Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que existe una tendencia global que usa la “seguridad nacional como una herramienta para criminalizar el periodismo” por parte de regímenes autoritarios y democracias en el mundo.
Según el informe, los gobiernos usan leyes contra el terrorismo y de espionaje para perseguir a reporteros, silenciar fuentes y expandir la vigilancia digital contra los mismos.
El informe menciona a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú. Pero también mencionan a países como Afganistán, Camboya, China, Filipinas, Inda, Myanmar, Pakistán y Vietnam, así mismo, Azerbaiyán, Bielorrusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungruía, Kirguistán, Reino Unido, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, entre otros.
En el caso de El Salvador, señala que el estado de excepción aprobado en 2022 para controlar y capturar a las pandillas ha servido para reducir el acceso a periodistas en tribunales, procedimientos legales e instituciones del sector público.
También, sostiene que hay un clima de intimidación, vigilancia y amenazas contra la prensa independiente, y vigilancia a familiares de periodistas en el exilio, así como obstáculos para coberturas de hechos judiciales reportados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
El informe menciona el caso de Nicaragua, en donde el 15.2 % de los periodistas nicaragüenses exiliados han perdido su ciudadanía, el régimen de Daniel Ortega ha usado la Ley 1055 para calificar a periodistas de “traidores a la patria”, ha usado la ley de “agentes extranjeros” para controlar a medios que reciben financiamiento internacional y la ley especial de ciberdelitos para criminalizar la difusión de lo que el gobierno considera “noticias falsas” o “amenazas a la estabilidad”.
La organización señala el cierre de medios contra casi todas las redacciones independientes, que han sido clausuradas o confiscadas, así como vigilancia, amenazas de procesamiento y vigilancia digital.
