La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el dictamen favorable de «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Se trata del dictamen favorable que aprobó la Comisión en diciembre de 2023 pero con algunos cambios.
La nueva normativa, que podría ser aprobada en la sesión plenaria del próximo martes 7 de octubre, sube el umbral de dinero en efectivo que es obligatorio declarar al ingresar a El Salvador. Actualmente, es obligatorio declarar dinero en efectivo arriba de $10,000. Se sube a más de $15,000.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, quien llegó a la Comisión a explicar el proyecto de ley, lo explicó así: «Hasta $15,000 no es necesario realizar ningún tipo de declaración, es decir, usted viene en el aeropuerto, usted trae $15,000 en efectivo, usted pasa y no tiene que rendir ningún tipo de declaración».
«Si usted trae $15,001, usted solo tiene que llenar un formulario que se llena en cualquier frontera o cualquier aeropuerto», detalló.
Luego, el fiscal reveló: «Usted puede transitar porque no es delito portar dinero en efectivo, porque no es delito tampoco traer $15,000, en adelante, en efectivo, siempre y cuando lo declare. Si usted trae menos de $15,000 y usted camina tranquilamente por nuestro país», aseguró Delgado.
El fiscal explicó que la modificación no es «antojadiza», que lo hacen por «estándares internacionales».
Nueva ley para la «inclusión financiera»
En la Comisión, el fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que la nueva ley prohíbe «expresamente que una persona sea excluida» de los servicios financieros, dijo que «el cierre de cuentas» bancarias no puede ser discrecional, aseveró que alguien no puede ser Persona Expuesta Políticamente (PEP) «por el simple hecho de ser funcionario público» y que «no es posible que un inversionista extranjero sea sujeto obligado por ser inversionista».
La propuesta de retomar el dictamen que había sido aprobado en diciembre de 2023 fue realizada por el diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad. Aseguró que era necesario actualizarlo «viendo las normativas internacionales» y que ha establecido también el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los diputados aprobaron la moción del diputado Navarro y recibieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, quienes defendieron el proyecto.
«No podemos continuar con un marco normativo que está vigente desde 1999. Esta nueva ley pretende cumplir con estándares internacionales y lo que busca es la prevención, la detección, el combate de cada una de estas actividades criminales, sin necesidad de caer en una sobrerregulación ridícula en la que nos han tenido desde la vigencia de la ley actual», expuso el fiscal.
Un Comité interinstitucional
Señaló que se crea un «Comité interinstitucional para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva» como un organismo constitutivo de coordinación estratégica para diseñar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas y planes de acción.
El Comité estará conformado por el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Seguridad Pública y Justicia, ministro de Hacienda, ministro de la Defensa Nacional, ministro de Economía, presidente de la Comisión Nacional de Activos Digitales, presidente del Banco Central de Reserva y el superintendente del Sistema Financiero que conformarán el Consejo Directivo del organismo presidido por el fiscal general.
El diputado Caleb Navarro pidió incluir en este Comité, que será conocido como Ciplav, al presidente de la Asamblea Legislativa; el fiscal respondió que no había inconveniente.
Umbrales se definirán en reglamento
El fiscal agregó que, sobre la información que los sujetos obligados deben trasladar a la Fiscalía, «se están estableciendo reglas claras» y que los umbrales «van a ser definidos posteriormente en el reglamento, pero la ley establece que siempre estarán basados en estándares internacionales».
También se simplificó la lista de sujetos obligados y se dejaron: a instituciones (bancos comerciales, de inversión, sociedades, AFP, sociedades de seguros, gestores de fondos de inversión, entre otros), asociaciones de cajas de crédito, personas jurídicas que otorgan préstamos, casinos, personas dedicadas a la intermediación inmobiliaria, comerciantes de piedras o metales, abogados, auditores cuando atienden actividades inmobiliarias, de activos, cuentas, administración de empresas o creación de sociedades, transporte, proveedores de activos digitales y bitcoin, y partidos políticos.
Se excluyen, entre otros, a: importadores de productos agropecuarios, empresas constructoras, empresas de seguridad, empresas hoteleras, organizaciones no gubernamentales, droguerías, inversionistas nacionales e internacionales.
La ley integra la Evaluación Nacional de Riesgo para que «surjan políticas adecuadas para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo».
La Superintendente dijo que los cambios se implementarán de manera expedita para «darle un servicio a la población de manera que logre todos los beneficios de que hablaba el señor fiscal y hagamos la gestión adecuada del riesgo de lavado de dinero, sin perjudicar la inclusión financiera y sobre todo evitar la discriminación de una persona que tiene todo el derecho a tener servicios financieros de calidad en el mercado formal».
La ley deroga la normativa anterior de 1998, así como «cualquier otra norma que la contraríe».
