La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la libertad de prensa en El Salvador está siendo “silenciada paulatinamente” por el Gobierno mediante amenazas, intimidación y presión directa contra periodistas y medios independientes. Así lo establece el informe presentado este domingo durante la clausura de la 81ª Asamblea General de la organización, realizada en Punta Cana, República Dominicana.
El documento sitúa a El Salvador en la categoría de países con alta restricción a la libertad de prensa, según el Índice Chapultepec. A ello se suma un retroceso de 61 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras durante los últimos cinco años.
«Estas acciones han provocado que muchos comunicadores y redacciones importantes se marchen del país», indica la SIP, que también subraya las contradicciones del discurso oficial.
El Gobierno insiste en que respeta la libertad de expresión porque “no hay periodistas capturados ni medios cerrados”, aunque los registros de organismos nacionales e internacionales lo desmienten.
Solo entre el 1 de mayo y el 14 de julio de este año, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 180 agresiones contra periodistas. Las más frecuentes incluyen acoso físico y digital, intimidaciones, insultos, discursos estigmatizantes y restricciones al ejercicio del periodismo.
El informe también señala que, desde el 13 de junio, al menos 43 periodistas se han visto obligados a desplazarse forzosamente por hostigamiento, intimidación o amenazas de captura. Según la SIP, existen «fuertes indicios de que el Gobierno cuenta con listas completas de vigilancia, amedrentamiento y posibles detenciones de periodistas y defensores de derechos humanos».
En junio, la SIP y 17 organizaciones internacionales pidieron al Gobierno salvadoreño cesar todo tipo de persecución, garantizar la integridad de los periodistas y detener la vigilancia contra la prensa.
El informe alerta también sobre los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros, cuya entrada en vigor forzó a la APES a cerrar temporalmente sus oficinas y suspender proyectos financiados desde el exterior. La normativa busca gravar a organizaciones independientes consideradas críticas por el oficialismo.
La SIP concluye que la represión no solo afecta a los medios, sino también a la ciudadanía. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA revela que 6 de cada 10 salvadoreños tienen “más cuidado” al opinar sobre política, por temor a represalias.
