La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por el anuncio de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sobre su renuncia para ejecutar proyectos por Ley de Agentes Extranjeros.
El organismo internacional escribió en sus redes sociales que se encuentra preocupado por la decisión de la APES para dejar de realizar proyectos con fondos de cooperación, así como cerrar sus oficinas por las restricciones que impone la nueva normativa que regular los fondos provenientes del extranjero y les impone un impuesto del 30 %.
La decisión de la APES fue informada el martes a través de un comunicado de prensa en el que aseguraba que decidieron suspender, liquidar y cerrar los proyectos financiados con fondos extranjeros por «las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone la ley.
Asimismo, indicó que pese a estar solicitando las credenciales de su junta directiva durante el último año, el Ministerio de Gobernación no se las ha entregado. «Seguiremos insistiendo, apegados a nuestro derecho de organización y asociación» afirmó la asociación.
Pese al cierre hasta nuevo aviso de sus oficinas ubicadas en Santa Elena, la APES aseveró que seguirán prestando los servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones contra la prensa salvadoreña.
La ley de agentes extranjeros fue aprobada por la Asamblea Legislativa y entró en vigencia el 7 de junio. La normativa permitió durante 90 días que toda persona u organización con fondos extranjeros se inscribiera al registro que los obliga a entregar información de sus actividades y fondos y, a pagar un impuesto del 30 %.
Organizaciones como Acción Ciudadana han informado que están inscritos al registro, pero otras como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Cristosal y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) han cesado operaciones en El Salvador por la misma normativa.