El Tribunal Supremo de España condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de $7,200 por un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Además, la máxima instancia judicial ordenó una indemnización de $10,000 a favor de González Amador por daños morales, derivado de la filtración de un correo electrónico interno vinculado a una causa judicial. El caso, que ha generado una fuerte controversia política y mediática, marca un precedente al ser la primera vez que un fiscal general es juzgado penalmente en el país.
El fallo fue adelantado por el alto tribunal apenas una semana después del histórico juicio, en el que el jefe del Ministerio Público español enfrentó cargos ante siete magistrados, en su mayoría de tendencia conservadora. La sentencia definitiva aún no ha sido redactada, pero ya fue comunicada a las partes involucradas.
El juicio se centró en la publicación de un correo interno de la Fiscalía que fue difundido a medios de comunicación y en el que se hacían precisiones sobre una causa que implicaba a González Amador. Según el tribunal, esto constituyó una violación del deber de confidencialidad que García Ortiz debía respetar en su cargo.
El proceso no estuvo exento de divisiones internas. Dos magistradas de orientación progresista, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron un voto particular en desacuerdo con la mayoría. Polo, que en un principio fue designada como ponente de la sentencia, fue sustituida por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien finalmente asumió la redacción del fallo.
La decisión judicial no surtirá efectos inmediatos hasta que se notifique formalmente la sentencia escrita, la cual se hará pública en los próximos días. Sin embargo, ya ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, debido a su trascendencia institucional.
Álvaro García Ortiz, quien fue nombrado fiscal general por el actual gobierno socialista, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona su imparcialidad y lo acusa de actuar con motivaciones políticas.
Este caso se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo central y el gobierno regional de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras de la oposición al presidente Pedro Sánchez.