El Gobierno de México anunció que presentó 20 denuncias en distintas jurisdicciones de Estados Unidos para exigir investigaciones por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas desde mayo de 2025 durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las denuncias fueron interpuestas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri. Del total, ocho fueron presentadas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
Según el Gobierno mexicano, las acciones legales buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades de las autoridades migratorias estadounidenses.
Durante una serie de reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, Lazzeri manifestó la preocupación del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención migratoria, incluidos aquellos administrados por empresas privadas, y solicitó una investigación exhaustiva de cada uno de los casos.
Además de las denuncias en Estados Unidos, la Cancillería mexicana remitió una comunicación al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para informarle sobre los fallecimientos y pedir que el organismo recopile información, evalúe la situación conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos y formule recomendaciones para prevenir hechos similares.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que su red consular continúa brindando asistencia a las familias de los connacionales fallecidos, incluyendo acompañamiento jurídico, apoyo para la repatriación de los restos y otras gestiones solicitadas por los familiares.
El anuncio ocurre después de la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araújo, quien falleció tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo migratorio en Texas. El caso ha cobrado relevancia luego de que un juez federal de Houston ordenara suspender la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, considerado un testigo clave de los hechos.
Las autoridades mexicanas reiteraron que continuarán utilizando los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para dar seguimiento a las investigaciones y garantizar la protección de los derechos de sus ciudadanos en territorio estadounidense.