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    Organizaciones dicen que prórroga de instrucción de caso Cooperativa El Bosque no cumple requisitos legales

    Las organizaciones del Foro del Agua y Reverdes denunciaron, este jueves, que la prórroga de investigación en el caso de la Cooperativa El Bosque, donde se acusa al presidente de dicha comunidad, Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez  no cumple con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal (CPP).

    Carlos Flores, del Foro del Agua señaló que el proceso penal que enfrentan Pérez y Henríquez no cumple con los criterios establecidos en el artículo 310 del CPP, el cual indica que la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar una extensión del periodo de instrucción cuando sean investigaciones complejas, sean múltiples acusado o deban realizarse diligencias internacionales, situación que aseguró no aplica en dicho caso.

    «Ninguna de estas condiciones se ha cumplido por es un delito simple de los imputados, no se identifican a personas naturales como víctimas, entonces es un caso simple y observamos una negligencia voluntaria de la Fiscalía», afirmó Flores a través de un enlace virtual por la red social de Facebook.

    La organización informó esta semana que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad extendió por tres meses más el periodo de instrucción en contra de Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, quienes son procesados por los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública.

    El pasado 30 de mayo, el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, ordenó que el caso pase a etapa de instrucción, luego que ambos imputados enfrentaron la audiencia inicial por los delitos que se les atribuyen.

    El representante del Foro del Agua sostuvo que desde que se decretó la detención provisional, la Fiscalía no ha realizado las diligencias pertinentes del caso, entre ellas la recolección de videos, audios, fotografías o testimonios que se serían de utilidad en las audiencias, «y a pesar de eso la Fiscalía lo ha solicitado y el juzgado ha otorgado tres meses adicionales para la investigación del caso», dijo.

    Por su parte, la abogada Dalia González, indicó que desde que inició el proceso en contra de Ángel Pérez y Alejandro Henríquez , los abogados de la defensa solicitaron a finales de mayo al Juzgado de Paz y en julio al Juzgado de Instrucción realizar diligencias de investigación.

    La abogada manifestó que el juzgado ordenó a la Fiscalía a hacer estas diligencias de investigación, que en este caso sería tomar la declaración de los testigos ofertados por la defensa, si como hacer una pericia del material ofrecido, sin embargo, dijo que a la fecha «no se ha hecho ninguna de las diligencias».

    «La defensa ofreció videos donde se comprueba que no hubo ningún desorden público y que nos da temor de que a la fecha no se han hecho diligencias para obtener estos videos y que en algún momento esos videos ya no se puedan introducir al proceso»,

    «Lo que marcamos es una actitud negligente de la Fiscalía de dejar que las pruebas de descargo a favor de la libertad de se pierda de manera de favorecer su caso y poder enviarlos a la cárcel por un delito que no han cometido», dijo González.

    En ese sentido, las organizaciones consideró que el Juzgado de Instrucción otorgue medidas sustitutivas a la detención mientras continúa el proceso en su contra. «Lo que estamos observando justamente es ese afán de mantener en prisión a Alejandro Henríquez y Ángel Pérez sin que haya una condena firme sin que se les compruebe su participación en los delitos que se les atribuye».

    Además, sostienen pruebas que determinen o vinculen a los acusados con los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva, por lo que no debería continuar las acusaciones en su contra.

    Ángel Pérez y Alejandro Henríquez fueron capturados en mayo de 2025, luego que participarán en una concentración pacífica frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, con el propósito de solicitar el apoyo del presidente Nayib Bukele para frenar una orden de desalojo judicial que afectaría a más de 300 familias de la Cooperativa El Bosque, en San Juan Opico, La Libertad.