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  • La ONU alerta de que la crisis humanitaria en Afganistán se agrava en el sur del país

    La ONU alerta de que la crisis humanitaria en Afganistán se agrava en el sur del país

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este lunes sobre el deterioro de las condiciones humanitarias en el sur de Afganistán, donde la población enfrenta graves problemas de desnutrición, desempleo, pobreza crónica, falta de servicios médicos y escasez de agua, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

    «Mientras las organizaciones continúan brindando asistencia crítica, las comunidades repiten la creciente brecha entre las necesidades en aumento y los recursos disponibles para cubrirlas», indicó la agencia de Naciones Unidas, que alertó sobre las dificultades para atender a las comunidades afectadas por la crisis.

    El organismo realizó durante septiembre un recorrido por las zonas rurales del sur de Afganistán para evaluar las consecuencias de años de dificultades económicas y sociales, en medio de un régimen talibán que, según el informe, supera los cinco años. La evaluación permitió identificar un deterioro de las condiciones de vida y mayores necesidades de asistencia entre las comunidades.

    La investigación identificó un incremento de los «peligros ocultos y un profundo aumento de las necesidades humanitarias» en las provincias de Helmand y Kandahar, consideradas bastiones de los talibanes. En esta última región también reside el líder supremo afgano, Hibatullah Akhundzada.

    Explosivos sin detonar amenazan a comunidades afganas

    Uno de los principales riesgos para la población es la presencia de artefactos explosivos enterrados que permanecen sin detonar y provocan muertes y mutilaciones entre los habitantes, especialmente niños. La portavoz de OCHA, Olga Cherevko, advirtió sobre los peligros que enfrentan las familias al transitar por estas zonas. «A primera vista la tierra parece inofensiva, pero oculta peligros mortales», denunció.

    Durante las visitas a Helmand y Kandahar, los representantes de Naciones Unidas sostuvieron reuniones con habitantes, trabajadores sanitarios, docentes y organizaciones humanitarias para conocer las principales dificultades que enfrentan. «Las necesidades son muchas. No sabemos por dónde empezar», expresó uno de los líderes comunitarios consultados por el organismo.

    La disminución de la asistencia internacional también está empujando a numerosas familias hacia la indigencia y el endeudamiento, según denunciaron representantes de las comunidades. Los dirigentes locales solicitaron inversiones para generar oportunidades de empleo y mejorar la infraestructura básica, con el objetivo de reducir la dependencia de la ayuda de emergencia, cuyos recursos son cada vez más limitados.

    La ONU también alertó sobre la situación sanitaria del país, donde se contabilizan 36 casos confirmados de poliomielitis. A esta problemática se suman las restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres afganas para trabajar en Naciones Unidas, una medida que continúa dificultando la distribución de asistencia humanitaria entre las comunidades que necesitan apoyo.

  • Talibanes advierten contra otra ocupación extranjera en Afganistán

    Talibanes advierten contra otra ocupación extranjera en Afganistán

    El Gobierno talibán advirtió este miércoles a potenciales «agresores» que Afganistán no volverá a someterse a una ocupación extranjera, al cumplirse 25 años del inicio de la invasión estadounidense que desencadenó dos décadas de conflicto en el país.

    «Cualquier otro agresor que abrigue la siniestra intención de invadir Afganistán debe recordar que, independientemente de su fuerza militar, se verá obligado a rendirse ante la voluntad del pueblo afgano», aseguró el portavoz del Ejecutivo de facto talibán, Hamdullah Fitrat, mediante un mensaje de audio difundido a los medios.

    Fitrat denunció que la intervención militar encabezada por Washington desde 2001 provocó la muerte, heridas, encarcelamiento y desplazamiento de miles de afganos durante los 20 años que se prolongó el conflicto.

    «Esta lucha demostró que los afganos no se someterán a la ocupación extranjera, ni a la fuerza o presión externas», declaró Fitrat, quien sostuvo que Afganistán recuperó su independencia después de una prolongada etapa de «yihad y sacrificios».

    Estados Unidos y sus aliados de la OTAN pusieron en marcha la operación ‘Libertad Duradera’ el 7 de octubre de 2001, como respuesta a los atentados del 11S perpetrados por Al Qaeda. Su líder, Osama bin Laden, se encontraba refugiado en territorio afgano bajo la protección del primer régimen talibán, que gobernó entre 1996 y 2001.

    La ofensiva de los aliados provocó rápidamente la caída de los fundamentalistas y abrió una guerra que se extendió durante 20 años. El conflicto dejó más de 170,000 muertos entre civiles, miembros de las fuerzas de seguridad afganas, insurgentes y más de 3,500 soldados internacionales, además de representar un gasto superior a $2 billones para Washington.

    Después de años de insurgencia y de la firma del histórico Acuerdo de Doha en febrero de 2020, la retirada final de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN culminó en agosto de 2021. Los talibanes tomaron rápidamente Kabul y el Gobierno respaldado por Occidente colapsó.

    Desde entonces, el régimen talibán gobierna Afganistán mediante una rígida aplicación de la ley islámica y permanece aislado de la comunidad internacional, que no reconoce a su Gobierno.

     

  • Los talibanes aprueban un código judicial clasista que revive el miedo a la esclavitud

    Los talibanes aprueban un código judicial clasista que revive el miedo a la esclavitud

    El régimen talibán de Afganistán aprobó un nuevo código judicial que institucionaliza un sistema de castigos en función del estatus social del acusado, reservando penas leves para la élite religiosa y comercial, mientras impone prisión o latigazos a las clases bajas, según extractos del texto a los que tuvo acceso EFE.

    Desde su retorno al poder en agosto de 2021, los talibanes gobernaban por decretos dispersos y edictos orales. Este documento se convierte en la primera base legal escrita que guiará a los tribunales bajo el dominio fundamentalista.

    El capítulo dos del texto, específicamente el artículo nueve, titulado “Niveles y tipos de castigos discrecionales basados en el estatus”, clasifica a la sociedad en cuatro grupos: altos cargos y eruditos religiosos; élite y comerciantes; clase media; y clase baja. A los dos primeros se les aplican simples advertencias judiciales; mientras que a los últimos se les ordenan desde citaciones judiciales hasta golpes físicos.

    El código instruye que los castigos físicos no deben infligirse en la cabeza o en zonas sensibles del cuerpo, aunque admite un máximo de 39 latigazos para los más pobres.

    Entre otras disposiciones, se incluye castigo para mujeres que permanezcan en casa de sus padres sin permiso del esposo, a menos que estén legalmente divorciadas. El Gobierno justificó esta medida al considerar que vulnera los derechos del marido y los hijos, aunque prometió sancionar también al hombre que no provea manutención.

    Aunque el documento completo aún no ha sido publicado oficialmente, su existencia fue confirmada por el portavoz del Tribunal Supremo talibán, Mawlawi Abdul Rahim Rashid, quien afirmó que “el código completo está en el Ministerio de Justicia y ellos lo publicarán”.

    Reportes preliminares sugieren que el texto incluye menciones sobre la figura de «esclavos», lo que ha encendido las alertas internacionales sobre la posible legitimación de prácticas abolidas, como la servidumbre por deudas o la apropiación de prisioneros como propiedad.

    El exlíder muyahidín Abdul Rab Rasool Sayaf alertó que el Islam “es una religión de justicia” y condenó los privilegios legales para los más poderosos: “los beneficios deberían ser para los pobres e indefensos, no para los ricos”.

    El relator especial de la ONU, Richard Bennett, calificó el contenido del código como “extremadamente preocupante” y advirtió sobre el retroceso en derechos humanos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia talibán advirtió que oponerse a esta ley será considerado “crimen religioso” y se procesará como tal.