En su política para el presupuesto general del Estado 2026 que fue distribuida a diferentes instituciones del Estado, el Ministerio de Hacienda prohíbe programar plazas nuevas, ordena suprimir plazas vacantes durante los últimos dos años, prohíbe gastar en consultorías nacionales, y mantiene la prohibición de contratar nuevos seguros de vida y hospitalarios.
Las únicas plazas nuevas que se permitirían son las que se consideren «estrictamente necesarias» y que estén «previamente aprobadas por la resolución explícita del Ministerio de Hacienda».
El gobierno también ha prohibido «el traslado de plazas entre Sistema de Pago (de Ley de Salarios, Contratos y viceversa), que no esté plenamente justificado dentro del marco estipulado por la Ley de Servicio Civil».
En el documento, se prohíben incrementos y nivelaciones salariales para los funcionarios y empleados públicos por cualquier fuente de financiamiento.
La prohibición se extendería también para la programación de recursos en bienes de uso y consumo diverso y servicios generales y arrendamientos diversos.
El Ministerio de Hacienda debe entregar el anteproyecto de presupuesto general del Estado para el año 2026 a más tardar el martes 30 de septiembre.
El proyecto pasará a estudio a la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto y se debe aprobar antes que finalice el año 2025.
Los diputados han sido convocados para su próxima sesión plenaria el miércoles 1 de octubre, día en el cual aprobarán un pronunciamiento por el mes de la primera infancia, niñez y adolescencia.
«Racionalización del gasto» como prioridad
En el área de finanzas, una de las prioridades de la política presupuestaria es la «racionalización del gasto público, principalmente en la contención de aquellos rubros de alto impacto como son las remuneraciones y los bienes y servicios».
Como parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Hacienda se ha comprometido con un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el cual ha fijado proyecciones que se dirigen a una disminución del gasto y que ha sido publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.
«Establecer acciones que fortalezcan la consolidación fiscal, con el objetivo de mejorar el saldo primario –la diferencia entre ingresos y los gastos– en aproximadamente 3.5 % del PIB en un período de tres años», es una de las metas.
En el documento, el gobierno plantea que le apuesta a incrementar la recaudación y reducir la evasión fiscal, racionalizar el gasto en remuneraciones y en bienes y servicios, priorizar recursos para prioridades estratégicas del gobierno, invertir en infraestructura turística, vial, aduanera; «diversificar las opciones de financiamiento» y reducir su costo.
Con ello, espera que los gastos corrientes del Sector Público No Financiero -Gobierno Central más instituciones descentralizadas– con el gasto del pago de las pensiones del sistema público, se reduzcan al pasar de un nivel de 26.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 al 24.7% en 2027.
La reducción sería de 1.4 puntos porcentuales respecto al PIB entre 2025 y 2027, destacándose las reducciones del gasto en remuneraciones y en bienes y servicios.