Un juez de la Audiencia Nacional española rechazó y archivó la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, el pasado 8 de junio.
El auto del juez, que se apoya en el informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia, considera que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles según la ley española sobre jurisdicción universal, al estar siendo investigado Netanyahu y otros altos mandos en la Corte Penal Internacional (CPI).
La querella fue presentada por el español Sergio Toribio, miembro de la Flotilla de la Libertad en España, y por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe por crímenes de guerra, lesa humanidad, detención ilegal y trato degradante.
Además de contra Netanyahu, la querella va dirigida contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante David Saar Salama, y otros altos mandos militares.
Estos hechos, según los querellantes, eran constitutivos de un delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Sin embargo, el juez instructor concluye que el contenido de la querella «impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española» al no concurrir los presupuestos que recoge la legislación española, y se debe «invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo», concluye el instructor.
La reforma de la llamada ley de justicia o jurisdicción universal, que tuvo lugar en España en 2014, auspiciada por el Gobierno del conservador Partido Popular (PP) «acota», según recuerda el juez, los límites de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos fuera de España.
Los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra o conflicto armado, «han quedado apartados del principio de justicia universal, salvo extraordinarios o rarísimos casos», por lo que el magistrado rechaza admitir la querella e invoca la persecución de estos delitos a la CPI.
Esta corte internacional, en noviembre de 2024, dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023.
Según el relato de la querella, durante el abordaje «se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar».
El texto denunciaba que los detenidos -entre ellos activistas como Greta Thunberg (Suecia), Rima Hassan (Francia) y Thiago Ávila (Brasil)- fueron trasladados por la fuerza a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso, con amenazas de obligarlos a ver material propagandístico.
El barco Madleen transportaba alimentos, medicinas y material médico destinados a la población civil palestina, en el contexto de un bloqueo calificado como ilegal por Naciones Unidas
