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  • María Corina Machado se fracturó una vértebra durante su huida de Venezuela

    María Corina Machado se fracturó una vértebra durante su huida de Venezuela

    La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral y otras lesiones durante su huida de Venezuela, ocurrida el pasado lunes, mientras intentaba llegar a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del galardón en Oslo.

    Según información publicada por el diario noruego Aftenposten, Machado emprendió una travesía en una pequeña embarcación pesquera, enfrentando condiciones climáticas adversas en alta mar. Su escape incluyó un viaje de al menos cinco horas hasta la isla de Curazao, donde posteriormente abordó un avión rumbo a Oslo, con escala en Estados Unidos.

    Una vez en la capital noruega, Machado acudió al Hospital Universitario Ulleval, donde médicos confirmaron la fractura de una vértebra. El hecho fue corroborado por Magalli Meda, exjefa de campaña de “Comando Con Venezuela”, quien acompañó de cerca el operativo de salida.

    La activista, que según medios locales habría salido disfrazada y usando peluca para evitar ser detectada por el régimen de Nicolás Maduro, no logró llegar a tiempo a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, celebrada el jueves por la tarde. En su lugar, fue su hija, Ana Corina Sosa, quien subió al estrado para recibir el reconocimiento en nombre de su madre.

    El galardón fue otorgado a Machado por su lucha cívica en favor de la democracia en Venezuela, y su figura se ha convertido en uno de los símbolos de resistencia frente al autoritarismo. Su huida revive las alarmas sobre la represión política en el país sudamericano, especialmente contra líderes opositores que enfrentan restricciones, detenciones y vigilancia constante.

  • El régimen venezolano impidió viajar al Cardenal Porras y amenazaron con arrestarlo

    El régimen venezolano impidió viajar al Cardenal Porras y amenazaron con arrestarlo

    El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció este miércoles haber sido amenazado con ser detenido por funcionarios migratorios cuando intentaba salir del país desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con rumbo a España, vía Colombia.

    A través de su cuenta en la red social X, el arzobispo emérito de Caracas relató que el incidente ocurrió cuando se disponía a viajar para cumplir compromisos eclesiásticos en territorio español. Sin embargo, al llegar al control migratorio, un oficial le indicó que debía verificar si su pasaporte estaba “al día”.

    Posteriormente, aseguró que se le informó que el documento presentaba “problemas” y que debía regresar a Caracas para resolver la situación en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Aunque solicitó la devolución de su pasaporte para reclamar su equipaje, no le fue entregado.

    “Hasta para ir al baño me siguió de cerca el funcionario, preguntándome a qué iba hasta ese lugar”, reclamó el cardenal, quien además detalló que fue obligado a firmar documentos donde supuestamente aceptaba que no podía viajar “por incumplimiento de las normas”.

    Porras explicó que intentó tomar una fotografía del documento que se le presentó, pero los agentes se lo impidieron “no de muy buenas maneras” y lo amenazaron con detenerlo si insistía. También señaló que nunca le informaron sobre el paradero de su pasaporte.

    Finalmente, el líder católico regresó a su residencia en Caracas, acompañado por la misma persona que lo había trasladado al aeropuerto. “Del pasaporte nadie me supo dar información y alguien me sugirió: ‘no pierda su tiempo aquí en Maiquetía’”, indicó.

    La situación, denunció el cardenal, ocurrió precisamente el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. “Duele y atenta contra los derechos de los ciudadanos”, afirmó. “Sin igualdad de derechos, sin posibilidad de ser informado, difícilmente puede haber justicia y equidad”, agregó.

    Esta no es la primera vez que Porras enfrenta obstáculos por parte del gobierno. En octubre pasado, denunció que le impidieron asistir a una misa en Isnotú, estado Trujillo, en honor al natalicio del médico y beato José Gregorio Hernández.

    Baltazar Porras fue nombrado cardenal en 2016 y ha sido una de las voces más críticas del chavismo desde el púlpito. Ha sido blanco de ataques tanto del fallecido expresidente Hugo Chávez como de su sucesor, Nicolás Maduro.

     

  • Petro propone amnistía y transición democrática en Venezuela

    Petro propone amnistía y transición democrática en Venezuela

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles su propuesta a Nicolás Maduro de impulsar una amnistía general y conformar un gobierno de transición incluyente, como salida a la crisis que atraviesa Venezuela tras las cuestionadas elecciones de 2024.

    La petición fue lanzada a través de la red social X, en un momento en que crecen las tensiones políticas en el país sudamericano, especialmente luego de que Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora María Corina Machado, recibiera en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025.

    Petro, quien en ocasiones anteriores ha reconocido que las últimas elecciones venezolanas no fueron libres, hizo un llamado a construir un “gran pacto histórico y social” para superar la crisis y evitar una intervención extranjera en territorio venezolano.

    “La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, escribió el mandatario colombiano, en reacción a la noticia sobre la retención del pasaporte del cardenal Baltasar Porras.

    El cardenal venezolano fue impedido de viajar a España desde Caracas, tras hacer escala en Colombia, según denunció el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo. La denuncia también fue confirmada por el propio Petro en sus redes sociales.

    Petro advirtió que la respuesta ante una posible agresión externa “no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática”. Añadió que “es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes”.

    El cardenal Porras ha sido blanco de críticas por parte del gobierno chavista en el pasado. Tanto el presidente Maduro como el influyente dirigente oficialista Diosdado Cabello lo han acusado públicamente de conspirar junto a la líder opositora María Corina Machado.

     

     

  • EE.UU. acusa a dictadura de Ortega de violar derechos humanos y laborales de los nicaragüenses

    EE.UU. acusa a dictadura de Ortega de violar derechos humanos y laborales de los nicaragüenses

    Estados Unidos señaló este martes que el régimen nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y laborales, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedades y la negación de entrada a ciudadanos a su propio país.

    En un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Managua, se advierte sobre “patrones preocupantes” en Nicaragua que afectan a la población, especialmente en áreas como el Estado de derecho, derechos laborales y libertades fundamentales.

    Según la delegación diplomática, la investigación estadounidense reveló testimonios y evidencias directas sobre violaciones, como el uso del sistema judicial como herramienta de represión. La embajada compartió estos testimonios en sus redes sociales, los cuales señalan que el régimen ha desmantelado instituciones democráticas y afectado la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.

    La Casa Blanca evalúa actualmente duplicar al 100 % los aranceles a Nicaragua, además de considerar su expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), alegando que las políticas del régimen obstaculizan el comercio por sus prácticas “irrazonables” en derechos laborales y humanos.

    Uno de los testimonios recabados afirmó que en Nicaragua “los inversionistas enfrentan confiscaciones porque los tribunales se usan como armas de opresión” y que los impuestos funcionan como mecanismos de “extorsión”. Otro denunció que “está totalmente a la discreción —a voluntad del régimen de Ortega— quién puede operar y quién no”.

    Un tercer testimonio evidencia la represión: “Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre, y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno”.

    Estas declaraciones fueron publicadas dos semanas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, “ha sido tomada por narcoterroristas”.

    En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Ortega como parte de una “dinastía familiar” que busca eliminar la iglesia católica y cualquier amenaza contra su poder. “Se ha convertido en una copresidencia donde han intentado erradicar todo lo religioso”, afirmó entonces Rubio.

     

  • Organismos piden a la ONU demandar a la dictadura de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

    Organismos piden a la ONU demandar a la dictadura de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad

    Al menos 21 organismos humanitarios instaron este sábado a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a demandar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua ante instancias internacionales por violaciones graves a los derechos humanos, incluidas torturas y la imposición de apatridia, delitos que calificaron como crímenes de lesa humanidad.

    La solicitud fue presentada por el Colectivo 46/2, conformado por organizaciones regionales y nicaragüenses como Raza e Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que exigieron el respaldo de los países miembros al informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.

    “Instamos a los Estados a explorar todas las vías disponibles de justicia internacional”, afirmó el colectivo en un comunicado, al tiempo que advirtió que “la impunidad no puede ser la respuesta ante el patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua”.

    El pronunciamiento surge tras la presentación, el jueves pasado, de las conclusiones del Grupo de Expertos ante la Asamblea General de la ONU. En su informe, denunciaron una estrategia deliberada del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para acallar a la disidencia y consolidar su poder a través del uso del miedo, la violencia y la eliminación de garantías constitucionales.

    Los hallazgos se basan en más de 1,900 entrevistas y el análisis de 9,300 documentos, y detallan que los abusos cometidos desde 2018 han sido “generalizados y sistemáticos”, alcanzando el umbral de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, evidencian una persecución que se ha extendido más allá de las fronteras nicaragüenses contra opositores reales o percibidos.

    Uno de los casos mencionados por los expertos fue el asesinato, en junio pasado, del mayor en retiro Roberto Samcam, exiliado en Costa Rica y crítico del régimen. De acuerdo con el informe, este es el cuarto ataque documentado contra opositores nicaragüenses en ese país, lo que refuerza la necesidad de medidas internacionales urgentes.

    El Grupo también señaló la reciente retirada de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos, decisión que calificaron como parte de una maniobra para eludir el escrutinio internacional y afianzar la impunidad dentro del país.

    En respuesta, los expertos exhortaron a la comunidad internacional a adoptar acciones concretas, como el fortalecimiento de los mecanismos de asilo y protección para personas exiliadas, y el inicio de procesos legales ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados internacionales, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

     

  • Venezuela cumple un año sin reportar inflación oficial y causa incertidumbre

    Venezuela cumple un año sin reportar inflación oficial y causa incertidumbre

    Venezuela cumplió el sábado un año sin publicar cifras oficiales y actualizadas de inflación, situación que, según expertos, deja a la ciudadanía “a ciegas” sobre el rumbo económico del país y obliga a hogares y empresas a operar “a tientas” en sus decisiones financieras.

    La última cifra difundida por el Banco Central de Venezuela (BCV) corresponde a octubre de 2024, cuando el índice de precios fue del 4 %. Desde entonces, el silencio oficial ha generado incertidumbre en diversos sectores que dependen de estos indicadores para ajustar salarios, precios y márgenes de negocio.

    El economista y profesor universitario Jesús Palacios advirtió que la falta de cifras complica especialmente la negociación de aumentos salariales.

    “Sin estimaciones confiables de inflación, resulta difícil establecer precios con proveedores o planificar estrategias empresariales”, señaló el académico.

    El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente $0.60 mensuales, según la tasa oficial del BCV. Aunque los empleados públicos reciben bonos de hasta $160, estos no son considerados parte del salario formal, lo que ha generado reclamos por un ingreso digno por parte de múltiples gremios.

    Durante los años de hiperinflación entre 2017 y 2021, Venezuela adoptó el dólar de facto como moneda para enfrentar la devaluación del bolívar. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un incremento sostenido en los precios expresados en dólares, fenómeno que los ciudadanos denominan “inflación en dólares”.

    “Los precios en dólares han subido de forma sostenida desde 2018, con picos significativos hasta 2023. En los últimos 12 meses, la inflación en dólares supera el 20 %”, explicó Palacios, al citar estimaciones independientes.

    Esta situación ha generado una pérdida del poder adquisitivo en la población y ha forzado a los comercios a realizar ajustes excesivos que afectan las ventas. “Hay una falta de claridad y coordinación entre los actores económicos que termina impactando en el consumo y la rentabilidad de los negocios”, advirtió Palacios.

    En paralelo, el contexto económico también ha sido marcado por restricciones a la libertad de información. En junio, al menos cinco economistas fueron detenidos, y el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) dejó de publicar datos ante denuncias de hostigamiento.

    “El Gobierno no quiere que se informe sobre la situación económica del país”, denunció Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea.

     

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • Régimen de Maduro impide a cardenal venezolano rendir homenaje al primer santo del país

    Régimen de Maduro impide a cardenal venezolano rendir homenaje al primer santo del país

    El cardenal venezolano Baltazar Porras denunció el domingo que autoridades le impidieron llegar al pueblo de Isnotú, en el estado Trujillo, donde tenía previsto presidir una misa en conmemoración del natalicio de José Gregorio Hernández, el primer santo de Venezuela. El hecho, calificado como un “atropello”, desató una ola de críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

    Porras relató que viajaba en un vuelo privado con otras cuatro personas y que, tras ser desviados a Barquisimeto (estado Lara), fueron rodeados por “militares armados hasta los dientes”, quienes impidieron su traslado terrestre hasta Isnotú.

    “No tuvimos ninguna agresión física, pero sí un silencio absoluto. Lo poco que escuchamos fue que eran órdenes superiores”, declaró el arzobispo emérito de Caracas a través de un video difundido en redes sociales.

    El prelado explicó que los pilotos de su aeronave recibieron la orden de desviarse supuestamente por “vientos fuertes” en el aeropuerto de Valera, Trujillo. No obstante, luego confirmó que el aeropuerto continuaba operando con normalidad, lo que alimentó las sospechas de una maniobra oficial para evitar su presencia en el evento religioso.

    “Esto significa sencillamente un atropello. ¿Cuál es el delito que se ha cometido para que uno no pueda cumplir un deber religioso?”, cuestionó el cardenal.

    La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su solidaridad con el cardenal y lamentó profundamente los incidentes que le impidieron presidir la eucaristía en homenaje a José Gregorio Hernández, canonizado recientemente. En un comunicado, la CEV advirtió sobre el uso proselitista de la fe y los símbolos religiosos.

    “La santidad de san José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles es un patrimonio del pueblo venezolano, no debe ser manipulado políticamente”, afirmó el organismo.

    La Iglesia destacó además el papel clave de Porras en los procesos de canonización de ambos santos, y exhortó a todos los sectores a respetar los espacios de culto, devoción popular y libertad religiosa.

    Diversos líderes opositores también condenaron la acción. La dirigente María Corina Machado denunció en la red social X (antes Twitter) que “la represión del régimen de Maduro ha escalado, agrediendo directamente a la Iglesia”, y aseguró que estas acciones “solo fortalecen la unión del pueblo venezolano”.

    El exgobernador Manuel Rosales calificó el hecho como una “injusticia” contra el derecho del cardenal a ejercer su labor pastoral, mientras que el diputado electo Henrique Capriles lo tildó de “afrenta a la dignidad personal” y a los derechos constitucionales de los fieles católicos.

    Los incidentes se suman a una serie de obstáculos previos, como la cancelación de un vuelo de la aerolínea estatal Conviasa con destino a Trujillo, de la que el cardenal fue notificado únicamente por correo, aunque el vuelo finalmente sí operó con normalidad.

    Porras advirtió que en Venezuela “no hay libertad para que el ciudadano se mueva libremente de un lugar a otro”, en referencia al bloqueo de su traslado por tierra.

    Este nuevo episodio refuerza las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Maduro, en un contexto donde los actos religiosos son cada vez más vigilados y condicionados por el aparato estatal.

     

  • EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    La Casa Blanca analiza imponer nuevos aranceles a Nicaragua de hasta el 100% o excluir al país de los beneficios del Tratado de Libre Comercio  CAFTA-DR, según informó este lunes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

    La USTR determinó que las políticas de la dictadura de Nicaragua relacionadas con la violación de derechos laborales, humanos y el desmantelamiento del estado de derecho son “irrazonables” y constituyen una carga para el comercio estadounidense, según el dictamen emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

    La resolución surge tras una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024, cuando la USTR, con base en recomendaciones del Comité 301 y otros órganos asesores, comenzó a revisar las prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proceso incluyó una audiencia pública y la recepción de más de 160 comentarios y testimonios, incluyendo evidencia de graves violaciones de derechos humanos que han sido remitidas al Departamento de Estado para su evaluación y seguimiento.

    El informe publicado este lunes documenta ampliamente cómo las prácticas autoritarias de Nicaragua —incluyendo la represión a libertades fundamentales— crean un entorno de alto riesgo para empresas e inversiones estadounidenses. Según el reporte, dichas prácticas son sancionables bajo la legislación comercial vigente de Estados Unidos.

    Las sanciones

    Aunque el documento no define una sanción específica, plantea distintas alternativas: desde aplicar un arancel universal de hasta 100 % a todas las importaciones nicaragüenses, hasta limitar productos específicos o eliminar progresivamente los beneficios arancelarios en un plazo de hasta 12 meses.

    También se evalúa retirar a Nicaragua parcial o totalmente del CAFTA-DR, acuerdo que permite exportaciones ventajosas, especialmente de textiles.

    En febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó a Nicaragua, Venezuela y Cuba como “enemigos de la humanidad”, adelantando que EE.UU. consideraba excluir a Nicaragua del tratado comercial.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el informe le otorga la facultad de aumentar el arancel del 18 % impuesto a Nicaragua a inicios de año.

    Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y en 2024 el país centroamericano fue el único miembro con quien EE.UU. reportó un déficit comercial de $1.9 billones el año pasado. 

    Las crecientes tensiones políticas han derivado en sanciones y restricciones de visado a funcionarios nicaragüenses, así como su exclusión de eventos regionales como la Cumbre de las Américas.

     

     

  • La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    La dictadura de Nicaragua ha eliminado las garantías básicas de derechos humanos, afirma la ONU

    El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, afirmó esta semana que en Nicaragua “se han eliminado” las garantías fundamentales de los derechos humanos mediante una serie de reformas legales, incluida una “profunda” modificación constitucional.

    En una declaración enviada a EFE tras la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua en Ginebra, Sánchez Thorin alertó que el país ha vivido desde 2024 un proceso de transformación preocupante, en el que, “reforma tras reforma, incluyendo una reforma constitucional casi completa en 2025”, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo dirigido por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    “Por medio de estas reformas, hoy se facilita que cualquier persona vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, denunció el funcionario.

    El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta entre junio de 2024 y junio de 2025 al menos 75 personas encarceladas por razones políticas, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. También se registraron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin acceso a recursos legales.

    Andrés Sánchez Thorin, representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). EFE

    El representante de OACNUDH subrayó que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se les ha negado el reingreso a su propio país”, provocando exilio forzado, apatridia y separaciones familiares.

    Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la represión del régimen de Ortega y Murillo se extiende incluso a opositores en el exilio, e instaron a otros Estados a presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

    Según los casos documentados, al menos 452 personas quedaron en condición de apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Los expertos señalaron que muchas de estas personas fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.

    Sánchez Thorin también advirtió sobre el debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, “ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o forzadas a cerrar”, muchas de ellas de carácter religioso, y sus bienes han sido confiscados.

    A esto se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político y, con ello, el derecho fundamental a participar en la vida democrática del país”.

    El funcionario lamentó la decisión de Nicaragua de marginarse del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales: “No es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos”.

    Finalmente, exhortó al gobierno de Ortega a retomar la vía del diálogo.

    “Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, concluyó Sánchez Thorin.