El Congreso de Costa Rica decidió el lunes mantener la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, pese a una acusación de la Fiscalía por un supuesto manejo irregular de fondos, lo que intensificó la polarización política a pocos meses de las elecciones generales del 1 de febrero.
Con 34 votos a favor del desafuero y 21 en contra, la iniciativa no alcanzó los 38 sufragios necesarios para retirarle el fuero constitucional, lo que detiene temporalmente el proceso penal en su contra. La medida generó reacciones inmediatas de los principales actores políticos del país.
La Fiscalía acusa a Chaves de un delito de concusión en la contratación presuntamente irregular de la empresa RMC La Productora S.A., con fondos de $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales habrían sido utilizados para servicios de comunicación a la medida del mandatario. El caso también involucra al comunicador Cristian Bulgarelli, quien supuestamente redactó los requisitos de contratación, y al asesor presidencial Federico Cruz, quien habría recibido parte del dinero.
El presidente Rodrigo Chaves, a pesar de no poder optar por la reelección consecutiva ni referirse a temas electorales por ley, se ha convertido en una figura central de la campaña con duras críticas al Congreso, al Poder Judicial y a partidos de oposición. Esa actitud le ha valido denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Su exministra de Planificación, Laura Fernández, ahora candidata del Partido Pueblo Soberano, se ha presentado como la heredera del «Rodriguismo» y confirmó que, de ganar, invitará a Chaves a ser su ministro de la Presidencia.
“Varios dirigentes intentaron quitarle la inmunidad al presidente bajo la errónea y cínica creencia de que así lo debilitaban”, afirmó Fernández.
Entre quienes votaron a favor del desafuero se encuentra el candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien advirtió: “Paradójicamente, el propio Rodrigo Chaves ha repetido que ‘todos somos ticos sin corona’. Hoy la realidad lo contradice. El único tico con corona es él”.
Por su parte, el aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, lamentó que no se alcanzaran los votos: “Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios”, apuntó.
Mientras tanto, el candidato del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, defendió la decisión de su bancada de votar en contra del desafuero al considerar que habría convertido al presidente en “una especie de mártir” político.
Con la decisión legislativa, el proceso penal queda suspendido hasta que Chaves termine su mandato el 8 de mayo de 2026. El delito de concusión que se le imputa contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.