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Etiqueta: redadas migratorias

  • Juez de EE.UU. rechaza bloquear despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

    Juez de EE.UU. rechaza bloquear despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

    Una jueza federal de Illinois rechazó este lunes bloquear de manera inmediata el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, tras la solicitud del Gobierno de Illinois de frenar las protestas contra las redadas migratorias en el estado.

    La jueza April M. Perry tomó la decisión en una audiencia celebrada en Chicago después de que el Gobierno de Illinois demandara al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la movilización de 400 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad. En la demanda, el Gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron a Perry que emitiera una orden de restricción temporal para evitar el despliegue de estas tropas en el estado.

    Según los medios locales, Perry expresó en el tribunal que necesita más tiempo para revisar el caso antes de tomar una decisión final sobre si bloquear o no el despliegue. La jueza fijó para este jueves una nueva audiencia para abordar el tema.

    Las tropas, que provienen de Texas, se desplegarán entre este martes y miércoles en Illinois, y recibirán entrenamiento antes de iniciar sus operaciones, según confirmó un abogado del Gobierno de EE.UU. durante la audiencia.

    En una rueda de prensa también celebrada este lunes, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, subrayó que los miembros de la Guardia Nacional están «entrenados como soldados», pero que, al ser reclutados para este tipo de operaciones, «se convierten en agentes de policía sin la formación adecuada». Pritzker calificó el despliegue como «una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal».

    El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, también criticó las acciones de Trump durante la conferencia de prensa, asegurando que «son ilegales» y que «ningún presidente puede saltarse la Constitución». En la demanda, Raoul argumentó que el Gobierno de Trump había «excedido su autoridad» y señaló que no hay «ningún requerimiento legal que justifique la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional».

    Este despliegue de tropas ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, especialmente después de que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararan en South Side el sábado, hiriendo a una ciudadana estadounidense.

    Además, en otro fallo federal del día, una jueza impidió al presidente Trump desplegar 300 efectivos de la Guardia Nacional en California, en el estado vecino de Oregón, donde se busca combatir las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.

  • Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    Se acumulan demandas millonarias contra Trump por detener a ciudadanos estadounidenses en las redadas

    El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.

    Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

    El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.

    La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.

    “Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.

    Demanda por agresión a un anciano recién operado

    Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.

    Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.

    Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.

    En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.

    El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.

    “Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.

    Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.

     

  • Discriminación y precariedad laboral dañan salud mental de migrantes mexicanos en EE.UU.

    Discriminación y precariedad laboral dañan salud mental de migrantes mexicanos en EE.UU.

    La salud mental de los migrantes mexicanos en Estados Unidos está seriamente comprometida por factores como la discriminación, la inestabilidad laboral y la falta de acceso a servicios médicos, advirtió la investigadora Maritza Caicedo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    Basado en datos de la encuesta nacional de salud estadounidense, el estudio estima que más de 12 millones de mexicanos y 26.5 millones de mexicoamericanos residen actualmente en EE.UU., muchos de los cuales enfrentan altos niveles de estrés psicológico debido a redadas migratorias y la criminalización de personas sin estatus legal.

    Caicedo destacó que 17 % de los migrantes mexicanos y 12 % de los mexicoamericanos viven por debajo del umbral de pobreza, comparado con solo 7.5 % entre los blancos no hispanos. Este dato revela una brecha persistente en condiciones socioeconómicas entre los inmigrantes y la población estadounidense general.

    La precariedad laboral se acentúa en los migrantes sin documentos, quienes enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. Según el estudio, 36 % de los mexicanos no cuenta con cobertura médica y un 83 % no cotiza en un plan de pensiones en Estados Unidos.

    En términos de empleo, las tasas de desempleo entre los migrantes mexicanos y sus hijos alcanzan el 5.4 % y el 4.5 %, respectivamente, cifras superiores al 3.1 % registrado entre los blancos no hispanos.

    Trabajadores migrantes hacen labores agrícolas en Salinas, California. Istock

    Estrés aculturativo y salud mental

    La investigadora señaló que, aunque la segunda generación de migrantes suele tener una situación económica ligeramente mejor, enfrenta un fenómeno conocido como “estrés aculturativo”, al sufrir discriminación persistente y exclusión social, lo cual impacta directamente en su salud mental.

    De hecho, Caicedo explicó que, paradójicamente, los migrantes de primera generación presentan mejores indicadores de salud mental que sus hijos nacidos en EE.UU., quienes enfrentan una presión constante por adaptarse a un entorno que los percibe como “ciudadanos de segunda clase”.

    “El acceso limitado a servicios médicos y la exclusión del sistema de pensiones plantean preguntas sobre las condiciones de vida futuras de estos grupos”, advirtió Caicedo.

    Pese a estas adversidades, la experta subrayó el aporte económico, social y demográfico de la inmigración mexicana y latinoamericana en EE.UU., destacando que los jóvenes migrantes rejuvenecen la pirámide poblacional del país norteamericano.

    Entre 2000 y 2015, los migrantes latinoamericanos cubrieron el 38 % de la escasez de mano de obra en EE.UU., siendo México y Centroamérica las regiones que más trabajadores aportaron, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

  • Las redadas migratorias en California siembran temor y vacían los campos agrícolas

    Las redadas migratorias en California siembran temor y vacían los campos agrícolas

    El miedo se ha convertido en compañero de jornada para cientos de trabajadores agrícolas indocumentados en California, quienes enfrentan redadas migratorias en pleno corazón agrícola de Estados Unidos. Uno de los casos más alarmantes fue el fallecimiento de un mexicano tras intentar huir de un operativo reciente en el condado de Ventura.

    Alejandra, una jornalera mexicana de 39 años originaria de Michoacán, comienza su día antes del amanecer para llevar a su hijo a la guardería y recorrer más de una hora hasta el campo donde labora bajo temperaturas extremas. “La verdad, si no tuviera a mi hijo, ya me habría auto deportado, pero él pertenece aquí”, afirma con angustia.

    Su historia refleja el drama de miles de trabajadores que, tras huir de la violencia en sus países de origen, hoy se enfrentan al riesgo de deportación en medio de la faena agrícola. “El campo me ayudó a no caer en depresión. Aunque el trabajo es duro, me aferré porque era mi única salida”, relata.

    Alejandra cuenta que, en ciertas labores como la recolección de zanahoria, pasa hasta nueve horas de rodillas. En otras ocasiones, las jornadas se tornan inhumanas, como aquella en que una compañera fue atropellada por un camión en plena faena. “La dejaron tirada y nos hicieron seguir trabajando al lado de su cuerpo”, recuerda.

    Alejandra, migrante mexicana que trabaja en los campos agrícolas en California. EFE

    Fuga de mano de obra

    Javier, mayordomo en una granja de verduras en Tehachapi, condado de Kern, confirma que los efectos de las redadas ya son evidentes: “Ha sido una temporada muy difícil para cosechar”, comenta, mientras confiesa que tampoco cuenta con documentos migratorios.

    “Muchos temen salir, y lo entiendo. Yo también tengo miedo todos los días”, añade.

    Según estimaciones, al menos un millón de personas trabajan en el campo en Estados Unidos, y el 40 % de ellas carece de estatus migratorio legal. Las constantes redadas federales están provocando ausentismo laboral, lo que comienza a afectar el rendimiento del sector agrícola, uno de los pilares económicos de California.

    Una salida legal para los jornaleros

    La presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), Teresa Romero, promueve una iniciativa de ley conocida como “la tarjeta azul”, que busca otorgar una vía hacia la legalización a los trabajadores del campo que tengan años de experiencia demostrada. Rechaza los argumentos que afirman que los campesinos dejarían la agricultura si fueran regularizados.

    “Cerca del 75 % de los jornaleros son de origen latino, y este país depende de ellos para alimentar a su población”, sostuvo Romero, citando cifras de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano.

    Mientras tanto, para personas como Alejandra y Javier, el temor a ser arrestados ya no es algo ocasional, sino parte de su jornada. En el campo de California, el sudor, el sol y el miedo cosechan juntos.