El Gobierno de Sudán del Sur aceptó la semana pasada a ocho personas deportadas por Estados Unidos, pero no ofreció explicaciones sobre los motivos de la decisión ni sobre los procedimientos legales seguidos, lo que ha generado dudas para varios juristas y expertos del país sobre la legalidad de la medida.
El profesor de Ciencias Políticas Abraham Koul Nyoun consideró a EFE que esto puede representar “tanto un desafío como una oportunidad diplomática”, al permitir al Ejecutivo usarlo como palanca para negociar el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
No obstante, advirtió que “algunos de los deportados podrían representar una amenaza si no se les somete a una supervisión adecuada, y esta aceptación podría malinterpretarse como una disposición a convertir el país en un vertedero de personas”.
De los ocho deportados, sólo uno es ciudadano sursudanés, mientras que los demás son originarios de Myanmar, Cuba, Vietnam, Laos y México, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores sursudanés en un comunicado.
La medida, según el Gobierno del país más joven del mundo, forma parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington, y añadió que fue adoptada tras “consultas exhaustivas” para promover los intereses comunes de ambos países.
El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Yuba James Loko calificó la decisión como una “violación del principio de no devolución”, recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Explicó a EFE que trasladar a personas a un país con el que no tienen conexión legal plantea “serias cuestiones morales y jurídicas”, y podría vulnerar compromisos asumidos por Sudán del Sur en tratados internacionales, incluyendo los de la ONU y la Unión Africana.
Loko subrayó también la ausencia de acuerdos bilaterales que regulen estas deportaciones, lo que, a su juicio, “refuerza las dudas sobre la legalidad del proceso y lo hace vulnerable a impugnaciones internacionales”.
Sudán del Sur, inmerso en una creciente inestabilidad política, es considerado uno de los países más pobres del mundo.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha impulsado las expulsiones exprés como parte de su campaña de deportaciones masivas, una de sus principales promesas electorales. Diversas organizaciones han denunciado que esta política vulnera derechos básicos como el del debido proceso. Uno de los países destino de las deportaciones de supuestos criminales ha sido El Salvador, en donde se han recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
