La deuda de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzaría los $12,000 millones al cierre de 2026, según estimó este miércoles Patricio Pineda, representante de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, quien además advirtió sobre los rendimientos que habrían dejado de percibir los ahorros de los trabajadores.
Datos del Banco Central de Reserva (BCR) indican que la deuda acumulada de pensiones llegó a $11,714.38 millones hasta julio de este año, un incremento de $334.17 millones, equivalente al 2.93 %, frente a los $11,380.21 millones registrados en enero.
Pineda señaló que los ahorros administrados por los fondos privados de pensiones habrían dejado de recibir unos $2,500 millones en rendimientos durante un período de gracia de cuatro años en el que no se pagaron capital ni intereses y que vence este año.
“No quedan claras las cosas si realmente se va a pagar lo que se ha perdido por los 4 años en que no ha llegado dinero en concepto de pago de intereses ni capital a las cuentas individuales”, subrayó el representante de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna.
El experto agregó que “son un poco más de 2.500 millones de pérdida en dinero que se ha tenido en ese período de gracia que negociaron las AFP (administradoras de fondos de pensiones) con el Gobierno, sin consultar a los trabajadores”.
El Gobierno obtiene mensualmente recursos de los fondos de pensiones mediante títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a adquirir. Estos recursos se estarían utilizando para cubrir las pensiones de jubilados pertenecientes al antiguo sistema público, abandonado a finales de la década de 1990.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó recientemente que se prevé “la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año”, aunque no adelantó las modificaciones específicas que incluiría ese proceso.
Por el momento, no se ha precisado si una eventual reforma supondrá un aumento en el porcentaje de aportación de los trabajadores o cambios en la edad de jubilación. La discusión se produce mientras la deuda con los fondos privados se aproxima, según la estimación de Pineda, a los $12,000 millones al cierre de 2026.