Leire Díez, señalada por medios españoles como una supuesta “fontanera” del partido, así como al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.

    Gaspar Zarrías declaró anteriormente ante los juzgados de Plaza de Castilla que contrató a Leire Díez para investigar una supuesta vinculación del excomisario José Manuel Villarejo con el caso de los ERE en Andalucía, proceso judicial por el cual Zarrías fue juzgado.

    Según explicó el exdirigente socialista, pagó 4,000 euros mensuales durante cuatro meses a Díez para realizar dichas investigaciones. Aplicando una conversión aproximada al tipo de cambio actual: €4,000 ( $4,350) mensuales.

    La Unidad Central Operativa sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado cerca de $700,000 en comisiones relacionadas con cinco operaciones bajo investigación que implicaban a empresas públicas y entidades vinculadas a la SEPI.

    De acuerdo con la investigación judicial, los implicados habrían conformado un grupo denominado ‘Hirurok’, cuyo objetivo era influir en expedientes administrativos y obtener beneficios económicos aprovechando sus conexiones políticas y capacidad de influencia dentro de la administración pública.

    Sánchez reconoce «gravedad»

    El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció la “gravedad” de la investigación judicial, aunque aclaró que la actuación de la Guardia Civil en la sede del partido fue un “requerimiento de información” y no un registro formal.

    «Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año», afirmó Sánchez durante una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el papa León XIV.

    El mandatario añadió que si aparecen nuevos “comportamientos irregulares” dentro del PSOE, actuarán “con contundencia” y colaborarán con la Justicia española.

    La investigación se mantiene bajo secreto de sumario, prorrogado recientemente por un mes más por el juez Pedraz, mientras la UCO continúa revisando material informático y documentación decomisada durante los registros.

     

  • Acusado en causa por corrupción en España dice que Pedro Sánchez era el jefe de «banda criminal»

    Acusado en causa por corrupción en España dice que Pedro Sánchez era el jefe de «banda criminal»

    El empresario Víctor de Aldama aseguró este miércoles ante el Tribunal Supremo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estaría en el nivel más alto de una presunta “organización criminal” vinculada a contratos públicos durante la pandemia.

    Durante su declaración, en el marco del llamado caso de corrupción relacionado con el Ministerio de Transportes, Aldama aseguró que Sánchez se encontraba en el “escalafón 1” de la estructura, seguido por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

    “El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba”, declaró el empresario, quien también reconoció haber formado parte de dicha red.

    Aldama, considerado una pieza clave en la investigación por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante el covid-19, sostuvo que entregó entre 3.5 y 4 millones de euros a Ábalos.

    Además, afirmó que el mandatario conocía estas supuestas “mordidas”. “Todo lo sabía el presidente”, reiteró en su comparecencia judicial.

    El empresario, que colabora con la Fiscalía tras haber estado en prisión provisional por otro caso de fraude, también indicó que realizaba pagos periódicos en efectivo y entregas de dinero que llegaban hasta 250,000 euros en dependencias oficiales.

    Mientras se desarrollaba la audiencia, el Gobierno español reaccionó mostrando “total tranquilidad” y cuestionó la credibilidad del testigo, señalando que se trata de “un gran mentiroso”.

    Desde el Ejecutivo recordaron que los acusados pueden mentir como parte de su derecho a la defensa y reiteraron que Sánchez ha negado cualquier vínculo con Aldama o participación en los hechos investigados.

    Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que solicitará amparo al Tribunal Supremo ante lo que considera “injurias” y acusaciones sin pruebas, insistiendo en que no existe financiación ilegal dentro de la formación.

    En su declaración, Aldama también mencionó supuestas gestiones políticas relacionadas con Venezuela entre 2019 y 2022, incluyendo contactos con dirigentes opositores y del gobierno de Nicolás Maduro, lo que amplía el alcance de las acusaciones.

    El caso continúa en desarrollo y forma parte de un proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, en el que las declaraciones de los implicados podrían ser determinantes para el rumbo del juicio.

     

  • Las grietas por la privatización de la sanidad pública en España

    Las grietas por la privatización de la sanidad pública en España

    Las órdenes del gerente del madrileño Hospital de Torrejón -operado por el grupo privado Ribera Salud- para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes por criterios económicos o los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía (sur) han evidenciado este 2025 las grietas que la privatización ha abierto en el sistema sanitario español durante tres décadas.

    Ambas polémicas han recrudecido la batalla del Gobierno de izquierdas de España con las comunidades gobernadas por el conservador Partido Popular (PP) por la gestión sanitaria, especialmente en Madrid, donde el Ejecutivo regional se niega tajantemente a hacer un registro de objetores al aborto pese a que así lo obliga la ley.

    Tres batallas que han llegado a los tribunales, donde partidos de izquierdas, asociaciones y el Ministerio de Sanidad buscan enfrentar las políticas de salud de la derecha.

    Desde la otra dirección, el PP ha disparado contra Sanidad por la implantación de la ley ELA, que no consigue despegar pese a su aprobación hace más de un año, o la situación de los médicos españoles, que este año han ido a la huelga en tres ocasiones contra la regulación profesional que prepara el Gobierno para ellos.

    La gestión privada de los hospitales, en el punto de mira

    La indignación que provocó la publicación de unos audios en los que Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera que gestiona el hospital público de Torrejón, pide a los trabajadores del centro que rechacen procesos no rentables aunque eso implicase alargar las listas de espera, puso en tela de juicio el proceso de privatización de los hospitales públicos españoles.

    Desde la primera operación de este tipo en 1997, los hospitales de gestión privada suponen ya casi un tercio de toda la red del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras haberse disparado un 36 % en la última década, según datos de Sanidad.

    Además, el gasto total en este tipo de centros ha crecido un 84.6 %, hasta los 4,800 millones de euros.

    El caso de Torrejón es, para la ministra española deSanidad, Mónica García, paradigma del ‘modus operandi’ del PP, mientras que para la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que redujo los audios a «rencillas entre directivos», este escándalo es solo otro intento del Gobierno estatal de cubrir su «corrupción».

    Sin cifras de afectadas por los cribados de cáncer de mama

    La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) llevaba avisando desde al menos enero de 2024 de fallos en la comunicación de resultados y retrasos en las pruebas de varias mujeres en Andalucía, hasta que a finales de septiembre de este año el asunto saltó al foco mediático.

    Aunque el escándalo provocó la dimisión de la consejera de Sanidad de la región, casi tres meses después, todavía no hay una cifra definitiva de afectadas: los datos oficiales hablan de 2.317, pero Amama las eleva a 4,000.

    El asunto también ha escalado a nivel nacional: Sanidad considera que no ha sido algo puntual, sino que es un problema estructural de la sanidad andaluza, víctima del modelo sanitario del Partido Popular.

    Ante el temor de que esos fallos no fueran exclusivos de Andalucía, el Gobierno exigió a todas las comunidades los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, con el objetivo de mejorar su vigilancia. Todas los han entregado menos Madrid, que considera que todavía está «en tiempo» para hacerlo.

    99.5 % de abortos en la privada, pero sin registro de objetores

    De las 106,172 intervenciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en 2024, el 78.74 % se hicieron en centros privados, con enormes diferencias por comunidades.

    Pese a ser una de las que más abortos deriva a la privada (99.5 %), Madrid se niega en rotundo a hacer «una lista negra» de médicos objetores.

    La negativa empujó al Gobierno de España a emprender acciones legales contra la región, cuyo resultado está aún por ver, y llevó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a proponer una reforma para que la Constitución española incluya el derecho al aborto como ocurre en Francia, una medida que es improbable que prospere

  • Piden que Mark Zuckerberg declare en el Congreso español por espionaje en redes sociales

    Piden que Mark Zuckerberg declare en el Congreso español por espionaje en redes sociales

    El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó este miércoles al Congreso de los Diputados la comparecencia de Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, para explicar el supuesto espionaje masivo a usuarios de Facebook e Instagram a través de dispositivos Android sin consentimiento.

    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya había adelantado semanas atrás que su partido exigiría explicaciones a los directivos de la compañía tecnológica por presuntamente rastrear sin autorización la navegación web de millones de personas en España y Europa.

    Meta respondió mediante un comunicado a la agencia EFE que está dispuesta a colaborar “de forma constructiva con las autoridades en este asunto”.

    Además de Zuckerberg, el PSOE también pidió la presencia de Javier Oliván, jefe de operaciones de Meta, y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos de la empresa para España y Portugal. Los socialistas esperan que comparezcan ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, junto a expertos independientes.

    La investigación se fundamenta en los hallazgos de instituciones académicas europeas como IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos), que descubrieron que Meta implementó un mecanismo oculto para rastrear la navegación de los usuarios mediante sus aplicaciones, incluso en modo incógnito o con el uso de redes privadas virtuales (VPN).

    “En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias”, advirtió el presidente Sánchez.

    Según el informe técnico, el sistema habría operado durante casi un año y permitía vincular la actividad web directamente con los perfiles personales de los usuarios en Facebook e Instagram. El PSOE calificó estas prácticas como “espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito”.

    De confirmarse, Meta habría incumplido normativas clave de la Unión Europea, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). El gigante tecnológico ya enfrenta demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por casos similares.

    A esta ofensiva parlamentaria se suma una nueva investigación de la Comisión Europea por posible infracción a las leyes de competencia. Bruselas anunció este miércoles una indagación formal sobre las políticas de Meta que restringen el uso de WhatsApp Business Solution por parte de empresas cuyo servicio principal es la inteligencia artificial.

    La CE considera que esta medida podría distorsionar la libre competencia en el ecosistema digital europeo al impedir que proveedores de IA usen una herramienta clave para interactuar con clientes.

  • Tribunal español envía a prisión a exministro y a su exasesor por corrupción

    Tribunal español envía a prisión a exministro y a su exasesor por corrupción

    El Tribunal Supremo de España ordenó este miércoles el ingreso inmediato a prisión provisional, sin fianza, del exministro y actual diputado José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, por considerar que existe un riesgo “extremo” de fuga ante la cercanía del juicio en su contra por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.

    El magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, consideró que los dos señalados podrían intentar evadir la justicia al enfrentar solicitudes de penas que alcanzan hasta los 30 años de cárcel. Según resoluciones judiciales de 13 y 14 páginas, hay indicios sólidos de delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y uso de información privilegiada.

    El fallo señala tres factores clave para justificar la medida: la solidez de los indicios en su contra, la gravedad de las penas solicitadas y la proximidad del juicio oral, el cual será conducido por el mismo Tribunal Supremo y cuya sentencia será definitiva, sin posibilidad de apelación.

    El juez Puente también recordó que Ábalos y García están implicados en una investigación paralela sobre presuntos amaños en obras públicas, lo que podría agravar sus responsabilidades penales.

    Esta es la primera vez que un diputado nacional en funciones es enviado a prisión preventiva en la historia democrática de España.

    Vínculos internacionales y fondos en efectivo

    Para el Tribunal, ambos imputados cuentan con recursos económicos y contactos internacionales suficientes para sostener una eventual fuga. El juez citó que manejaron altas sumas de dinero en efectivo, reduciendo sus movimientos bancarios en los últimos años, y que Koldo García llegó incluso a asumir gastos personales de Ábalos de forma “incomprensible”.

    Sobre el exministro, Puente señaló su vínculo con fundaciones en Perú, propiedades en América Latina y transferencias periódicas desde el extranjero por parte de uno de sus hijos. Respecto a García, mencionó su trabajo con empresas interesadas en inversiones en Hispanoamérica tras abandonar su cargo ministerial.

    Durante la audiencia judicial, ambos intentaron evitar su ingreso a prisión argumentando arraigo familiar y profesional. Ábalos alegó que su salario como diputado es su única fuente de ingresos y que mantiene una relación cercana con su hijo menor. García, por su parte, subrayó su rol como padre y cuidador de su madre. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos al considerar que ninguno de los dos presenta un arraigo lo suficientemente fuerte como para descartar una fuga.

    El diputado Ábalos compareció solo ante el Supremo y expresó al juez: “No tengo dinero ni a dónde ir”. Visiblemente afectado, pasó parte del tiempo en los patios del tribunal, fumando y esperando la decisión judicial. Según fuentes judiciales, se mostró “destrozado”.

    El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón respaldó la medida de prisión al considerar que el riesgo de fuga es mayor ahora que se acerca el juicio. Aseguró que los delitos fueron cometidos gracias a su posición de poder y subrayó que “ningún poder del Estado puede esgrimir su rol para evadir la justicia”.

    Críticas y estrategia judicial

    La defensa de Ábalos denunció que la decisión busca presionarlo para obtener una confesión, como la que ofreció el presunto operador de la trama, Víctor de Aldama, luego de pasar semanas encarcelado. También cuestionó que se le prive de libertad sin condena firme, afectando su derecho a ejercer su representación política como legislador en activo.

    Mientras tanto, la defensa de Koldo García intentó trasladar el caso nuevamente a la Audiencia Nacional, alegando que el Supremo carece de competencia para juzgarlo. No obstante, el tribunal rechazó esa postura y confirmó su jurisdicción sobre ambos imputados.

    El caso, conocido como “Caso Koldo”, es uno de los escándalos de corrupción más mediáticos surgidos tras la pandemia y podría tener repercusiones políticas de largo alcance dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que Ábalos pertenecía hasta que renunció a la militancia tras estallar el escándalo.