EE.UU. tramitó la devolución de $121,750 millones, hasta el pasado 10 de julio, a las empresas afectadas por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump que fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo, confirmó este miércoles a EFE un portavoz gubernamental.
La información fue confirmada por un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien detalló que la agencia recibió 24.4 millones de declaraciones de importación. De ese total, aproximadamente 16.76 millones ya fueron procesadas para evaluar su reembolso o devolución certificada.
El monto gestionado representa más del 70 % del total estimado para reintegrar a las empresas, que asciende a cerca de $166,000 millones. Las autoridades continúan revisando las solicitudes pendientes antes de completar el proceso.
«La CBP ha cumplido plenamente con todas las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional y de otros tribunales relativas a los reembolsos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)», afirmó el portavoz del organismo.
Las solicitudes de devolución pueden ser presentadas por importadores o agentes aduaneros mediante la plataforma electrónica CAPE, habilitada en abril de este año. Cada petición es analizada de manera individual antes de autorizar el reembolso correspondiente.
Un día después de la entrada en funcionamiento de ese sistema, el presidente Donald Trump recomendó públicamente a las empresas no solicitar la devolución de los recursos pagados por los aranceles posteriormente anulados por la justicia.
El Tribunal Supremo declaró ilegal en febrero el esquema arancelario impuesto en abril de 2025 al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, normativa utilizada para establecer gravámenes diferenciados a distintos países bajo el argumento de aplicar medidas recíprocas.
Tras el fallo judicial, Trump criticó la decisión del máximo tribunal y anunció un arancel global temporal del 10 % sustentado en un nuevo marco legal, cuya vigencia concluyó a finales de julio. Posteriormente, su administración anunció nuevos gravámenes de entre 10 % y 12.5 % para las importaciones provenientes de 60 economías, al considerar que realizan «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».