La Corte de Cuentas de la República (CCR) formuló cuatro reparos por un monto reportado de $2,224,284.60 contra funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de San Miguel, entre ellos el exalcalde José Wilfredo Salgado García, por presuntas irregularidades en la administración de fondos destinados a las fiestas patronales del municipio.
Los señalamientos están contenidos en el Pliego de Reparos N.º CAM-V-JC-001-2026, emitido este año por la Cámara Quinta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, que examinó el uso de recursos transferidos por la municipalidad al Comité Organizador de las Fiestas Patronales de San Miguel en el periodo entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2024.
La auditoría identificó deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos que carecían de documentación y autorizaciones, contrataciones sin evidencia suficiente de libre competencia y remuneraciones efectuadas sin los controles correspondientes de asistencia laboral.
El expediente examina actuaciones de funcionarios municipales, integrantes del comité organizador y personal responsable de la administración financiera, tesorería y contabilidad durante el período investigado.
Entre los principales señalados figura Salgado, quien ejerció como alcalde municipal y presidente del Comité Organizador de las Fiestas Patronales, junto con otros servidores públicos que desempeñaron funciones administrativas y de supervisión.
Los reparos constituyen señalamientos sujetos a un procedimiento de responsabilidad ante la Corte de Cuentas y no representan, por sí mismos, una sentencia definitiva ni demuestran que los funcionarios involucrados cometieron delitos o sustrajeron los fondos observados.
Contrataciones y adquisiciones bajo observación
El primer reparo corresponde a deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios, por operaciones que suman $1,190,492.60, según el resumen del expediente de la Cámara.
La auditoría detectó compras y contrataciones relacionadas con espectáculos artísticos, suministros, fuegos pirotécnicos y servicios logísticos para las celebraciones patronales, sin que se presentara toda la documentación exigida para respaldar los procedimientos.
Entre los documentos faltantes se mencionan órdenes de compra, contratos, actas de recepción y nombramientos de administradores de contratos, necesarios para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.
También se observaron anticipos superiores al 30 % del valor de algunas contrataciones sin que se exigieran las garantías de buena inversión correspondientes al 100 % del anticipo.
En las operaciones examinadas, la ausencia de estos respaldos impidió acreditar plenamente que los procedimientos de contratación y adquisición se desarrollaron conforme a las exigencias legales.
La falta de documentación no significa necesariamente que los bienes o servicios contratados no fueron entregados, sino que la auditoría cuestionó la comprobación administrativa de las operaciones.
Pagos sin autorizaciones requeridas
El segundo reparo está relacionado con la falta de legalización de documentos de pago y comprende operaciones por $23,092.57.
La Corte identificó erogaciones correspondientes a adquisiciones, planillas y retenciones cuyos comprobantes no reunían todos los requisitos de autorización establecidos en los controles internos.
Entre las deficiencias se encontraron documentos sin el sello de «DESE», correspondiente al alcalde u ordenador de pagos, y sin el «Visto Bueno» del síndico.
Estos controles debían respaldar la autorización de las erogaciones antes de que los fondos fueran desembolsados por los responsables de tesorería. Las observaciones también alcanzan las funciones de supervisión y verificación documental de los servidores públicos que participaron en la autorización y ejecución de los pagos.
Casi $1 millón en contrataciones sin competencia acreditada
El tercer reparo corresponde a contrataciones por $992,460.90 en las que, según la auditoría, no se acreditó el cumplimiento de procedimientos que garantizaran la libre competencia entre proveedores.
Las operaciones cuestionadas incluyen contrataciones de servicios artísticos, alquileres de tarimas y equipos utilizados durante las actividades festivas.
De acuerdo con el expediente, en los procesos observados solamente se recibió la oferta de un proveedor, sin demostrar que se hubieran aplicado mecanismos competitivos de comparación de precios o licitación.
La Corte cuestionó que estas contrataciones se efectuaran sin documentación suficiente para comprobar la existencia de condiciones de competencia en la selección de los proveedores.
El hallazgo se relaciona con los procedimientos administrativos utilizados para contratar bienes y servicios con recursos destinados a las celebraciones patronales de San Miguel.
Reparos por salarios sin controles de asistencia
El cuarto reparo corresponde al pago de remuneraciones por $18,238.57 a trabajadores del Comité Organizador de las Fiestas Patronales, sin que se acreditaran los controles de asistencia requeridos.
La auditoría señaló la ausencia de registros de entrada y salida de empleados, así como de permisos, licencias o incapacidades que justificaran determinadas inasistencias a sus puestos de trabajo.
Según el resumen del expediente, estas deficiencias provocaron que se efectuaran pagos sin aplicar los descuentos correspondientes por ausencias durante la jornada laboral.
A diferencia de los primeros tres hallazgos, relacionados con presuntas responsabilidades administrativas, el cuarto reparo incluye un señalamiento expreso de responsabilidad patrimonial por $18,238.57. La eventual obligación de reintegrar ese monto dependerá de lo que se resuelva en el procedimiento correspondiente.
Funcionarios municipales incluidos en los reparos
El pliego de reparos identifica a varios integrantes del Comité Organizador de las Fiestas Patronales y funcionarios de la Alcaldía de San Miguel que participaron en la administración de los recursos durante el período examinado.
Entre ellos aparece José Wilfredo Salgado García, expresidente del Comité y exalcalde municipal, así como Gilda María Mata, quien desempeñó las funciones de síndico del Comité y síndico municipal.
También figura Óscar Armando Ramírez Ramírez, quien ejerció como tesorero del Comité y tesorero jefe de la municipalidad, funciones relacionadas con el manejo de fondos y la revisión de los documentos que respaldaban los desembolsos.
El expediente incluye a Edward Santiago Galeano Iglesias, identificado como contador general del Comité, y a Mercedes Margarita Lara de Gómez, quien aparece como gerente general ad honorem del organismo y duodécima regidora propietaria.
Asimismo, se menciona a Belinda del Carmen Romero Jiménez, secretaria del Comité y segunda regidora suplente; Denny Ernesto Garcilazo García, prosecretario y colaborador municipal; y Kriscia Abigail Ventura Blanco, primera vocal y sexta regidora propietaria.
Otros funcionarios incluidos son Elías Isaí García Villatoro, segundo vocal y primer regidor propietario; Mario Ernesto Portillo Arévalo, tercer vocal y segundo regidor propietario; y Patricia Lissette Villafuerte Reyes, cuarta vocal y gerente general de la municipalidad.
Los primeros tres reparos plantean presuntas responsabilidades administrativas relacionadas con el incumplimiento de disposiciones sobre contrataciones, autorización de pagos y controles internos. Estas observaciones podrían derivar en sanciones administrativas, incluidas multas conforme al artículo 107 de la Ley de la Corte de Cuentas, si se determina la responsabilidad correspondiente.
En el caso del cuarto reparo, la observación incluye una posible responsabilidad patrimonial por el pago de remuneraciones sin los controles de asistencia requeridos.
Más de $2.2 millones en operaciones cuestionadas
Los cuatro reparos comprenden operaciones que superan los $2.2 millones y abarcan diferentes aspectos de la administración de recursos municipales destinados a las fiestas patronales de San Miguel.
El mayor monto corresponde a las deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios, seguido de las contrataciones en las que no se acreditó la libre competencia entre proveedores.
Los señalamientos de menor cuantía están relacionados con la legalización de documentos de pago y las remuneraciones efectuadas sin los controles de asistencia laboral correspondientes.