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  • Honduras entra en la recta final de sus elecciones con fuerte polarización

    Honduras entra en la recta final de sus elecciones con fuerte polarización

    Honduras se prepara para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2026 en medio de un ambiente político fragmentado, con un debate dominado más por descalificaciones que por propuestas concretas, según coinciden analistas.

    La presidencia se disputará entre Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional, principal fuerza de oposición en el Congreso; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. También participan Nelson Ávila (PINU-SD) y Mario Rivera (Partido Demócrata Cristiano), aunque con menor peso político.

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentó una crisis en julio cuando su presidenta, Cossette López, advirtió que los comicios estaban “en grave riesgo”. Sin embargo, el cronograma electoral se normalizó y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue adjudicado al grupo colombiano ASD S.A.S.

    Para el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, las recurrentes crisis en Honduras son “condicionadas e intencionadas por parte de la élite política” con el objetivo de debilitar la confianza ciudadana en la institucionalidad.

    “Lo que escuchamos son insultos y descalificaciones, no propuestas, lo cual impide un debate democrático serio”, subrayó Mejía.

    El país acumula una larga lista de conflictos no resueltos: desde las desapariciones forzadas de los años 80, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, hasta la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017 pese a la prohibición constitucional. Para Mejía, “la polarización actual es el resultado de una acumulación de crisis nunca atendidas con justicia transicional ni restauración del tejido social”.

    El 30 de noviembre, los hondureños –más del 60 % de ellos en condición de pobreza– elegirán presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

    La gran incógnita, señalan expertos, será si los partidos políticos logran convencer a un electorado cansado de la confrontación y la falta de soluciones a los problemas estructurales del país.

     

  • Informe revela retrasos electorales y uso indebido de recursos para favorecer a candidata oficialista en Honduras

    Informe revela retrasos electorales y uso indebido de recursos para favorecer a candidata oficialista en Honduras

    Expertos alertaron el miércoles sobre un «panorama alarmante» en el desarrollo del proceso electoral en Honduras, marcado por retrasos en el cronograma, inacción institucional y el uso indebido de recursos estatales para favorecer a la candidata oficialista a la Presidencia, Rixi Moncada, a menos de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.

    El coordinador técnico de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), Juan Carlos Aguilar, señaló a EFE que uno de los principales desafíos del proceso electoral es garantizar la gobernabilidad en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

    Según Aguilar, el principal reto es cumplir con el cronograma electoral, ya que hasta ahora solo se ha completado el 50 % de las etapas clave debido a la «extrema partidización de las instituciones», lo que, afirmó, «pone en riesgo la certeza y la transparencia del proceso».

    El órgano electoral enfrenta el desafío de avanzar en el proceso y tomar decisiones que, en su mayoría, requieren aprobación unánime, enfatizó Aguilar.

    El experto señaló que los escenarios electorales en Honduras se presentan en dos direcciones opuestas. Por un lado, se podría desarrollar un proceso tranquilo, respetando el ordenamiento jurídico, con elecciones que cuenten con garantías mínimas y asegurando que la voluntad popular defina la elección del presidente, alcaldes y diputados.

    Sin embargo, también existe el riesgo de una alta conflictividad debido a la creciente polarización política, que podría desencadenar una “crisis similar o incluso más grave” que la de 2017, cuando Juan Orlando Hernández resultó reelegido y gobernó entre 2014 y 2022.

    Hernández no solo ganó las dos elecciones con fraude, según la oposición, sino que también se reeligió en 2017 aún cuando la Constitución del país no lo permite, bajo ninguna modalidad.

    La situación dependerá de la «dinámica de los partidos políticos y de sus líderes», quienes podrían optar por defender un triunfo electoral o intentar mantenerse en el poder por la fuerza, en lugar de respetar el proceso democrático, subrayó Aguilar.

    La directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, coincidió con Aguilar al señalar a EFE que persiste el uso indebido de recursos públicos con fines electorales.

    “No hemos podido superar la dependencia del erario público para generar campañas”, lamentó Elvir, quien afirmó que otro de los desafíos de cara a los comicios radica en la propia institucionalidad pública.

    Destacó además que persisten problemas de tiempo y logística que podrían repetirse, como ocurrió en las elecciones primarias de marzo pasado, cuando muchas maletas electorales no llegaron a los centros de votación.

    “La desconfianza ciudadana es latente y eso puede implicar desafíos importantes para la institucionalidad pública”, aseguró Elvir, quien dijo que espera que las elecciones de noviembre se desarrollen como una “fiesta cívica, en paz y democracia”.

    Ambos expertos destacaron el aumento en la entrega de bonos, la publicidad estatal y la utilización de cuentas alternas vinculadas al poder para atacar adversarios, difundir desinformación y promover logros del gobierno, sin que se conozca el origen de los fondos.

    La RDD lamentó la falta de respuesta del Ministerio Público (Fiscalía) ante las denuncias de delitos electorales, porque de los 196 casos reportados, apenas cuatro han derivado en requerimientos fiscales, lo que considera erosiona la confianza ciudadana y genera un clima de permisividad frente a irregularidades.

    Advirtió que en Honduras hay un «deterioro del espacio cívico», caracterizado por amenazas, hostigamiento y campañas de odio contra voces críticas, amplificadas en redes sociales desde cuentas vinculadas al oficialismo.

    La Red hondureña exigió a las autoridades electorales y de justicia «actuar con independencia e imparcialidad, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar un proceso electoral íntegro y pacífico».

  • Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    Candidatos en Honduras se comprometen a impulsar reformas contra la corrupción y reactivar extradición con EEUU

    En un paso clave hacia las elecciones generales de noviembre de 2025, cuatro candidatos presidenciales de Honduras firmaron este martes un compromiso para impulsar una agenda nacional anticorrupción, que incluye la creación de una comisión internacional, el restablecimiento del tratado de extradición con Estados Unidos, y la implementación de un sistema integral de prevención de la corrupción.

    La única candidata que no suscribió la declaración fue Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). En contraste, firmaron el pacto Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD). La iniciativa fue promovida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) bajo el lema “Honduras primero: una promesa que se exige, un deber que se cumple”.

    Durante el acto, el liberal Salvador Nasralla prometió establecer en su primer año de gobierno la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), dotada de autonomía e independencia. “Honduras pierde 100,000 millones de lempiras —$3,813.6 millones— anuales por robo. Un gobierno se roba hasta $15,254 millones. Eso lo voy a detener”, aseguró Nasralla.

    Mario Rivera, de Democracia Cristiana, calificó la declaración como un “pacto moral” y una “declaratoria de guerra contra los corruptos y sinvergüenzas que han saqueado el país”. Por su parte, Nelson Ávila, del PINU-SD, instó a construir un gobierno de integración nacional y advirtió contra el riesgo de imponer “actitudes dictatoriales o excluyentes”.

    El acuerdo también plantea reactivar el tratado de extradición con EE.UU., suspendido temporalmente, como una herramienta clave contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Asimismo, propone implementar una estrategia nacional anticorrupción, desde la raíz del diseño estatal, con acciones concretas orientadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

    La directora del CNA, Gabriela Castellanos, calificó este compromiso como un “punto de inflexión” y advirtió que el próximo gobierno “no tendrá margen para el error ni la indiferencia”. Castellanos afirmó que liderar Honduras requerirá “valentía moral para desmantelar redes de poder que perpetúan el saqueo y la impunidad”, más allá de la capacidad técnica.

    “El discurso anticorrupción no puede ser una excusa para justificar la ineficiencia en gobernar”, subrayó, y aseguró que el CNA continuará señalando y fiscalizando con nombre, rostro y cifras “el saqueo de los recursos públicos”.

    En las elecciones generales de noviembre, los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, veinte representantes al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes municipales.