Etiqueta: redadas

  • Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    Trump defiende las redadas migratorias y justifica la violencia de ICE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) «no han ido suficientemente lejos» y defendió las tácticas violentas mostradas en videos, durante una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.

    Al ser cuestionado sobre si las operaciones fueron excesivas —en imágenes se ve a agentes empujando al suelo a una mujer, empleando gases lacrimógenos en una zona residencial y rompiendo cristales de un vehículo— Trump respondió: «No, creo que no han ido suficientemente lejos porque hemos sido retenidos por los jueces, los jueces liberales que pusieron (los expresidentes demócratas) Biden y Obama».

    Preguntado si le parecían aceptables las tácticas registradas en los videos, sostuvo: «porque tienes que sacar a la gente fuera», y recurrió a la criminalización generalizada de los migrantes al afirmar que «muchos son asesinos».

    Sobre la deportación de indocumentados que no tienen antecedentes penales, evitó confirmar si esa será la intención explícita de su Administración y se limitó a decir: «Debemos empezar con una política, y la política debe ser: usted entró en el país ilegalmente, usted se va a ir».

    Trump volvió a afirmar una cifra de inmigrantes indocumentados en EE. UU. —25 millones— sin aportar pruebas que la respalden, y negó fijar una meta concreta que le permita declarar la política migratoria como «misión cumplida».

    Sobre el impacto económico y social de las redadas, el presidente calificó en primera instancia a algunos trabajadores afectados como «jardineros criminales», para luego reconocer que necesita mano de obra en el campo: «jardineros y granjeros más que nadie».

    Sus declaraciones reavivan el debate sobre seguridad, derechos humanos y la disponibilidad laboral en estados que dependen de trabajadores migrantes.

     

  • EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    EEUU reporta 1.6 millones de autodeportaciones en lo que va del 2025

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó este domingo que cerca de 1.6 millones de personas en situación irregular en Estados Unidos optaron por salir del país de forma voluntaria durante 2025, como parte del programa de autodeportación. Además, otras 500,000 personas fueron deportadas forzosamente por las autoridades migratorias.

    Según el informe oficial, el programa de autodeportación, lanzado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los migrantes un incentivo de $1,000 y un boleto aéreo para regresar a su país de origen. Esta campaña, promovida a nivel nacional, ha sido clave para motivar a los migrantes a inscribirse y abandonar el país por cuenta propia.

    El DHS, bajo instrucciones presidenciales, también intensificó las redadas y operativos migratorios a través de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Las operaciones se han enfocado especialmente en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, donde las acciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos por su carácter “intimidatorio y militarizado”.

    “Estamos en camino de romper los récords actuales de deportación”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS. Aunque no se detalló el presupuesto total de la iniciativa, estimaciones de medios locales indican que se han destinado millones de dólares para su ejecución y promoción.

    El programa y los operativos reflejan una política migratoria cada vez más estricta impulsada por el presidente Donald Trump, quien mantiene una postura firme contra la inmigración irregular como parte de su agenda para fortalecer el control fronterizo y reducir la presencia de migrantes sin documentos en el país.

     

  • Trump intensifica ofensiva política y militar con medidas radicales contra narcotráfico, migración y comercio internacional

    Trump intensifica ofensiva política y militar con medidas radicales contra narcotráfico, migración y comercio internacional

    La administración de Donald Trump ha intensificado en las últimas semanas su estrategia de mano dura, combinando operativos militares, lenguaje agresivo y decisiones unilaterales que han marcado un nuevo rumbo en la política exterior e interna de Estados Unidos.

    “Los mataremos a todos”, declaró Trump al referirse a las operaciones militares contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

    Esta afirmación se enmarca en una campaña que, según analistas, difumina la línea entre el control criminal y la guerra abierta, al ordenar ataques marítimos que han dejado muertos y sin pruebas presentadas públicamente.

    Las operaciones, lideradas por el Ejército en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, han resultado en la destrucción de embarcaciones y la muerte de sus tripulantes, a quienes el Gobierno califica de «narcoterroristas».

    Organismos como Human Rights Watch (HRW) han denunciado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, mientras expertos como el politólogo Salvador Santino Regilme advierten que se trata de «actos legalmente insostenibles».

    La retórica también escaló hacia los gobiernos de la región. Trump llamó “matón” al presidente colombiano Gustavo Petro, amenazando con intervenir directamente en “campos de muerte” relacionados al narcotráfico si el mandatario no actúa con mayor contundencia.

    Migración: redadas y militarización

    En el plano interno, la administración Trump ha reactivado su política migratoria más estricta. Desde enero, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha llevado a cabo redadas masivas en ciudades como Chicago y Nueva York, utilizando incluso tácticas militares y granadas aturdidoras.

    “Estamos deteniendo a criminales muy peligrosos”, justificó el mandatario ante la prensa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha respaldado estas acciones con campañas que etiquetan a los migrantes como “monstruos” o “lo peor de lo peor”.

    La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó estos operativos como desproporcionados y violatorios de derechos humanos.

    Fotografía de archivo de agentes de inmigración. EFE
    Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE

    Política comercial: aranceles como castigo

    Trump también ha utilizado su política comercial como herramienta de presión. Esta semana impuso nuevos aranceles del 50 % a Brasil e India, en represalia por casos judiciales y acuerdos energéticos con Rusia, respectivamente.

    Además, suspendió conversaciones con Canadá tras acusar al gobierno de difundir publicidad “engañosa” que tergiversa mensajes históricos de Ronald Reagan. También denunció un intento de “interferencia” canadiense en una próxima resolución de la Corte Suprema sobre sus políticas arancelarias.

    Transformaciones en la Casa Blanca

    A nivel simbólico, el mandatario busca dejar huella en la sede del poder. Esta semana inició la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile valorado en 300 millones de dólares, financiado por donantes cercanos a su campaña.

    El proyecto fue aprobado sin consenso institucional y ha generado controversia por su financiamiento privado y propósito personalista.

     

  • Concejal hispana de Chicago es detenida y esposada por agentes migratorios en hospital

    Concejal hispana de Chicago es detenida y esposada por agentes migratorios en hospital

    La concejal de Chicago, Jessie Fuentes, fue esposada este viernes en la sala de emergencias de un hospital local después de confrontar a agentes de inmigración que ingresaron al centro médico para detener a un inmigrante herido.

    Fuentes se encontraba en Humboldt Park, dentro de su distrito, participando en una manifestación pacífica junto a otros funcionarios electos contra lo que calificaron como “tácticas militares” del operativo desplegado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha dejado más de 900 personas arrestadas en Chicago.

    En un video publicado en sus redes sociales, se observa a la concejal cuestionando a dos agentes de inmigración sobre la existencia de una orden judicial que autorizara la captura. “Ese hombre tiene derechos constitucionales”, dijo Fuentes, mientras los oficiales le ordenaban abandonar el área. Momentos después fue esposada frente a los pacientes y personal médico.

    “No te he tocado, no te he tocado. Solo he preguntado si tienes una orden de arresto contra él, es una pregunta simple. Ese hombre tiene derechos constitucionales”, insistió la funcionaria en las imágenes, donde se muestra su posterior detención y liberación frente al hospital.

    La concejal denunció que los agentes impidieron al inmigrante en custodia comunicarse con su abogado. Ante los hechos, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó la detención de Fuentes como “abusiva” y recordó que los funcionarios electos tienen derecho, bajo la Primera Enmienda, a documentar y denunciar las actuaciones de ICE. “Cualquier intento de bloquear esta labor constituye un ataque directo a la rendición de cuentas democrática y un atentado contra los derechos de los ciudadanos de Chicago”, sostuvo el edil.

    La tensión por las redadas migratorias ha aumentado en Chicago y sus alrededores, donde este mismo día la secretaria del DHS, Kristi Noem, visitó el centro de procesamiento de ICE en Broadview (Illinois), considerado epicentro de las protestas contra la política migratoria del presidente Donald Trump, quien ha reiterado su amenaza de militarizar la ciudad.

    Las manifestaciones en Broadview se han extendido durante semanas, con la detención de varios ciudadanos estadounidenses, incluidos veteranos del Ejército, en rechazo a la intensificación de las operaciones federales.

  • Informe revela que 44 % de migrantes deportados en Arizona vivían en EE.UU. por más de una década

    Informe revela que 44 % de migrantes deportados en Arizona vivían en EE.UU. por más de una década

    Más del 44 % de los migrantes deportados por la frontera de Arizona en los últimos tres meses habían residido en los Estados Unidos por más de diez años, reveló un informe de la organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera.

    El reporte, titulado “Ni siquiera me dejaron decir adiós”, se elaboró con base en una encuesta a 278 migrantes expulsados entre mayo y julio. De ellos, un 85 % eran hombres, y al menos un 40 % afirmó haber dejado a un familiar cercano en EE.UU., entre ellos esposas, hijos o padres.

    La investigación detalla que una de cada dos deportaciones fue consecuencia de operativos callejeros o procesos en cortes de Inmigración, encabezados por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Varios encuestados denunciaron malos tratos y traslados por múltiples centros de detención antes de ser enviados a la frontera.

    Otro 33 % de los casos se originó en detenciones de tránsito, producto de la colaboración entre agencias locales y ICE. El 60 % de los arrestos ocurrieron en Arizona, mientras que el resto provinieron de estados como California, Florida, Nevada, Oregón, Texas y Washington.

    El informe resalta que un 8 % de los deportados llevaban más de 30 años viviendo en Estados Unidos, lo que refleja la magnitud del impacto en familias consolidadas durante décadas.

    La organización denunció que las políticas del presidente Donald Trump han incrementado las redadas y detenciones masivas de migrantes desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado se registró un promedio de 3,800 detenciones diarias en la frontera.

    Con este panorama, la Iniciativa Kino advirtió que las medidas actuales profundizan la crisis humanitaria en la frontera de Arizona, dejando a miles de familias divididas y vulnerables.

  • Periodista salvadoreño detenido en EE. UU. presenta demanda federal para exigir su liberación inmediata

    Periodista salvadoreño detenido en EE. UU. presenta demanda federal para exigir su liberación inmediata

    Mario Guevara, un periodista salvadoreño radicado en Atlanta, presentó una demanda federal para exigir su liberación inmediata, tras permanecer detenido por autoridades migratorias de EE. UU. desde junio pasado. La acción legal fue anunciada este jueves por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia, la cual denunció una violación directa a los derechos constitucionales del comunicador.

    La petición de habeas corpus, presentada ante un tribunal del distrito sur de Georgia, argumenta que el arresto y la detención prolongada de Guevara son ilegales y represalias por su labor periodística.

    Actualmente, Mario Guevara es el único periodista detenido en Estados Unidos como resultado de su cobertura de hechos noticiosos en el país, según confirmó la ACLU.

    El reportero, quien reside en Estados Unidos desde 2004, fue arrestado mientras cubría una manifestación del movimiento “No Kings Day” en Doraville, a pesar de estar claramente identificado como miembro de la prensa.

    Un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza el 1 de julio, pero el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se negó a liberarlo, alegando que representa un “riesgo para la comunidad”, debido a que documenta en vivo redadas migratorias y operaciones de las fuerzas del orden.

    “Mario Guevara está detenido únicamente por su periodismo, específicamente por transmitir en vivo a funcionarios de inmigración y otros agentes del orden”, denunció Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

    Kim advirtió que este caso representa un mensaje peligroso para otros periodistas, en especial para los que no son ciudadanos estadounidenses.

    La abogada pidió al tribunal que rechace lo que consideró una “flagrante supresión de la actividad de prensa protegida por la Primera Enmienda” y exigió la liberación inmediata del comunicador.

    Guevara, quien ha sido trasladado entre cinco cárceles distintas, asegura que su detención responde a una persecución por ejercer su labor informativa, especialmente por su cobertura sobre operativos migratorios. En mayo también enfrentó cargos menores por conducción imprudente en el condado de Gwinnett, que ya fueron desestimados, al igual que los cargos relacionados con su arresto en junio.

    El periodista es padre de tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, y uno de ellos depende de él para recibir tratamiento médico a largo plazo.

     

  • "Tenemos miedo, ya casi no salimos": el día a día de inmigrantes latinos en Atlanta

    «Tenemos miedo, ya casi no salimos»: el día a día de inmigrantes latinos en Atlanta

    El temor a las redadas de inmigración ha impactado la vida diaria de los habitantes de Buford Highway, el corazón de la comunidad hispana de la zona metropolitana de Atlanta (Georgia), que ya ve reducido el comercio y las reuniones comunitarias debido a la ansiedad que mantiene a los inmigrantes encerrados en las casas.

    Como ha sucedido en otros vecindarios latinos del país, en este corredor multicultural -que comienza en Atlanta y atraviesa la ciudades de Brookhaven, Chamblee, Doraville y Norcross, hasta llegar a la localidad de Buford- muchos de sus residentes se sienten asediados por los agentes federales que frecuentemente efectúan operativos de inmigración en la zona.

    El miedo es evidente, palpable. Se ve a menos personas caminando por las calles, haciendo compras en las tiendas, comiendo en los restaurantes o simplemente disfrutando de algún evento comunitario, que en años anteriores atraía a cientos de los más de 50.000 residentes del área que comprende lo que se conoce popularmente como ‘La Buford’ y que también alberga una comunidad asiática.

    «Tenemos mucho miedo, ya casi no salimos de casa», expresó a EFE una madre peruana que cargaba varias bolsas con compras del supermercado y a quien la acompañaban sus tres pequeñas hijas, una de las cuales cargaba en su espalda en una lliclla, una colorida manta tradicional de las zonas andinas.

    En una tienda repleta de piñatas que cuelgan en el techo y surtida con diversos dulces mexicanos, en un centro comercial ubicado en Brookhaven, una de las dependientes del negocio compartió la misma preocupación: «Hay menos gente porque hay miedo y sí, está situación de inmigración está impactándonos a todos», dijo escuetamente la mujer, que prefirió no seguir hablando del tema.

    «Definitivamente ha menguado el tráfico», dijo por su parte el propietario de una sastrería en el área de Doraville al precisar que ahora cierra más temprano los sábados por falta de clientela.

    Todos los entrevistados hablaron con EFE bajo la condición del anonimato, pues se veían visiblemente incómodos de comentar sobre esta nueva realidad que vive la comunidad desde que el presidente Donald Trump lanzó su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.

    Aunque no se han publicado cifras de cómo esta situación ha afectado el comercio en el área -que cuenta con más de 1.000 pequeños negocios, en su mayoría de inmigrantes-  algunos empresarios estiman que las ventas se han reducido casi en un 50 % desde que comenzaron los operativos y algunos incluso se han visto forzados a cortar a algunos empleados.

    No hay mal que dure cien años

    A pesar del temor que embarga a muchos, existe también un sentimiento de que la vida debe continuar y que, como dice el refrán popular, «no hay mal que dure cien años».

    «Sí, hay temor en la comunidad, pero qué vamos a hacer», se preguntó un ciudadano mexicano que asegura presenció uno de los operativos que agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) llevaron a cabo recientemente en el área de ‘La Buford’.

    «Hay que seguir viviendo. Y si quieren deportarnos, pues que nos deporten. Esto no puede durar para siempre», expresó.

    En esa misma línea se han manifestado líderes comunitarios de la zona, como Lily Pabian, directora ejecutiva de We Love Buford Highway, una organización sin fines de lucro que busca preservar la identidad multicultural de este corredor que se extiende por más de 48 kilómetros por los condados Fulton, DeKalb y Gwinnett.

    «Nos sentimos tristes. Sentimos ansiedad, pero al final, este corredor, y en particular nuestros inmigrantes somos resilientes y nos esforzamos al máximo para seguir adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? Vamos a continuar manteniendo nuestro negocio, protegiendo a nuestra familia y educando a nuestros hijos», dijo Pabian a EFE.

    Pabian asegura que la comunidad inmigrante de Buford Highway se caracteriza por no darse por vencida, porque no es la primera vez que atraviesa momentos difíciles y recordó la época de la epidemia de covid-19, que golpeó con fuerza a esta área ubicada en el noreste de la zona metropolitana de Atlanta.

    «Es uno de esos momentos en los que tienes que sacar fuerzas de todas las dificultades por las que han pasado tus familiares y decir: ‘Oye, ya sabes que esto es malo’. Hemos visto cosas peores y podemos superar esto», manifestó la líder comunitaria. 

  • Juristas cuestionan en Sudán del Sur la legalidad de la llegada de deportados desde EE.UU.

    Juristas cuestionan en Sudán del Sur la legalidad de la llegada de deportados desde EE.UU.

    El Gobierno de Sudán del Sur aceptó la semana pasada a ocho personas deportadas por Estados Unidos, pero no ofreció explicaciones sobre los motivos de la decisión ni sobre los procedimientos legales seguidos, lo que ha generado dudas para varios juristas y expertos del país sobre la legalidad de la medida.

    El profesor de Ciencias Políticas Abraham Koul Nyoun consideró a EFE que esto puede representar “tanto un desafío como una oportunidad diplomática”, al permitir al Ejecutivo usarlo como palanca para negociar el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

    No obstante, advirtió que “algunos de los deportados podrían representar una amenaza si no se les somete a una supervisión adecuada, y esta aceptación podría malinterpretarse como una disposición a convertir el país en un vertedero de personas”.

    De los ocho deportados, sólo uno es ciudadano sursudanés, mientras que los demás son originarios de Myanmar, Cuba, Vietnam, Laos y México, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores sursudanés en un comunicado.

    La medida, según el Gobierno del país más joven del mundo, forma parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington, y añadió que fue adoptada tras “consultas exhaustivas” para promover los intereses comunes de ambos países.

    El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Yuba James Loko calificó la decisión como una “violación del principio de no devolución”, recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Explicó a EFE que trasladar a personas a un país con el que no tienen conexión legal plantea “serias cuestiones morales y jurídicas”, y podría vulnerar compromisos asumidos por Sudán del Sur en tratados internacionales, incluyendo los de la ONU y la Unión Africana.

    Loko subrayó también la ausencia de acuerdos bilaterales que regulen estas deportaciones, lo que, a su juicio, “refuerza las dudas sobre la legalidad del proceso y lo hace vulnerable a impugnaciones internacionales”.

    Sudán del Sur, inmerso en una creciente inestabilidad política, es considerado uno de los países más pobres del mundo.

    Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha impulsado las expulsiones exprés como parte de su campaña de deportaciones masivas, una de sus principales promesas electorales. Diversas organizaciones han denunciado que esta política vulnera derechos básicos como el del debido proceso. Uno de los países destino de las deportaciones de supuestos criminales ha sido El Salvador, en donde se han recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

  • Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza prohíbe a Trump arrestar a migrantes en California por su perfil racial

    Una jueza federal ordenó este viernes detener las redadas migratorias en el sur de California, al considerar que se estaban realizando arrestos basados en el color de piel, el idioma y otros elementos discriminatorios, en violación a derechos constitucionales.

    La decisión de la jueza Maame Frimpong también incluye una orden para que el Gobierno de Estados Unidos permita el acceso de abogados a las personas detenidas en el centro de detención migratoria B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles.

    El fallo judicial se produjo tras una demanda interpuesta la semana pasada por personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los demandantes argumentan que los operativos han violado múltiples derechos constitucionales y se han sustentado en criterios de perfil racial.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y calificó de “repugnantes y categóricamente falsas” las denuncias de discriminación.

    No obstante, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal), que representa a los afectados, informó que la jueza prohibió explícitamente que los agentes migratorios detengan personas sin una sospecha razonable. También vetó arrestos basados en aspectos como la raza, el idioma (ya sea hablar español o inglés con acento), el tipo de empleo o la presencia en sitios como estaciones de autobuses, lavaderos de autos o granjas.

    Además, el fallo obliga al DHS a garantizar acceso legal para los detenidos, no solo entre semana, sino también los fines de semana y feriados.

    Las redadas iniciadas hace un mes en el área metropolitana de Los Ángeles han generado protestas y tensiones, convirtiendo a California en un símbolo de oposición a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La demanda se activó luego de un operativo ocurrido el pasado 22 de junio, en el que varios trabajadores fueron arrestados violentamente por hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza. Videos del hecho circularon en redes sociales y generaron indignación.

    El propietario del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los agentes irrumpieron en zonas restringidas y utilizaron fuerza excesiva. Familiares de los detenidos aseguraron que los arrestos se realizaron sin justificación y sin acceso a comunicación legal.

    “Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras conocerse la resolución judicial.