Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, dentro de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con el supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023.
El magistrado Joaquín Viteri admitió a trámite la demanda presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, y aceptó su solicitud de suspender cautelarmente al partido mientras se desarrolla la investigación del caso denominado “Caja Chica”.
Tras la resolución judicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de un plazo de tres días para ejecutar la medida. La suspensión podría revisarse durante el proceso, aunque no podrá extenderse más allá de 24 meses.
La decisión se produce a menos de un año de las elecciones locales previstas para el 14 de febrero de 2027, cuyo proceso ya inició el organismo electoral. Los plazos del procedimiento ante el TCE han sido suspendidos debido a que la investigación fiscal permanece bajo reserva.
El expresidente Rafael Correa reaccionó a la medida y afirmó que Ecuador vive “una verdadera dictadura” bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa. En un comunicado, Revolución Ciudadana aseguró que la suspensión busca impedir que el movimiento participe en las próximas elecciones locales con su casillero electoral.
La investigación del caso “Caja Chica” se originó tras el testimonio de Santiago Díaz, un exintegrante del movimiento que afirmó haber trasladado dinero desde Venezuela hacia Ecuador por orden de Correa para financiar actividades políticas.
En el marco de esta investigación, las autoridades ecuatorianas realizaron recientemente allanamientos en la sede del partido y en la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, quien rechazó las acusaciones y denunció que se trata de una persecución política.
La resolución judicial establece que la suspensión podría levantarse si la Fiscalía retira su solicitud o si se confirma que la investigación ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión judicial o fiscal.
