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  • Economista Mauricio Choussy señala que es necesario conocer el estudio actuarial para reformar el sistema de pensiones

    Economista Mauricio Choussy señala que es necesario conocer el estudio actuarial para reformar el sistema de pensiones

    El economista Mauricio Choussy consideró que para discutir una eventual reforma al sistema de pensiones es indispensable conocer primero el estudio actuarial, a fin de determinar qué medidas paramétricas deben adoptarse y si es necesario implementar mecanismos como un fondo de garantía.

    “Quiero ser bien franco: me gustaría ver el estudio actuarial. Se pidió una prórroga en julio, luego en septiembre, y una tercera prórroga no se vería bien. A mí no me gusta tomar decisiones con sentido político, me gusta tomarlas de la manera más técnica posible”, afirmó Choussy en una entrevista televisiva de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

    El experto sostuvo que el análisis no debe limitarse únicamente a cambios en parámetros como la edad de retiro, sino que también debe incluir la discusión de un fondo de garantía que respalde la sostenibilidad del sistema.

    Choussy explicó que una de las razones por las que cada vez menos personas se jubilan a la edad mínima es porque hacerlo implica una reducción considerable de los ingresos. “Jubilarse es perder parte del salario. Hoy hay muy poca gente jubilándose a los 55 años. Las mujeres ya entendieron que, en lugar de jubilarse a esa edad, es mejor hacerlo después, porque no se recibe una pensión del 100% del salario, sino de alrededor del 40%”, detalló.

    En ese sentido, aseguró que, desde el punto de vista financiero individual, “lo mejor que puede hacer la gente es no jubilarse y acumular más años dentro del sistema de pensiones”.

    Sobre las propuestas que sugieren elevar la edad de jubilación de las mujeres de 55 a 60 años, el economista se mostró cauto y reiteró que cualquier postura debe sustentarse en datos técnicos. No obstante, expuso un ejemplo para dimensionar el problema:

    “Una mujer que se jubile a los 55 años, estadísticamente va a vivir hasta los 83. Eso significa que, habiendo trabajado 30 años, pasará 28 años jubilada. ¿Qué sistema de pensiones soporta que, cotizando el 15% del salario, se pague una pensión durante 28 años?”, cuestionó.

    Choussy también señaló que el sistema privado de pensiones fue “vendido” de manera incorrecta cuando se implementó en 1997. Según explicó, se generó la percepción de que las pensiones serían más altas que las del sistema público, lo que no se cumplió en la práctica.

    “La gente interpretó eso como pensiones muy buenas. Pero nunca se ajustaron las pensiones del sistema público, que siguieron otorgando montos mayores a lo que permitía el ahorro real de los cotizantes. Hubo un mal manejo publicitario y económico del tema”, afirmó en la entrevista

    El economista recordó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sistemas de pensiones fueron concebidos para garantizar condiciones básicas de vida en la vejez, como alimentación, vivienda y vestimenta, y no necesariamente para mantener el mismo nivel de vida previo a la jubilación.

    “Si una persona quiere mantener su nivel de vida en la vejez, más allá de cubrir necesidades básicas, tiene que ahorrar más, ya sea dentro del sistema de pensiones o de forma privada”, apuntó.

    Finalmente, Choussy indicó que otro factor que incide en la problemática es el bajo crecimiento salarial en una economía dolarizada, donde la inflación es reducida, lo que limita el aumento de las cotizaciones.

    Aunque aseguró que no percibe una amenaza inmediata a la sostenibilidad del sistema de pensiones, advirtió sobre el peso de la deuda previsional acumulada. “Es una deuda muy alta que se ha financiado con recursos de los cotizantes. Por eso se habla de darle sostenibilidad al sistema, pero yo no veo que el sistema esté en riesgo de colapso”, concluyó.

  • Claudia Ortiz: "Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum"

    Claudia Ortiz: «Una reforma de pensiones da para hacer un referéndum»

    La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos dice, que, aunque aún no se conocen los parámetros que el gobierno está tomando en cuenta para la propuesta de reforma de pensiones que deberá publicar en febrero, el proyecto debe ser discutido en la Asamblea Legislativa, consultado con la ciudadanía e incluso habla de un referéndum.

    “Va a ser hasta que tengamos el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones que podamos saber cuáles van a ser los parámetros que se van a tocar… Cada uno de los impactos que toque, cada variable, tiene que discutirse, aquí, en la Asamblea Legislativa, y tiene que haber una discusión con la población. Una reforma de pensiones es un tema que da para hacer un referéndum, para que se le pregunte a la gente qué opina y que se le dé la información de qué pasa si se hace esta reforma”, asevera la diputada.

    Ortiz habló de los parámetros “más importantes” como la edad de jubilación ya que, si se sube, se cotiza más tiempo y entra más dinero al sistema; también, como la tasa de cotización, que, si se sube, también entra más dinero al sistema. Pero siempre hay consecuencias, consideró.

    “Podría haber un tipo de distorsión del mercado laboral, la gente joven va a tener, quizá, menos oportunidades de acceder a empleos o el costo de la vida; o más bien, el ingreso de la gente se vería afectado si tiene que cotizar más de lo que está cotizando actualmente, si las empresas también tienen que dar un aporte mayor”, son los temas que deben estudiarse, dijo.

    Pero la diputada de oposición tiene varias interrogantes, que considera el Estado debería responder:

    “La gran pregunta es qué va a hacer el Estado. ¿Va a dejar de tomar prestado el dinero de las pensiones? ¿Va a hacer público cuál es la situación de endeudamiento con pensiones que ha tomado el Estado? O vamos a seguir igual: todo el mundo pagando los costos, apretándose el cincho y tragándose la medicina amarga, mientras los que tienen el poder siguen sirviéndose con cuchara grande de los fondos de las pensiones”. Claudia Ortiz (Vamos).

    Para Ortiz, el estudio de la reforma de pensiones debe ser «a conciencia», ya que puede llegar a constituirse la llamada “medicina amarga” aunque, opina, se hubiese podido anticipar cuando se comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Acuerdo Ampliado del Fondo.

    “Es como la medicina amarga que nos anunciaron pero, si el Estado hubiese sido más responsable en las finanzas públicas, en 2021, cuando comenzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional, quizá si hubiese cedido en derogar la Ley Bitcoin, quizá las condiciones que el FMI ha puesto hubiesen sido menos duras”, señala.

    En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el Estado de El Salvador debe reducir su «dependencia de los fondos de pensiones» como parte del acuerdo de $1,400 millones en busca de la estabilidad financiera del país cuando la deuda estatal de pensiones alcanzó los $10,789.19 millones.

    A finales de septiembre, la deuda total del Estado con el Fondo de Pensiones alcanzó los $11,070.62 millones según el Banco Central de Reserva (BCR) que cita cifras preliminares del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026. El estudio actuarial, que debió haberse publicado a finales de septiembre según el acuerdo con el FMI, no se ha publicado.

  • Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    Secretario del FMLN cree que se aumentarán “años de jubilación” y pide debate público sobre reforma de pensiones

    El secretario general del partido opositor FMLN, Manuel Chino Flores, cree que la propuesta de reforma de pensiones que el gobierno tiene previsto publicar en 2026 incluirá el aumento de los años de jubilación, que actualmente está fijado en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

    Flores aseguró que el gobierno actual está complicado por las medidas que adoptaron después de la reforma aprobada en diciembre de 2022. Según Flores, esto ha permitido más ganancia a las administradoras de fondos para pensiones (AFP).

    “El gobierno tiene un gran problema, cómo dar respuesta a 800,000 cotizantes y 200,000 pensionados, $10,000 millones retirados, tiene que pagar, el problema es que el dinero se está acabando”, indicó.

    Según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 15 de junio, el gobierno de El Salvador pospuso de julio hasta finales de septiembre de 2025 la publicación de una evaluación actuarial del sistema de pensiones que se utilizará como base para diseñar la próxima reforma de pensiones de El Salvador.

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se realizará el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice “a mediados de 2026” con la incorporación de recomendaciones del FMI.

    El FMI ha solicitado expresamente que la nueva reforma logre logre contener los costos fiscales asociados a la reforma de 2022, ya que esta «desvinculó” los beneficios de los saldos individuales y dispuso que con estos se financiara «lo que queda del sistema público de reparto anterior”, es decir, pensiones del sistema público.

    Los estudios actuariales previsionales hacen proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema, según las cotizaciones de los trabajadores, el aporte de los empleadores, las edades de jubilación, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago de pensiones.