Un inédito roce entre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha marcado el inicio de la campaña rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026, en un país donde no está permitida la reelección consecutiva y sin embargo la figura del mandatario ha acaparado los focos.
La campaña electoral en este país de 5.1 millones de habitantes, en la que compiten 20 candidatos presidenciales, comenzó el pasado 1 de octubre y se ha caracterizado por las críticas del presidente Chaves contra decisiones del TSE y acusaciones contra la presidenta de la entidad, Eugenia Zamora, quien ha respondido con un pronunciamiento sin precedentes pidiéndole que deje de intervenir en el proceso.
El origen de la polémica
Todo comenzó hace varios meses, cuando el Tribunal de Elecciones recordó que según la ley electoral el presidente y demás miembros del Ejecutivo tienen prohibido, desde el 1 de octubre, difundir mediante cualquier medio de comunicación, incluido redes sociales, información publicitaria relativa a la gestión realizada, lo que Chaves calificó como «una mordaza».
El otro punto de discordia es la solicitud de levantamiento del fuero que el TSE envió el pasado 7 de octubre a la Asamblea Legislativa por 15 denuncias por beligerancia política contra Chaves, presentadas por miembros de partidos de oposición que lo acusan de intervenir en la campaña.
Chaves suele criticar públicamente a los partidos y figuras de oposición, y ha pedido en repetidas ocasiones a los electores, aunque sin mencionar un partido en concreto, que voten por «40 diputados patriotas» que sean mayoría en el Congreso de 57 legisladores y que estén dispuestos a reformar el Estado.
En Costa Rica, donde está prohibida la reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas.
Respeto al TSE
El TSE ha informado que puede sancionar al presidente con una prohibición para ejercer cargos públicos en el futuro y hasta la destitución del cargo.
Chaves, quien terminará su mandato el 8 de mayo próximo, lo ha calificado como un «intento de golpe de Estado» y ha puesto en duda la imparcialidad del tribunal en el proceso.
Esto motivó un inédito pronunciamiento de la presidenta del TSE el pasado jueves, quien dijo que en los 76 años de historia del tribunal todos los presidentes del país han respetado la institución.
Zamora acusó al mandatario de estar «amenazando la paz y la estabilidad política» con sus «ataques a la credibilidad» del TSE y le recordó que fueron los mismos magistrados los que certificaron su victoria en 2022.
Los 20 candidatos apenas calientan motores
Aunque la campaña ya lleva un mes, la discordia entre el presidente y el TSE ha acaparado la atención y ha opacado el trabajo de los 20 candidatos que apenas empiezan a figurar con actividades públicas y la presentación de planes de Gobierno.
La candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, exministra de la Presidencia y de Planificación de Chaves, y quien según las primeras encuestas parte con el mayor apoyo, es la que más ha intensificado sus actividades y ha basado su campaña en presentarse como la «heredera» del «legado» del mandatario.
Fernández ha anunciado que le ofrecerá un puesto como ministro a Chaves.
En los partidos de oposición la campaña se ha centrado en presentar propuestas para afrontar la inseguridad que se vive en el país debido al fuerte incremento en los homicidios hasta alcanzar cifras inéditas durante el Gobierno de Chaves.
Las deficiencias en la educación y en los servicios de salud han sido otros de los temas prioritarios para los candidatos opositores.
Entre los principales candidatos de oposición figuran la exprimera dama (2018-2022) Laura Dobles; el economista expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramos; el diputado del izquierdista Frente Amplio, Ariel Robles; el diputado evangélico Partido Nueva República Fabricio Alvarado y el economista del Partido Unidad Social Cristiana Juan Carlos Hidalgo.
