La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.
En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.
Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.
Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.
Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.
«El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.
Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.
«Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.
El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.
Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».
En estos últimos días, los modelos de estafa en esquemas piramidales han tomado relevancia en El Salvador. Este tipo de fraude consiste en generar nuevas ganancias a costa de la incorporación de nuevos miembros al sistema del negocio fraudulento, de acuerdo con un estudio de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile.
Por ello, el abogado salvadoreño y experto en materia económica, Iván Flores, proporcionó este lunes una explicación detallada sobre cómo identificar y evitar ser víctima de estafas en cooperativas de ahorro o en el sistema bancario.
“Cuando en un negocio se habla de ganancias rápidas, fáciles y sobre todo abundantes desde las cantidades que se depositan y se entregan, deben de encender las alarmas”, aseguró Flores para el programa de entrevistas “Diálogo 21”.
Según detalló Flores, además de verificar si la empresa o sistema bancarios ofrece ganancias rápidas, también es crucial prestar atención al tema de lavado de dinero y activos. Advirtió que invertir en este tipo de inversiones pueden acarrear problemas legales (jurídicos) y exponer a las personas al riesgo de ser estafadas.
“No debe llamarnos la atención de que, y en el sentido positivo, a usted le digan que ‘haga depósitos pequeños se han duplicadas o triplicadas en un tiempo récord’, esto es porque las personas que administran el dinero en una cooperativa, asociación de ahorro o en una banca, estos ahorros son administrados y eventualmente existen costos de operación que no permiten el retorno de cantidades duplicadas o triplicadas específicamente en tiempo récord”, aseguró Flores.
¿Cómo evitar caer en las estafas?
Para evitar caer en este tipo de estafas, una de las medidas recomendadas, según explicó Flores, es asegurarse de la legalidad de la empresa y que esta haya superado los filtros legales necesarios.
“Las personas que captan fondos públicos tienen que tener un requerimiento y un proceso para poderlo hacer, no es per se, que a una persona se le ocurra captar fondos y procede a realizarlo porque deben de tener filtros legales que se deben de generar. Por ejemplo que esté legalmente constituido, que tenga la capacidad de captar, que las instituciones realicen inspecciones”, aseguró Flores.
Aseguró, además, que estos sistemas bancarios o empresas deben incluir en sus apartados la verificación de inspecciones para constatar el estado de los contratos y formularios usados en los depósitos, y así confirmar la validez o realidad de los contratos firmados.
De igual forma, Delgado anunció que Credicash, una empresa de Chalatenango, está bajo investigación por un presunto esquema piramidal y lavado de dinero que habría movido al menos $51 millones. Según Delgado, Credicash ofrecía altos rendimientos «sin riesgo», atrayendo a múltiples inversionistas que retiraron dinero de instituciones financieras reguladas.
Delgado detalló que el modelo de negocio operaba bajo un esquema piramidal: los rendimientos pagados a los primeros inversores se generaban con el capital aportado por nuevos participantes, y no a través de actividades económicas legítimas.
La FGR señaló inconsistencias financieras, indicando que la empresa prestaba al 5 % mensual mientras prometía rendimientos del 10 % a inversionistas, lo que consideró inviable. Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos en Chalatenango y Nueva Concepción, incautando efectivo y asegurando cuentas bancarias.
Delgado detalló la inmovilización de $10.3 millones en cuentas bancarias. Además, se descubrieron $38 millones en efectivo, distribuidos entre Credicash y el «guardarropa» de Orellana Ayala. De esta última suma, $7 millones estaban en efectivo (billetes y monedas) dentro de la vivienda del acusado.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo la noche del martes a dos hombres identificados como Jonathan Alberto Calderón Rivas, de 22 años, y Víctor Fidel Martínez Ayala, de 40, por receptación.
La institución señaló que dentro de la vivienda de los detenidos encontraran el chasis y otras piezas de una motocicleta que había sido reportada como hurtada en la urbanización Brisas de Soyapango.
Según la investigación de la PNC, por medio de grabaciones de video, la institución reportó que identificaron a un hombre que se llevó una motocicleta estacionada en la urbanización Brisas de Soyapango en estos últimos días.
Agentes policiales rastrearon la última ubicación conocida hasta llegar a la comunidad Brisas Adesco, en el sector de la línea férrea del mismo distrito, donde localizaron las piezas.
Tras su captura, la PNC detalló que los sujetos serán remitidos a los tribunales por el delito de receptación de vehículo automotor o sus piezas provenientes de hurto o robo.
“Continuamos trabajando para desarticular estas bandas de delincuentes que se dedican al hurto de motocicletas”, detalló la PNC en dicha publicación en las redes sociales.
A principios de febrero, la PNC arrestó a siete jóvenes, seis hombres y una mujer, luego que una investigación los señalara como los responsables de conformar dos bandas que hurtaba motocicletas en el área metropolitana de San Salvador.
En su momento, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y del fiscal general, Rodolfo Delgado, detallaron que estos hurtos ocurrieron en distritos como Ciudad Delgado, Soyapango, Planes de Renderos, Panchimalco y San Marcos.
Además de los adultos, se detuvo a tres menores de edad: Jonathan Ernesto Gutiérrez Andrés, de 17 años, a quien se presume es uno de los cabecillas, y Wilman Alexander Castillo Arias y Brayan Alexander Chamul Reyes, ambos de 16 años.
El Ministerio de Defensa Nacional recibió este lunes una certificación internacional ISO 37001 de parte del Sistema de Gestión Antisoborno luego de que la institución militar completara estándares internacionales y el compromiso de implementar transparencia, ética y prevención de la corrupción.
El ministro y almiranteRené Francis Merino Monroy fue el encargado de recibir la certificación internacional a manos de Vilma Leydy Peña de Martínez, Gerente General de ICONTEC en El Salvador.
Según detalló la institución, esto fortalece los mecanismos internos para evitar y prevenir acciones como el soborno, además, aseguraron que continuarán trabajando con integridad y responsabilidad para “fortalecer” la confianza ciudadana, explicó la cartera de Estado por medio de su cuenta de la red social X.
Esta no ha sido la única institución que en los últimos días ha recibido una certificación similar en gestión antisobornos, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador recibió el certificado a finales de enero.
De igual forma, la semana pasada, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) también recibió la certificación al igual que el Aeropuerto Internacional de El Salvador y al Aeropuerto Internacional de Ilopango.
En su momento las autoridades informaron que, el proyecto del Aeropuerto del Pacífico, que se está construyendo en el departamento de La Unión, también forma parte del alcance del sistema certificado.
La norma ISO 37001 exige controles internos, evaluaciones de riesgo, auditorías externas y canales de denuncia para garantizar ética y transparencia en los procesos institucionales.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, recibió el jueves un certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno luego de que la Fiscalía Salvadoreña se preparara para implementar estándares internacionales antisoborno, informó la entidad por medio de un comunicado.
Según la FGR, esta acreditación fue recibida de parte del ICONTEC de Centro América S.A de C.V, quien actuó como el ente certificador internacional bajo la norma ISO 37001:2016.
La institución afirmó que, como parte de esta fase de preparación, ha adoptado estándares internacionales de antisoborno. Esto se ha logrado a través de la implementación de controles organizacionales, la realización de evaluaciones de riesgo, el debido cuidado (diligencia) y el robustecimiento de una cultura de integridad.
Esta acreditación, es aplicable para que la FGR pueda actuar y facilitar procesos de contrataciones de obras, bienes, servicios y consultorías de conformidad a la Ley de Compras Públicas, además de formulación de procesos financieros, ejecución presupuestaria, gestión de fondos para desembolsos, realización de pagos mediante el fondo circulante y administración del fondo de patrimonio especial del ente fiscal.
“Nosotros somos los que vamos a liderar en el tema anticorrupción y estamos ya trabajando en ello por medio de las diferentes unidades administrativas de la FGR”, aseguró el fiscal Delgado durante la conferencia.
La entrega del certificado Antisoborno a la FGR fue destacada por Vilma Leydy Peña de Martínez, Gerente General de ICONTEC en El Salvador. La certificación, según Peña, simboliza el compromiso de la Fiscalía con la ética, la transparencia, la prevención del soborno y la corrupción, guiando a la institución hacia la integridad y las buenas prácticas gubernamentales.
Además, la Gerente General de ICONTEC resaltó que estas prácticas sitúan a la FGR como un referente a nivel nacional y la convierten en un ejemplo en Latinoamérica en la lucha y prevención contra la corrupción y el soborno.
Por su parte, Carmen Elena Juárez Ramos, Gerente de Planificación y Proyectos de la FGR, enfatizó que esta certificación Antisoborno representa un avance significativo para la institución, reafirmando su rol basado en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, la Ley Orgánica y el Código de Ética de la FGR.
Juárez detalló que la certificación inició en 2024, fruto de un trabajo colaborativo coordinado por la Gerencia de Planificación y Proyectos, e involucrando a las unidades de Compras Públicas, Recursos Humanos, Finanzas, Auditoría Interna y Auditoría Fiscal.
Este día, el @FiscalGeneralSV, recibió el certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno, bajo la norma ISO 37001:2016.
Después de meses de preparación para prevenir, detectar y enfrentar el soborno, la @FGR_SV se acredita por implementar estándares… pic.twitter.com/xnIVHOdkbD
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 30, 2026
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron este martes a una presunta “homegirl” (integrante) de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificada como Silvia Lorena Valiente Figueroa, quien es señalada de movilizar armas con la que la estructura cometía “diferentes delitos”.
Valiente Figueroa fue detenida en el caserío Terrón Blanco, ubicado en el distrito de Ahuachapán Norte en el occidente del país, informó la PNC en su cuenta de la red social X.
La imputada posee antecedentes delictivos que datan del año 2015, incluyendo un caso de homicidio tentado en perjuicio de un estudiante, detalló la corporación policial, quien también confirmó que será acusada del delito de agrupaciones ilícitas.
Silvia Lorena Valiente Figueroa, homegirl de la MS13, se encargaba de movilizar las armas con las que la pandilla cometía diferentes delitos.
Tiene antecedentes delincuenciales desde el año 2015 por homicidio tentado, en contra de un estudiante.
Ayer, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, anunció que la entidad planea presentar aproximadamente 3,000 acusaciones relacionadas con el régimen de excepción ante los tribunales especializados en crimen organizado.
El fiscal detalló que, al iniciar esta fase del proceso, se presentaron 16 acusaciones durante los últimos 15 días de 2025. Estas acciones involucran a 1,081 individuos que fueron detenidos bajo la sospecha de pertenecer a estructuras de pandillas.
Por otro lado, en otras capturas relacionadas a pandillas, Saúl Choto Rosa, el pasado 30 de diciembre del 2025 San Antonio del Monte, Sonsonate Centro ya que se presume es un miembro de la MS13, informó la PNC.
No obstante, la justicia guatemalteca lo puso en libertad en noviembre de este año. Posteriormente, regresó a El Salvador, a la lotificación San Ramón, donde, según la versión policial, «mantenía amenazados a los residentes del lugar».
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR) firmaron esta semana una Carta de Entendimiento para fortalecer la cooperación institucional en la lucha contra la corrupción mediante programas de capacitación, asistencia técnica y formación especializada para su personal.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Sosa, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada dentro del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción.
“Ahora que somos parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, nos corresponde trabajar coordinadamente para el logro de ese fin”, expresó Sosa durante la firma del documento, que también contó con la participación de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores Ramos.
Según el comunicado oficial de la Corte, el convenio permitirá implementar programas de formación jurídica, capacitaciones técnicas, especializaciones y otras herramientas académicas, con el objetivo de robustecer las capacidades del personal en ambas instituciones. El documento contempla también la modernización del aula virtual de la CCR, la cual es considerada un pilar clave en el aprendizaje continuo del personal.
Como parte del compromiso, la CCR y la FGR deberán destinar recursos humanos, didácticos y tecnológicos que garanticen la ejecución efectiva de los programas establecidos.
Asimismo, el convenio busca unificar criterios técnicos entre los equipos auditores de la Corte de Cuentas y los fiscales, con el fin de armonizar los procedimientos en las auditorías y procesos investigativos relacionados con el combate a la corrupción.
La CCR destacó que este acuerdo forma parte de una serie de alianzas institucionales que ha venido desarrollando recientemente, incluyendo convenios con el Consejo Nacional de Calidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Centro Nacional de Registros (CNR), la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El gabinete de seguridad presentó este lunes a 37 acusados de ser parte de una banda criminal que se dedicaba a hurtar teléfonos celulares en los autobuses de las rutas 29, 38, 101 B, 41 A, 45 AB , 91 y en otras que circulan en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó durante una conferencia de prensa que la banda funcionaba como «carteristas» y su modus operandi era: de dos a cinco pagaban su pasaje, cargaban una mochila grande, distraían a las víctimas, se colocaban las mochilas enfrente y las ponían en el pecho de la víctima y con sus manos abrían las carteras, revisaban bolsillos y extraían los bienes.
Luego del hurto, los miembros de la banda se bajaban del autobús y abordaban un automóvil conducido por otro miembro de la estructura que había ido siguiendo la unidad a cierta distancia.
Las investigaciones contra los acusados iniciaron en enero de 2024 según explicó el fiscal.
De los miembros de la banda, 37 están capturados y otros 5 se encuentran prófugos aún. Entre los capturados se reportan 17 hondureños, 11 salvadoreños, 8 nicaragüenses y un guatemalteco. Uno de los indicios para investigar a los acusados es que remesaban todos los días entre $80 y $120 hacia otros países.
«Actuaban de forma coordinada para hurtar teléfonos móviles dentro de la unidad del transporte y posteriormente comercializar dichos aparatos en el centro de San Salvador. Esa estructura estaba dirigida por dos ciudadanos nicaragüenses». Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.
Delgado identificó a los nicaragüenses Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu como cabecillas de la banda. Para identificar a los presuntos criminales, las autoridades realizaron entrevistas a víctimas, análisis de registros y trabajo operativo con Policía Nacional Civil (PNC).
La estructura de la banda era:
Grupo de robo y distractores.
Carteristas.
Motorista.
Receptores de los bienes robados.
Desbloqueadores de los teléfonos.
Entre los detenidos están personas que ejercían cargos de carteristas, motoristas y receptores. El fiscal instó a los salvadoreños víctimas de estos robos que se acerquen a las autoridades para interponer las denuncias correspondientes y prometió seguridad para los denunciantes.
En condición migratoria irregular
El titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ricardo Cucalón, aseguró que empezaron a notar patrones comunes en los acusados y advirtió que las autoridades salvadoreñas tienen facultades legales para intervenir hospedajes, restaurantes, hoteles o lugares donde se hospeden.
Cucalón reiteró que el estatus migratorio de los extranjeros es irregular porque algunos habrían ingresado a través de puntos ciegos y otros ingresaron como turistas por las fronteras El Amatillo, San Cristóbal y El Poy. El Departamento de Inteligencia de Migración realizó las investigaciones en las que se verificó que los acusados tendrían múltiples celulares de los que no lograron dar justificación.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseveró que los extranjeros detenidos no serán deportados hacia sus países de origen sino que se quedarán acá para ser procesados y ofrecer trabajos de utilidad a la sociedad a través del aprendizaje de oficios.
«No vamos a expulsar a estos criminales, los vamos a someter a nuestro proceso penal y los vamos a tener en nuestras cárceles. Ya mirábamos ayer el beneficio en que se convierte a estos cuando aprenden un oficio, aprenden a lijar hierro, cuando aprenden a lijar madera y a construir construir pupitres a nuestras escuelas públicas, para eso es que van a ir a los centros penales». Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
Villatoro aseguró que los miembros solo conformaban una banda y no una organización, por lo que, considera un logro haberlos capturado antes de que se establecieran mejor en el país.
Las autoridades de la Fiscalía General de la República, de Seguridad y de Migración expusieron este lunes el modos operandi de la banda criminal. / Verónica Crespín.
Las detenciones se lograron en hoteles, hospedajes, colonias y comunidades de la calle Concepción. Al momento de su captura se les incautó celulares, dinero, una arma de fuego, recibos de transferencias bancarias y dispositivos electrónicos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó este lunes que según investigaciones de 2024 detectaron una estructura criminal conformada por nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que robaba en autobuses. Hoy las autoridades presentaron a 37 detenidos, otros cinco… pic.twitter.com/XivtqbCK1G
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y la ministra de Educación, Karla Trigueros, para abordar el “fortalecimiento” de la gestión pública en El Salvador.
En sus redes sociales, la Vicepresidencia de la República recordó que la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública (ESIAP) tiene una alianza con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt), a través de la cual se ha logrado capacitar a “miles” de funcionarios en administración pública.
La ESIAP, de la que Ulloa también es rector, ha formado a los empleados públicos en normativas, gestión de proyectos y tecnología, así como administración pública.
La Vicepresidencia indicó que la ESIAP ha transferido una “cultura de excelencia” presente en “todas las instituciones del Estado”.
Durante el encuentro, la directora ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larín, compartió con los funcionarios los avances de la institución educativa.
“El trabajo articulado entre las tres instituciones permitirá continuar implementando programas de certificación alineados a estándares internacionales”, indicó el gobierno de El Salvador.
Función
La publicación señala que el gobierno buscará continuar desarrollando las capacidades de formulación y ejecución de proyectos con el fin de garantizar que los empleados cumplan con los perfiles que son solicitados y necesarios para laborar dentro de las instituciones públicas.
Las habilidades de los funcionarios públicos también debe estar acorde a la innovación para empujar al país a la modernización administrativa.
La ESIAP fue creada por decreto ejecutivo el 30 de agosto de 2021, responsable del fortalecimiento de la administración pública por medio de programas formativos para los servidores públicos.
El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública, ESIAP, sostuvo una reunión con el @FiscalGeneralSV, Sr. Rodolfo Delgado y la Ministra de Educación, Sra. @KarlaETrigueros,… pic.twitter.com/BNWhP8QX79
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 1, 2025
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, llegó este viernes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para detallar el proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2026 que asciende a $91.6 millones, $3.1 millones más respecto al aprobado para 2025.
Destacó que, para el próximo año, el nuevo Centro Nacional Anticorrupción «va a contar con equipo computacional totalmente nuevo y con herramientas de ciberseguridad y herramientas forenses, estas últimas van a garantizar mediante los softwares especializados la detección temprana de irregularidades, análisis de datos masivos, colaboración interinstitucional».
Este Centro tendrá una asignación de $2.6 millones.
«Esta es la última unidad organizativa que se viene a sumar a la institución, que forma parte de una política de Estado mucho más amplia de cero tolerancia a la corrupción. Ya finalizamos la etapa de selección del personal que va a formar parte y esperamos estar finalizando los procesos de contratación a finales de noviembre de este año, mientras tanto, los casos por delitos de corrupción están siendo atendidos por la Unidad Especializada de Delitos de Delitos de Corrupción y por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía», informó el funcionario.
Consideró que el proyecto del presupuesto para la Fiscalía «es adecuado». «Tenemos un presupuesto operativo de $89.5 millones y $2 millones para proyectos de inversión pública, que es la última fase que se va a realizar en el complejo de la sede central, para un total de $91.6 millones».
Pero advirtió, que en transcurso de la ejecución del presupuesto, «puede que sea necesario solicitar algún tipo de refuerzo relacionado con el avance de cada uno de los litigios internacionales que actualmente enfrenta El Salvador», advirtió el funcionario.
Litigios que enfrenta El Salvador
El fiscal explicó que El Salvador enfrenta varios litigios, los primeros son por la Entidad del Milenio y la constructora MECO que han interpuesto demandas que suman $30.3 millones.
En segundo lugar, un arbitraje contra El Salvador presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas relativas a Inversiones (CIADI) por la compañía Fibranet S.A. y su filial Cablefrecuencias, con la que está demandando $130 millones a El Salvador.
En tercer lugar, la demanda contra El Salvador por $49.3 millones que ha interpuesto el HSBC.
El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, solicitó el uso de la palabra, para referirse al tema de los litigios que enfrenta El Salvador: «Sabemos que con la capacidad que usted tiene, estos litigios sabemos que no los vamos a perder, con la capacidad que usted tiene de poder moverse, con los fiscales que usted asigna para estos litigios internacionales y sabemos que el pueblo salvadoreño no va a pagar eso y esperamos que no pague eso», expresó el diputado pecenista.
Oficinas en Ahuachapán, San Miguel y La Unión
Dentro de las apuestas de la Fiscalía, señaló tres proyectos para el próximo año, que se refiere a las construcciones y equipamientos de las oficinas de la FGR en Ahuachapán, San Miguel y La Unión.
«Cada uno de esos terrenos son terrenos propios que han sido adquiridos, durante el tiempo y en diferentes administraciones por la Fiscalía», dijo. Otra de las apuestas que tiene la Fiscalía es la «independencia energética con la implementación de energía solar en el complejo de las oficinas centrales de la FGR y del suministro de agua potable para el complejo de la Fiscalía y con ellos obtener certificaciones internacionales con el tipo de construcción que hemos logrado».
El funcionario mencionó que anteriormente las oficinas centrales que ahora están en el Complejo de la Sede Central estaban «distribuidas en nueve edificios por los que se pagaba $2.6 millones al año en alquileres, aparte los costos de operación; solo para convocar a una reunión se tenían que trasladar jefes de todos los edificios ubicados en San Salvador», expresó.
Según Delgado, entre los objetivos de la institución está el combate al delito y al crimen organizado, «que se refiere al trámite judicial de cada uno de los procesos que se han iniciado, en contra de cada una de las organizaciones criminales, pandilleras; la lucha contra la corrupción y mejorar nuestra estructura física y tecnológica».
La Fiscalía ha ejecutado un 86 % de los $82.2 millones asignados para 2025.
