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  • Gobierno defiende reformas de cadena perpetua ante Comisión Política legislativa

    Gobierno defiende reformas de cadena perpetua ante Comisión Política legislativa

    El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, comparecieron el jueves ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para explicar la propuesta de reforma constitucional que busca implementar la cadena perpetua en El Salvador.

    Durante su intervención, Villatoro sostuvo que la iniciativa no solo pretende castigar delitos graves, sino también fortalecer el sistema penal en la protección de la vida, la libertad sexual y el patrimonio.

    “Venimos acá no solo a pedir las reformas de leyes para encargarnos de los asesinos, terroristas y violadores, sino también para poder incrementar algunas penas respecto de la tutela efectiva que debemos de tener a la vida, libertad sexual y patrimonio”, expresó el funcionario.

    El ministro señaló que el análisis de los homicidios en el país revela que la mayoría tiene origen en conflictos sociales o familiares, lo que, a su juicio, requiere una respuesta más firme del Estado.

    “Cada homicidio que hay, lo analizamos, son pocos, pero el 80% de esos tienen el origen en una intolerancia social o familiar. Es algo que nos pone en alerta y con ese análisis responsable es que cuestionamos, ¿le vamos tolerar ese tipo de delito a un delincuente común? No”, afirmó.

    Villatoro aseguró que las reformas están basadas en datos y buscan evitar que organizaciones criminales operen en el país mediante el endurecimiento de las penas.

    “Esto es una fundamentación sobre una base real, no son relatos, somos anti relatos, nos vamos a los datos. Este análisis responsable es para blindar a nuestro país y que ninguna organización criminal quiera operar aquí, porque tenemos cadena perpetua para ustedes”, indicó.

    Asimismo, explicó que la estrategia forma parte de una política de “cero tolerancia” contra el crimen, que incluye la ampliación de sanciones y nuevas medidas dentro del sistema penal.

    “Nosotros comenzamos a construir este muro de cero tolerancia, de no empatía con criminales ni terroristas, aquí lo que estamos haciendo es poniéndole tres gradas más a este número con la claridad de que el que lo quiera saltar, se despide por completo de la sociedad”, manifestó.

    El funcionario también confirmó que se proponen reformas a la Ley Penal Juvenil para aplicar cadena perpetua a menores vinculados a organizaciones terroristas.

    “Hemos venido de manera responsable solicitando algunas reformas a la Ley Penal Juvenil. También proponemos traer ese juzgamiento de cadena perpetua aún a menores de edad, así como estamos tratando a los menores de edad que pertenecen a organizaciones terroristas”, detalló.

    En paralelo, planteó aumentar las penas en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo como parte de la cooperación internacional en el combate a estas estructuras.

    “Y en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo proponemos un incremento de penas, porque esto está conectado con la hermandad que tenemos con otros países para combatir organizaciones terroristas internacionales”, agregó.

    Villatoro afirmó que estas reformas buscan fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad del Estado para enfrentar delitos de alta gravedad, diferenciando entre bandas y organizaciones criminales.

    Finalmente, el ministro agradeció el respaldo de la Asamblea Legislativa a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

    “En nombre del Órgano Ejecutivo queremos agradecer el respaldo del Legislativo en esta iniciativa de reforma constitucional que presentamos. Más de 6 millones de salvadoreños agradecemos a los diputados que dieron su voto”, concluyó.

     

  •  Caucus El Salvador del Congreso de EEUU respalda reforma constitucional sobre cadena perpetua 

     Caucus El Salvador del Congreso de EEUU respalda reforma constitucional sobre cadena perpetua 

    El Caucus del Congreso de Estados Unidos sobre El Salvador expresó este jueves su respaldo a la reforma constitucional que permitirá imponer cadena perpetua a delitos como asesinatos, violaciones y terrorismo en el país y sostuvo que la medida debería ser imitada en otros países latinoamericanos.

    Este grupo bipartidista de la Cámara de Representantes, creado en 2024 para fortalecer las relaciones bilaterales, destacó la aprobación legislativa como un paso relevante en materia de seguridad y justicia.

    A través de sus redes sociales, el Caucus manifestó su apoyo directo a la Asamblea Legislativa y al rumbo de las políticas de seguridad implementadas en El Salvador.

    “Este es el liderazgo que otros países latinoamericanos deben seguir. Gracias a la Asamblea Legislativa de El Salvador por votar a favor de la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas. ¡El pueblo salvadoreño merece una oportunidad en la vida y Nayib Bukele se la ha brindado!”, publicó el grupo.

    El Gobierno salvadoreño presentó el martes un paquete de reformas a cuatro leyes con el objetivo de aplicar la cadena perpetua a personas condenadas por homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

    Las modificaciones abarcan el Código Penal, la Ley especial contra actos de terrorismo, la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y la Ley Penal Juvenil.

    La iniciativa busca endurecer las penas para delitos considerados de alto impacto, en línea con la estrategia de seguridad que ha impulsado el Ejecutivo en los últimos años.

    El Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos fue anunciado en julio de 2024 y actualmente es dirigido por la congresista republicana Ana Paulina Luna.

    Este grupo legislativo tiene como objetivo reforzar los vínculos entre ambos países y dar seguimiento a temas de interés común, incluyendo seguridad, migración y cooperación bilateral.

     

  • Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este martes que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilita la imposición de penas centenarias contra pandilleros, pese a que la Constitución prohíbe la cárcel perpetua.

    “Muchos de los que están ahí (presos) no van a salir, y no van a salir porque el Gobierno no quiera, sino porque ha habido una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a las estructuras criminales hay alguna acumulación de la pena”, indicó Ulloa durante un acto público en San Salvador.

    El funcionario sostuvo que en el país “está prohibida por Constitución la prisión perpetua” y que “nadie puede pasar más de 30 años en prisión por los delitos que ha cometido”, pero afirmó que, tratándose de “estructuras criminales”, se aplica la “acumulación de la pena”, lo que deriva en condenas “para 300 años, para 400 años”.

    “Esas personas no van a salir”, agregó, sin precisar a qué resoluciones o casos concretos se refería.

    Pese a ese señalamiento de un límite de 30 años, el Código Penal contempla penas de hasta 60 años por homicidio agravado.

    El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele tras registrarse el asesinato de más de 80 personas en tres días, según el reporte oficial.

    En ese contexto, el Órgano Legislativo aprobó reformas para incrementar penas y modificar el proceso penal contra supuestos líderes de pandillas y colaboradores, mientras tribunales han impuesto condenas de más de 1,000 años y otras de varios cientos.

    La medida suma más de 91,300 detenciones, recibió apoyo de buena parte de la población y fue señalada por violaciones a derechos humanos: organizaciones humanitarias reportan más de 6,400 denuncias —principalmente por detenciones arbitrarias y torturas— y la muerte de 480 detenidos bajo custodia estatal.